El Pacto que casi cae en Semana Santa

El gobierno de Javier Milei es desconcertante. Sobre todo en su funcionamiento, en su operatividad, y, en incontables ocasiones, en esa falta de correspondencia que ostenta entre su discurso, su estrategia y su acción. Esa característica lo hace imprevisible, hacia adentro y hacia afuera.

Puede argumentarse en su favor que es un gobierno nuevo -acaba de cruzar la frontera de los 100 días- pero, a la vez, no se puede soslayar que a medida que pasan las semanas no encuentra herramientas internas de ajuste que vayan corrigiendo sus errores. Al contrario, los repite una y otra vez. Las crisis, más aún las que son extremas y potencialmente incendiarias como la actual, no suelen ser demasiado complacientes con los gobernantes.

A Milei lo ayuda, por ahora, un acierto:su discurso, su narrativa, conecta con el clima de época. Cada medida de ajuste, cada anuncio, por ejemplo, de despidos masivos en el Estado o de cierres de áreas clave, que horrorizan e indignan a un sector de la población, a otros, que según las encuestas conforman todavía una mayoría, los satisface. Esa “limpieza” del Estado es el combustible que a muchos les permite soportar las inclemencias del ajuste. ¿Cuánto durará?Ahí radica el principal interrogante. Por lo pronto, hasta ahora se ha prolongado más de lo que inicialmente podía preverse.

Pero la narrativa, lo que constituye la construcción de un mito de gobierno, no suele dar frutos eternos si no contiene a la vez un acompañamiento de la realidad. Es decir, si no mejoran las condiciones de vida de la gente.

En ese punto, la gestión de Milei está encontrando algunos de sus límites principales:la inflación cede pero a un ritmo demasiado cansino mientras el poder adquisitivo del salario está en el peor nivel en 29 años. La recesión es fuerte y el futuro inmediato de industrias, empresas y comercios es una incógnita. En ese contexto, el discurso tiene demasiados pilares por sostener.

Pero existe un agravante: en el plano de la práctica política, el Gobierno incurre constantemente en la actitud de atentar contra sus propios objetivos. Le ocurrió con la ley ómnibus, cuyo fracaso original se debió principalmente a su incapacidad de encontrar un punto de encuentro con los gobernadores que estaban dispuestos a acompañar el megaproyecto, y con el DNU. Esos dos ejemplos provocaron que la oferta oficialista de gobierno se limite hoy al ajuste y nada más. Ninguna de las reformas de fondo que prometió pudieron ponerse en marcha.

Parecía haber vuelto sobre sus pasos y aprendido la lección cuando el 1° de marzo, ante la Asamblea Legislativa, Milei hizo un llamado al diálogo, revestido de una retórica de confrontación, y convocó a los gobernadores para consensuar una nueva Ley Bases. “No tengo muchas esperanzas, pero hago el intento”, dijo el Presidente en su discurso.

Se suponía que en el marco de esa convocatoria, que debería coronarse con la firma del Pacto del 25 de Mayo, la Casa Rosada iba a ejercer una política de no agresión con los gobernadores.Después de semanas de confrontaciones directas y de recortes feroces, el armisticio presuponía un tiempo de paz. Sin embargo, al parecer el Gobierno no puede con su genio y se autogenera conflictos en medio de una negociación. Así, descalza de manera permanente a quienes tienen que encabezar el diálogo con la oposición o los gobernadores:mientras el ala política acuerda, el ala ejecutiva desmantela.

En plena Semana Santa se instaló un nuevo foco de conflicto con los gobernadores, que se sorprendieron al enterarse por el DNU 280/2024 no sólo de la eliminación formal y definitiva del Fondo Compensador para el Transporte del Interior sino, sobre todo, de la desactivación de artículos del presupuesto que obligaban a la Nación a actualizar los fondos que se envían a 13 cajas de jubilaciones que no fueron transferidas por las provincias a la Nación. Entre ellas, está Córdoba.

