Denuncian un aumento de la discriminación a la población indígena durante la pandemia

En un documento difundido esta semana indicaron que esta realidad se observa, en particular, en las que habitan el noreste y noroeste argentino. Consideraron que con la emergencia sanitaria se agravaron problemas históricos como la falta de agua potable, el acceso a los servicios de salud y la persistencia de los desalojos.

Por otra parte, destacaron que, además, las poblaciones tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales.

“Las condiciones históricas de discriminación y pobreza de las comunidades indígenas obligan a los gobiernos a establecer políticas específicas para atender su situación agravada en pandemia”, advierten las organizaciones en su documento, del que también forman parte la Asociación para la Promoción y el Desarrollo (APCD), Las Lomitas – Formosa, Centro Barrial Enrique Angelelli de Ing. Juárez – Formosa, Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (Edipa) – Formosa, Fundación Manos de Hermanos – Formosa, Parroquia María de la Merced -Ing. Juárez – Formosa, Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (Asociana).

Entre los problemas mencionados por las organizaciones se destaca la falta de acceso al agua potable, que provocó problemas serios de subsistencia, debido a la postergación de las obras. Consideran que. sin agua segura disponible, se dificultó llevar adelante las medidas de prevención del Covid 19, tal como el lavado de manos.

Al mismo tiempo, denunciaron que algunos sistemas de salud pública provinciales no brindaron un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones respecto, por ejemplo, a las medidas de aislamiento o al deber de respetar la cuarentena en comunidades que viven de la changa diaria. Además, genera dificultades en la atención de la salud la falta de personal que hable lenguas indígenas.

Finalmente, cuestionaron que en distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos. El gobierno de Tucumán abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse. La falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online.

Contra desalojos y represión

“Es indispensable que haya mecanismos de participación y consulta en la toma de decisiones e información suficiente y adecuada para que esos mecanismos sean efectivos. El gobierno federal podría desarrollarlos dentro de los ámbitos de gestión que tiene con los gobiernos provinciales. También podría poner en funcionamiento canales para que las comunidades realicen sus reclamos y se agilicen las respuestas a sus necesidades”, reclaman las organizaciones.

En este marco, recordaron los hechos ocurridos en noviembre en la comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, cuando ante el pedido de soluciones el Estado respondió con una violenta represión, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Del mismo modo, en enero de este año, la Policía reprimió el reclamo de comunidades wichí en Ingeniero Juárez, quienes habían solicitado al interventor del Hospital de la Ciudad información sobre los resultados de reiterados hisopados a integrantes de la comunidad.

En Fontana, Chaco, en tanto, efectivos de la Policía irrumpieron durante la madrugada en la casa de una familia qom, sin orden de allanamiento, y les torturaron, golpearon y humillaron. Y en la comunidad Cueva del Inca, en Tucumán, siguen sin poder acceder al agua potable y tampoco tienen luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado.

Sobre los desalojos, el documento señala que en 2020 decenas de comunidades fueron desalojadas, en clara violación a Ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades indígenas.

“Los estados nacional y provinciales tienen que tomar medidas para garantizarles a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto incluye avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la Ley 26.160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras”, reclaman las organizaciones.