Liliana Montero, secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba, fue contundente al respecto: la responsabilidad recae sobre quien firma el proyecto. "El que firma el proyecto de elevación del presupuesto nacional es el presidente de la República y es el responsable principal de los recortes que se pretenden hacer en materia de discapacidad, sobre todo que afecta directamente a derechos consagrados, no solamente en las leyes vigentes, en la ley de emergencia, sino también en los pactos internacionales a los que Argentina adhiere", señaló.
Montero recordó el derrotero legislativo y judicial del tema: el Congreso sancionó una ley de emergencia que fue vetada por el Ejecutivo, luego ratificada por el Congreso, y aun así la justicia debió intervenir para exigir su cumplimiento. Pese a eso, varios aspectos de esa ley vencen en los próximos meses sin haber sido implementados.
El arancel único y las pensiones no contributivas, en el centro del debate
Uno de los puntos más críticos del presupuesto es la eliminación del arancel único de prestaciones. Hoy, independientemente del tipo de cobertura médica que tenga una persona con discapacidad, todas las prestaciones están equiparadas. Si eso cambia, los prestadores tenderán a atender a quienes les paguen más, dejando en desventaja a los afiliados de obras sociales sindicales con menor capacidad de pago frente a quienes tienen prepagas de mayor costo.
El otro cambio que Montero calificó de gravísimo es el retorno al concepto de pensiones no contributivas por invalidez, abandonando el paradigma de pensiones no contributivas para la protección de las personas con discapacidad. Para la funcionaria, se trata de una decisión política deliberada orientada a sostener el equilibrio fiscal.
Córdoba ya absorbió el 80% más de gasto en discapacidad en un año
El impacto provincial es concreto y medible. Montero precisó que en 2024 la provincia de Córdoba aportó al sistema de discapacidad aproximadamente 130.000 millones de pesos, mientras que en 2025 ese número trepará a cerca de 228.233 millones de pesos, un incremento de casi el 80%. A eso se suma un fondo específico de 2.000 millones de pesos que el gobernador debió disponer para evitar el cierre de instituciones del sector.
La funcionaria también reveló que durante una reunión del Consejo Federal de Salud el lunes, con el ministroPieckenstainer presente y seis horas de debate sobre discapacidad, en ningún momento se mencionó que estas modificaciones serían incorporadas al presupuesto.
