CRA cuestionó el bono de los $ 60 mil
El Gobierno Nacional ordenó el pago de un bono a tributar por el sector privado y de manera optativa por los estamentos públicos provinciales y municipales, aunque muchos de ellos ya anticiparon el rechazo de la medida. También muchas centrales empresarias se manifestaron en el mismo sentido a pesar de que el Gobierno advirtió que habrá sanciones par quienes no cumplan.
En esa línea, desde CRA rechazaron “la medida desde las formas y el fondo de la misma, dado que vulnera la negociación colectiva, impone cargas gravosas para el sector empleador y no tiene en cuenta la mejora en el salario real que se ha dado en la última paritaria entre partes. Y también denostamos el oportunismo de algunos gobernadores que tienen elecciones provinciales y han aprovechado para resaltar que van a pagar el bono”, consideró la entidad que conduce Jorge Chemes.
En ese sentido, recordó que “en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y con el voto decisivo de la representación oficial del Estado, se impuso la actualización salarial hasta octubre, con ello se superó todas las proyecciones inflacionarias, el crecimiento del tipo de cambio incluida la última devaluación, en consecuencia en el marco de paritarias libres, lo resuelto por resolución 157/23 de CNTA, supera y desdice a los argumentos esgrimidos para obligar a un bono de decidido corte electoralista”, en referencia a la recuperación del poder adquisitivo que enunció el Gobierno como fin de la medida.
“Paga nuestro sector, el aprovechamiento político electoral, de tener de ministro de Economía e impulsor de la medida, a quien, al mismo tiempo es el beneficiario electoral de la medida que ordena”, dijo CRA.
Y señaló: “No es Plan Justicia, como livianamente se ha sostenido, sin profundidad de análisis, es, para nuestro sector, el quiebre de las paritarias libres, el intento de consolidar la imposición unilateral como ejercicio de la política, el desconocimiento de la realidad del sector y la ausencia de institucionalidad en el manejo de las políticas públicas, que confunde la política salarial de un sector con la campaña política de un candidato que se apropia de las decisiones del Gobierno, en beneficio electoral propio”.
Por último, la institución ruralista que forma parte de la Mesa de Enlace destacó que “el sector debe, cotidianamente, tratar de superar la inflación de costos, el retraso cambiario, las distorsiones de precios, las tasas de interés bancarias, la triple presión impositiva, las restricciones comerciales, sequías, emergencias y ahora se agrega una nueva imposición salarial”.