La investigación de la causa Vialidad en 2016 estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y también se denunció a Lázaro Báez; al exsecretario de Obras Públicas, José López; al extitular de la Dirección de Vialidad, Nelson Periotti, quienes fueron condenados, y al exministro de Infraestructura, Julio De Vido, quien resultó absuelto.
Los argumentos de Carrió para pedir una investigación fueron que hubo “una cartelización de la obra pública que benefició a un grupo de amigos, donde el principal beneficiado era Báez”, que luego toma impulso en el gobierno de Mauricio Macri con la denuncia de Iguacel por sobreprecios, pagos adelantados y plazos que no se cumplieron en las 51 obras que adjudicaron al empresario santacruceño por un monto de 46 mil millones de pesos.
Ercolini procesó en diciembre de 2016 a la expresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y le trabó un embargo de 10 mil millones de pesos, y en 2018 pidió la elevación a juicio oral y público.
A los dos años de comenzar la investigación, Ercolini cerró la instrucción y corrió vista a los acusados para que se pronuncien sobre la elevación del juicio oral que quedó a cargo del Tribunal Federal 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, un proceso que comenzó el 21 de abril de 2019 y donde fueron querellantes la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
Los fiscales de la causa, Diego Luciani y Diego Mola, acusaron a Cristina Fernández de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta por haber otorgado la mayoría de las obras a la empresa Austral Construcciones con supuestas licitaciones “manipuladas” con sobreprecios y falta de cumplimientos, y pidieron una condena de 12 años.
El Tribunal Nº 2 emitió un fallo el 6 de diciembre de 2022 donde absolvió a la expresidenta del delito de ser jefa de una asociación ilícita pero la condenó por administración fraudulenta a seis años, y el fallo fue apelado por la defensa de Fernández de Kirchner y los fiscales.
Ese fallo fue confirmado el 13 de noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, y se señaló allí que “todas las pruebas permiten acreditar (con el grado de certeza que requiere una condena) la responsabilidad penal de CristinaFernández de Kirchner en el delito”.
“Se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades”, destacó.
También se afirmó que “se comprobó la concreta intervención de Cristina Fernández de Kirchner en una maniobra defraudatoria a la administración pública”.
Uno de los argumentos es “haber firmado el decreto 54/2009 con las modificaciones en las cuales se otorgó plenos poderes a la Dirección Nacional de Vialidad para hacer uso discrecional de los fondos para obra pública vial (bajo la órbita del secretario José López), sumado a sus comprobados vínculos con Lázaro Báez, a las alertas de denuncia de corrupción que decidió ignorar”.
