"Naranjitas", entre la postal cordobesa y la disputa urbana en Córdoba
Buscan redefinir el funcionamiento de los cuidacoches informales en áreas clave de la ciudad, en medio de un conflicto que suma tensiones entre trabajadores, comerciantes y automovilistas. La medida apunta a frenar prácticas irregulares y responder a una problemática histórica que parece intensificarse en los últimos meses
En Córdoba, pocas postales urbanas son tan reconocibles como el chaleco naranja en una esquina. Desde hace décadas, los “naranjitas” forman parte del paisaje cotidiano: indicaciones rápidas con la mano, sugerencias para maniobrar entre autos y una presencia que, para bien o para mal, ya es parte de la identidad local. Sin embargo, esa figura tan cordobesa convive hoy con un debate profundo que tiene como eje el uso del espacio público, la seguridad, el trabajo informal y las responsabilidades del Estado.
La polémica volvió a escena luego de reiteradas detenciones de cuidacoches, principalmente en Nueva Córdoba y Güemes. En una de las últimas intervenciones policiales, tres fueron arrestados tras una pelea en plena avenida Vélez Sársfield, mientras que un cuarto quedó detenido por extorsionar a un automovilista y rayarle el vehículo. Estos hechos, frecuentes en los partes oficiales de la Policía, alimentan la sensación de descontrol y refuerzan la discusión sobre cómo regular una actividad que se despliega a la vista de todos.
En Córdoba coexisten dos tipos de cuidadores de estacionamiento. Por un lado, están los permisionarios del Sistema de Estacionamiento Medido y/o Controlado (SEMC), trabajadores nucleados en cooperativas autorizadas por la Municipalidad. Por otro, se encuentran los naranjitas ilegales, personas que actúan por su cuenta sin ningún tipo de permiso ni supervisión estatal, y que suelen protagonizar los conflictos más graves.
La diferencia es crucial. Según los registros municipales, existen ocho cooperativas habilitadas que reúnen a 357 permisionarios acreditados. Estas organizaciones reciben chalecos identificatorios, gorras, credenciales y talonarios de tickets oficiales. Además, pasan por capacitaciones, asistencia técnica, controles de salud y actualización documental.
La regulación de esta actividad tiene un reparto de funciones claro dentro del Estado municipal: la Secretaría de Desarrollo Metropolitano es la encargada de definir las zonas donde funciona el Estacionamiento Medido y Controlado, así como otorgar los permisos para su explotación. Es decir, decide en qué cuadras operan las cooperativas y bajo qué condiciones.
Por su parte, la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano tiene como tarea inscribir a las cooperativas en el Registro de Efectores Sociales, capacitarlas, asesorarlas, entregar credenciales, chalecos, tickets y llevar adelante programas de acompañamiento social.
Este entramado institucional marca una diferencia concreta entre los naranjitas integrados al sistema municipal y quienes operan por fuera. Los primeros forman parte de un mecanismo formalizado dentro de la economía social; los segundos actúan sin habilitación, fuera del marco cooperativo y sin controles.
Una confusión extendida entre los automovilistas es creer que los naranjitas “cuidan autos”. En rigor, su función, según la normativa municipal, es ordenar el estacionamiento en la vía pública, nunca brindar seguridad ni vigilancia. La protección del vehículo es una responsabilidad exclusiva de la Policía. Cuando una persona exige dinero a cambio de “cuidar” un auto, no sólo incumple su rol, sino que también está actuando fuera de la ley.
Los episodios de extorsión, amenazas, daños o cobros desmedidos que involucran a trabajadores informales y, en ocasiones, también a permisionarios son los que alimentan el enojo vecinal y presionan a los gobiernos provincial y municipal a reforzar operativos.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ha sostenido públicamente que la Policía responderá ante cualquier intento de intimidación o cobro indebido en el espacio público. En operativos recientes, especialmente durante eventos masivos como los recitales del estadio Kempes, el funcionario remarcó que los automovilistas deben llamar al 911 si se sienten amenazados y que la Policía actuará porque “el cuidado de los vehículos no es una actividad habilitada”. También reconoció la dificultad que implica controlar todas las zonas con conflictos simultáneos.
Más allá de los episodios de violencia, detrás de cada chaleco naranja, sea oficial o improvisado, hay una realidad socioeconómica que atraviesa a buena parte de la sociedad. Muchas personas recurren a esta actividad porque no encuentran otra fuente de ingresos. Son trabajadores informales que viven de changas y que, para sostener a sus familias, se apropian de prácticas que la ciudad toleró durante años.
Cualquier intento de erradicación total del fenómeno plantea una pregunta inevitable: ¿qué alternativas se les ofrecerá a quienes dependen de esta actividad para sobrevivir? La salida no puede reducirse a asistencialismo momentáneo, sino que debe construir políticas públicas que garanticen derechos, formación laboral, oportunidades reales y una inserción digna.
El debate sobre los naranjitas no es sólo un tema de tránsito y de la ciudad. Es, en el fondo, una discusión sobre el trabajo, la informalidad, la convivencia urbana y el rol del Estado y las políticas económicas nacionales que profundizan la exclusión y la vulnerabilidad social. Córdoba convive con esta figura hace décadas; su desaparición o transformación requerirá algo más que operativos policiales: exigirá repensar las políticas sociales y urbanas, sin perder de vista que la calle, con sus tensiones y desigualdades, siempre revela lo que muchos prefieren no mirar.