Según el informe, la gestión de Martín Llaryora presentó la totalidad de la información requerida por la normativa nacional, entre ella el Presupuesto 2026 y los datos de ejecución de gastos, stock de deuda y planta de personal correspondientes al cierre del ejercicio 2025.
Con ese desempeño, Córdoba integró el Grupo I de la clasificación junto con Entre Ríos y Santa Fe, las únicas provincias que alcanzaron la puntuación máxima del relevamiento.
ASAP consignó que Córdoba cumplió con la presentación del Presupuesto del ejercicio, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, el detalle de gastos por finalidad y función, el stock de deuda pública y los niveles de ocupación del sector público con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025.
El estudio se elaboró a partir de un relevamiento realizado durante los primeros quince días de abril de 2026 sobre los sitios web oficiales de las provincias adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
El informe advirtió, además, un descenso en el promedio nacional del índice de transparencia fiscal: “Se identificó, por un lado, un deterioro en el promedio respecto al último informe publicado en septiembre 2025 (pasó de 74,3 a 70,9 puntos)”, señaló ASAP. En comparación con marzo de 2025, la caída fue de 6,8 puntos.
A nivel nacional, siete jurisdicciones mejoraron su puntaje respecto del semestre anterior, otras siete retrocedieron y ocho no registraron cambios.
Entre los avances más importantes se destacaron Tucumán, con un incremento de 55 puntos, y Santa Cruz, con una mejora de 45 puntos.
En contraste, las mayores caídas correspondieron a Tierra del Fuego, que perdió 60 puntos, seguida por Jujuy y Río Negro, ambas con un descenso de 55 puntos.
El monitoreo de ASAP clasifica a las provincias en cinco grupos de cumplimiento: estricto, alto, intermedio, bajo y nulo.
En el Grupo II, con cumplimiento alto y puntajes entre 80 y 90, quedaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán, jurisdicciones que publicaron la mayor parte de la información, aunque omitieron los datos sobre la planta de personal.
El Grupo III, de cumplimiento intermedio, reúne a Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones, mientras que el Grupo IV, de cumplimiento bajo, incluye a ocho provincias, entre ellas Buenos Aires y Mendoza, con puntajes de entre 30 y 55 unidades.
El informe no registró provincias en el Grupo V, correspondiente a las jurisdicciones que no cumplen ninguno de los requisitos establecidos.
Además, excluyó del análisis a La Pampa y San Luis por no estar adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
En sus conclusiones, ASAP destacó que Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe “repiten la puntuación máxima, lo que da cuenta de un cumplimiento estricto de los requerimientos relevados”, en un monitoreo semestral cuyo objetivo es contribuir a la transparencia y difusión de las cuentas públicas provinciales.
