Así lo dio a entender a Puntal la psicóloga de la red nacional Liliana Rodríguez, quien no ocultó una mezcla de decepción y de preocupación tras conocerse que el fiscal de Instrucción de Corral de Bustos, Pedro Guerra, había cerrado la causa que inició Mauricio Ruybal, conocido como El chico del campanario.
“No tengo en mi poder todo el detalle del expediente, pero puedo decir que con una pericia que describe al sacerdote como lo hizo la psicóloga forense, es evidente que se trata de alguien que por sus características pone en riesgo la integridad física y emocional de las personas y, con mucha más razón, de niños y adolescentes”, aseguró Rodríguez.
Se refirió así a la pericia elaborada por la licenciada Calvo, integrante del Servicio de Psicología Forense del Poder Judicial, quien caracterizó al cura C.
A. como una persona “que presenta claros y abundantes indicadores de perversión en el área de la sexualidad, con una personalidad de tipo psicopática y escasos recursos para afrontar de manera adecuada las situaciones”.
Más allá de ese dictamen desfavorable al religioso, el fiscal de Corral de Bustos decidió enviar a archivo la denuncia que le hizo Ruybal porque, a su entender, no tenía elementos respaldatorios.
Ruybal fue colaborador del sacerdote C.A. cuando éste estaba a cargo de la parroquia San Roque de Corral de Bustos. El denunciante aseguró que en la casa parroquial donde ambos vivían, el sacerdote lo sometió a una cura de sueño, luego de lo cual se lo encontró desnudo y en su misma cama. El episodio fue ubicado por Ruybal en un día martes, entre los meses de abril y mayo de 2012, pero para el fiscal esa información fue desestimada, luego de analizar la sábana telefónica del celular del denunciante.
Para la psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, todo el proceso judicial “aparece como una nueva forma de revictimización, por la cantidad de entrevistas y de pericias que se le hicieron a Mauricio”, remarcó.
“Son evidentes las huellas emocionales que Mauricio tiene por haber vivido situaciones traumáticas y no queda claro cómo ha sido valorado eso; da la sensación de que se ha hecho un rápido cierre, como si hubiese sido un trámite donde la Justicia de antemano sabía cómo iba a terminar todo: archivándolo”, enfatizó la profesional.
Otro integrante de la red, el abogado que brinda asesoramiento legal a las víctimas, Carlos Lombardi, también críticó la resolución de la Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos.
“Es una pena que no existan las pruebas necesarias y suficentes para que el fiscal evalúe la imputación de este cura y evite el archivo del expediente. Sin perjuicio de ello, disiento en el criterio por el cual valora esas pruebas que para él son pocas”, dijo Lombardi, y dio sus razones. “Acá hay convenciones internacionales que deberían prevalecer por sobre los códigos procesales provinciales, de modo tal que a pesar de la escasa pero importante prueba que aportó Mauricio Ruybal, debería seguir dándole curso al proceso penal”, recalcó el abogado.
Estaba a cargo de alumnos
Antes de radicar la denuncia en la Justicia, Ruybal lo hizo en el Obispado de Río Cuarto. Allí, le restaron trascendencia a su presentación porque no aceptó firmar el acta que se labró en una especie de tribunal eclesiático.
Desde la curia decidieron trasladar al sacerdote desde la parroquia San Roque, de Corral de Bustos, a la San Pantaleón de Banda Norte, e incluso se lo designó como coordinador del colegio que funciona junto al templo.
En noviembre de 2018, cuando la Provincia tomó nota de las sospechas que existían en torno al religioso, tomó la decisión de apartarlo preventivamente de esa función y le asignaron tareas administrativas, sin contacto con los alumnos.
Alejandro Fara. Redacción Puntal
