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Preámbulo de nuevo conflicto

El Gobierno oficializó el cierre a las exportaciones de harina y aceite de soja, habitualmente el paso previo al incremento en los derechos de exportación. Temen que esta última medida alcance al trigo y el maíz, que siguen en alza. La Mesa de Enlace, en alerta

El Gobierno decidió salir a buscar otros 400 millones de dólares de ingresos en el marco general del acuerdo con el FMI y la necesidad de ajustar el déficit fiscal justo cuando los precios de las commodities consolidaron altos niveles de precios, al igual que el gas y el petróleo. Pero mientras las primeras le pueden generar ingresos extras, los dos últimos le van a provocar un costo adicional debido al perfil importador que tiene la Argentina en materia energética en los últimos años. El país compra hoy combustibles y gas porque su producción no alcanza para cubrir la demanda, pese a tener, por ejemplo, una de las máximas reservas de shale gas del mundo enterrado en Vaca Muerta. Ese yacimiento podría ser hoy una fuente de ingresos significativa si los últimos gobiernos hubiesen sostenido políticas que alentaran niveles de inversión constantes para extraer el potencial que allí se encuentra. Hoy, ni siquiera eso sería suficiente porque el segundo gran problema es cómo transportar ese gas desde la cuenca que tiene el corazón en Neuquén, hacia los grandes centros urbanos. No hay gasoductos suficientes.

Ahora, entre las importaciones de gas provenientes de Bolivia y los barcos regasificadores, más las de combustibles por un lado, y los ingresos extras por los granos del otro, habrá un saldo en la balanza que posiblemente sea negativo para la Argentina. Todo dependerá, claro, de lo que dure la agresión rusa a Ucrania y cómo evolucione ese conflicto.

Pero para intentar equilibrar en parte esa nueva ecuación y garantizar más recursos en manos del Estado nacional, ayer el Gobierno comunicó que frenaba las exportaciones de aceite y harina de soja, dos derivados del poroto que tienen al país como un jugador central en el mundo. Esa prohibición a despachar nuevos embarques es generalmente la antesala a un alza en los derechos de exportación que podrían pasar del 31 al 33 por ciento e igualar los del grano de la oleaginosa. Antes existía ese diferencial de dos puntos para alentar el agregado de valor bajo el razonamiento de que paga menos el que más empleo da dentro del país a la hora de exportar. Intentaba funcionar como un incentivo al agregado de valor. Eso desaparecería y a partir de ahora no habría diferencia entre quien industrializa la materia prima y quien no.

La decisión de cerrar los embarques ayer domingo sorprendió a los dirigentes agropecuarios por el momento en que se informó, pero no sobre la medida. En realidad, hace semanas que viene corriendo el rumor de un aumento en las retenciones o la implementación de algún mecanismo adicional para “desacoplar” precios internacionales que subían a gran velocidad con los del mercado interno, como una idea de desacelerar la inflación. Por eso fue que la semana anterior se anunció un fideicomiso del trigo con esa intención, que fue respaldado por exportadores y molinos harineros. No hubo en la reunión que sirvió para formalizar el lanzamiento ningún representante de los productores que son los que en definitiva debían poner la plata. Si bien el fideicomiso se conformará con recursos que aportan los exportadores, estos descontarán ese dinero al primer eslabón de la cadena.

Pero a poco de andar, ya el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, admitía que posiblemente se debería profundizar esa herramienta que ya venía funcionando para el aceite de girasol, aunque ese producto en góndola igual siguió a paso acelerado su avance de precios.

Los gobiernos provinciales se quejan porque a más retenciones, menos fondos que circulan en sus distritos y más que quedan en manos de la Nación.

Ayer, la comunicación oficial de parte del subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Preciado Patiño, volvió a encender las alarmas en el agro. En el escueto escrito se adelantaba el cierre de las exportaciones de los derivados de la soja. La reacción del campo no se hizo esperar y los teléfonos de la dirigencia explotaron. Incluso hubo improvisadas reuniones por zoom que seguirán en la jornada de hoy, mientras esperan la oficialización de la segunda medida, que ya dan por descontada: el alza de las retenciones para harina y aceite de soja, y miran de reojo lo que puede pasar con trigo y maíz. Si la intención fuera incrementar todo, ¿el Gobierno haría un movimiento en cuotas de la suba de retenciones de esos productos o la aplicaría de una sola vez para transitar el costo político de un tirón?

Sobre qué decisión tomará la dirigencia agropecuaria ante esto hay una pista que dejó trascender en el último escrito conjunto de las entidades del campo publicado la semana pasada: “A raíz de las versiones que indican que el gobierno nacional evalúa elevar las retenciones al trigo y al maíz, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresa su férreo rechazo y anticipa que no hay ningún margen para que sigan expoliando a los productores”.

En el mismo sentido, hay provincias que monitorean los anuncios porque advierten que cada punto de retenciones que se sube es menos dinero que llega al sector privado de esas jurisdicciones y que hace rodar la rueda, y son más fondos que quedan en el Gobierno central y que se distribuyen arbitrariamente porque no son coparticipables. De ahí que en las próximas horas se escucharán también voces de funcionarios de algunas provincias, Córdoba entre ellas.