La redacción del artículo 18 del decreto generó confusión y hubo quienes interpretaron que la Casa Rosada estaba eliminando por completo el envío de los fondos. No es así:la decisión sólo se refería a la actualización, es decir, al ajuste por inflación. Esto es:se mantenía la obligación de cubrir los déficits de las cajas, sólo que no se preveía una evolución acorde a la inflación.

Si bien se trataba de una discusión casi ficticia porque, en los hechos, las provincias no recibieron un peso en todo el año, a los gobernadores les preocupó que el recorte se oficializara en una normativa.

En Córdoba, la noticia generó sorpresa, precisamente porque la Nación está en plena negociación con las provincias y porque el gobernador Martín Llaryora se había declarado predispuesto a acompañar en el Congreso la nueva versión de la Ley Bases.A esa manifestación de buena voluntad, le estaban contestando con un desfinanciamiento aún mayor al que las provincias vienen sufriendo.

No es un tema menor para Córdoba; se trata del principal desafío financiero y de un condicionante en la operatividad del Estado provincial. El rojo de la Caja crecería un 150% este año;para la Provincia implica un desembolso cercano a los 5.000 millones de pesos mensuales, que irá creciendo con el correr de los meses.

Los envíos a la Caja de Jubilaciones vienen siendo motivo de conflicto tanto con la gestión actual como con las anteriores:hay un reclamo judicializado y, de hecho, Sergio Massa tampoco cumplió con los adelantos actualizados que estaban fijados para 2023.

¿Por qué el gobierno de Milei parece bombardear las negociaciones que están en marcha? Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, amenazó inmediatamente con iniciar acciones legales. El gobierno de Llaryora fue más prudente: eligió el silencio. Pero está decidido a explotar también la vía judicial si el tema no se aclara por completo y los fondos no llegan.

Ayer, el ministro del Interior, GuillermoFrancos, desmintió el recorte y ensayó una explicación un tanto confusa: dijo que, en realidad, los fondos para las cajas de jubilaciones están pero incluidos en otras partidas. No aclaró cuáles. Más tarde, la propia Oficina de Prensa del Presidente ratificó que la Casa Rosada cumplirá con abonar los montos que correspondan a las provincias.

“El crédito presupuestario no ha sido eliminado.Esa información es falsa”, dice el comunicado. Lo que no aclara es si se enviarán a valores históricos o actualizados por inflación; sólo asegura que hay una auditoría de Anses en marcha.

El Gobierno, como suele hacer en esas ocasiones, transfirió la culpa: reclamó que los medios de comunicación chequeen una información tan sensible antes de publicarla. Sin embargo, la lectura que hizo el periodismo coincide con la de los gobernadores. Hasta la aclaración, el gobierno de Llaryora estaba analizando qué modalidad de planteo judicial iba a hacer ante el DNU 280 que oficializaba una situación que, de hecho, se viene produciendo. Los funcionarios cordobeses no sólo planteaban que la decisión era injusta sino que estaban obligados a hacer un reclamo judicial porque, si no ellos mismos quedarían a tiro de una denuncia por incumplimiento de los deberes al no defender los recursos de los cordobeses.

Ahora, la aclaración del Gobierno abre un período de análisis. Pero el propio gabinete libertario debería revisar sus métodos:¿es oportuno unDNU de ese tipo en este contexto?Y, si lo es, ¿no debería requerir una comunicación previa para que los gobernadores sepan de primera mano cuál es el alcance del decreto?

En el gobierno de Llaryora aseguran que cualquiera sea la resolución ante el polémico DNU, no se condiciona la postura que Córdoba tendrá ante la nueva Ley Bases. “En general es votable;tenemos sólo algunas diferencias menores”, relatan.

Los gobernadores parecen estar haciendo esfuerzos para que Milei obtenga sus leyes a pesar de sí mismo.