Sin embargo, el entendimiento preserva los reclamos de la Provincia por los fondos adeudados para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y mantiene vigentes dos demandas contra el Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia.
El convenio, que prevé la firma del gobernador Martín Llaryora y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se encuadra en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas y establece el reconocimiento de acreencias provinciales por $142.959.650.596,66.
Ese monto se descontará de las obligaciones que Córdoba mantiene con Nación, calculadas en $438.705.982.565,99.
De esta manera, luego de la compensación quedará un saldo de $295.746.331.969,33 a favor del Estado nacional, que deberá ser cancelado con una tasa de interés nominal anual del 15%.
La entrada en vigencia del acuerdo estará sujeta a la aprobación o ratificación por parte de la Provincia mediante la normativa correspondiente.
El principal componente de las acreencias que Nación reconoce a Córdoba son $110.000 millones correspondientes a un anticipo de Anses para el ejercicio 2026, establecido en el convenio firmado el 23 de febrero de este año.
A esa suma se agregan otros $32.959 millones por ajustes de la compensación prevista en el Consenso Fiscal.
El monto comprende $15.741 millones correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024; $11.002 millones del ejercicio 2025; y otros $6.215 millones por el primer y segundo trimestre de 2026.
Por su parte, entre las obligaciones provinciales que se incorporan al entendimiento figuran el anticipo financiero de $400.000 millones otorgado por Nación mediante el Decreto 584/2026, junto con $14.958 millones en concepto de intereses calculados al 29 de octubre de este año.
También se incluye un pago a cuenta de la deuda con el Club de París por $23.747 millones, equivalente a poco más de 15,2 millones de dólares. Se trata de obligaciones derivadas de los pagos realizados por el Estado nacional a los países acreedores.
El acuerdo establece que el saldo de casi $296 mil millones se abonará en tres tramos.
El primero será de $60.000 millones, con vencimiento el último día hábil de noviembre de 2026, mientras que el segundo ascenderá a $44.958 millones y deberá cancelarse a fines de diciembre de este año.
Los $190.787 millones restantes se distribuirán en ocho cuotas mensuales, iguales y consecutivas, entre mayo y diciembre de 2027.
El convenio fija una tasa de interés nominal anual del 15%.
Los intereses correspondientes al período comprendido entre la firma del acuerdo y el 31 de diciembre de 2026 se pagarán en una única cuota a fines de ese mes.
Desde enero de 2027, se calcularán mensualmente sobre el capital pendiente y deberán abonarse junto con cada vencimiento.
Un aspecto relevante es que el cobro de capital e intereses se realizará mediante retenciones sobre los recursos que Córdoba recibe por coparticipación federal. Es decir, Nación descontará directamente los importes correspondientes a cada vencimiento de los fondos que debe transferirle a la Provincia.
Uno de los puntos centrales del entendimiento es que la compensación no supone una renuncia general de Córdoba a sus reclamos económicos contra el Estado nacional.
El texto establece que la Provincia desistirá de los derechos y acciones vinculados exclusivamente con los conceptos y montos de las deudas nacionales que forman parte de la compensación.
Sin embargo, deja expresamente afuera las diferencias que puedan surgir de la determinación definitiva de los déficits del sistema previsional provincial correspondientes a 2025 y 2026.
Esto significa que los $110.000 millones reconocidos por Anses constituyen un anticipo a cuenta del resultado definitivo de 2026 y no representan la cancelación total de las obligaciones nacionales con la Caja de Jubilaciones.
Además, Córdoba conservará dos causas judiciales contra el Estado nacional que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia, identificadas con los expedientes CSJ 526/2023 y CSJ 968/2023.
Ambos procesos están relacionados con reclamos por el cobro de sumas de dinero.
De esta manera, el Gobierno de Llaryora busca avanzar en la regularización de las obligaciones recíprocas con Nación sin resignar la posibilidad de reclamar judicialmente los recursos que considera pendientes, especialmente los vinculados con el financiamiento del sistema previsional provincial.
El convenio también incorpora obligaciones de transparencia y seguimiento fiscal.
A partir de su entrada en vigencia, Córdoba deberá remitir periódicamente información sobre la evolución de sus finanzas públicas a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.
Los reportes incluirán datos sobre ejecución presupuestaria, ingresos tributarios, gastos, deuda pública, situación del Tesoro, recursos bancarios, personal estatal, transferencias y financiamiento a municipios, entre otros indicadores.
La Provincia deberá presentar información mensual, trimestral, semestral y anual, de acuerdo con las exigencias establecidas en el documento.
Córdoba había adherido al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas el 13 de diciembre de 2024.
El instrumento, creado por el Decreto 969/2024 y complementado por el Decreto 171/2026, habilita acuerdos entre Nación y las provincias para compensar y cancelar deudas y créditos entre ambas jurisdicciones.
