La sentencia fue fijada por el Tribunal Oral Criminal Federal N° 2 de Córdoba. Integraban el Departamento de Informaciones D2
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba condenó a penas de prisión perpetua y penas de hasta quince años a cinco expolicías integrantes del Departamento de Informaciones (D-2), imputados e imputadas por delitos de lesa humanidad.
Los acusados y las acusadas llegaron a debate por hechos cometidos en perjuicio de catorce víctimas, que incluyeron privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, abuso sexual y desaparición forzada de personas seguida de muerte.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Carlos Gonella y los auxiliares fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo.
Por otra parte, los jueces Julián Falcucci y Fabián Asís y la jueza y Noel Costa dictaron la absolución de una exfuncionaria judicial y de una civil que habían sido elevadas a juicio acusadas de supresión y alteración de estado civil, sustracción de una persona menor de diez años, prevaricato de auxiliares de la justicia, falsedad ideológica y falso testimonio.
La lista de personas condenadas incluye a la expolicía Mirta Graciela Antón y a sus colegas Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour, Raúl Alejandro Contrera y Juan Eduardo Ramón Molina, integrantes del Departamento de Informaciones Policiales. Los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de cinco días hábiles.
Por unanimidad, el tribunal condenó a prisión perpetua a Yanicelli y Jabour -en el rol de coautores- y a Molina -como autor por dominio funcional- de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada, por tratarse de un funcionario público, uso de violencia, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas", todos en concurso real en perjuicio de Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos.
Por su parte, Antón recibió una pena de quince años al ser hallada autora de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada, por tratarse de una funcionaria pública y por el uso de violencia, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos agravados", en cinco hechos en concurso real.
En el caso de Contrera, la pena fue de siete años al ser señalado como partícipe secundario del delito de tormentos agravado en perjuicio de Bazán.
