Son básicamente tres los grandes temas que marcan el pulso de la agenda política en la Argentina por estos días y que demandan la mayor atención de parte del Gobierno: la pandemia de coronavirus, la negociación de la deuda y la disparada del dólar paralelo.
En ese trío de asuntos, cada uno con su propia dosis de relevancia, la administración que encabeza Alberto Fernández concentra sus energías, en momentos en los que comenzaron a encenderse luces de alerta en la batalla que libra el país para contener el avance del Covid-19, debido al aumento de contagios y de fallecidos.
Al mismo tiempo, el fantasma de un nuevo default -una historia repetida para la Argentina- acecha mientras el Gobierno busca llegar a un acuerdo con acreedores extranjeros antes de la nueva fecha límite del 22 de mayo, y en el frente doméstico, el dólar "blue" alcanzó otro récord, de 138 pesos, por lo que la brecha con el billete mayorista se extendió a más del 100 por ciento: 103,7%, precisamente.
Fernández expresó en los últimos días su preocupación por la cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo, de igual modo que subrayó la voluntad de la Argentina para cerrar un trato por la deuda externa y anunció la creación de un test de diagnóstico rápido desarrollado por científicos nacionales que permitirá multiplicar los controles en medio de la pandemia de coronavirus.
Claramente el jefe de Estado se mantiene enfocado en estos tres asuntos que también concentran la atención de la opinión pública.
Mientras tanto, el kirchnerismo, ya sea dentro como fuera del Gobierno, parece más abocado por estos días a desarrollar una agenda propia, en la que conviven asuntos de interés general con inquietudes u objetivos particulares, relacionados posiblemente con una hoja de ruta trazada por Cristina Fernández de Kirchner en su rol de vicepresidenta y principal artífice del regreso del peronismo al poder.
Atando cabos sueltos, en este sentido, por qué habría de llamar la atención que un integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima designado al frente de la Oficina Anticorrupción (OA) como Félix Crous disponga la renuncia de ese organismo como querellante en dos causas por de más sensibles para Cristina y su familia, como Hotesur y Los Sauces.
Por qué, si la propia Cristina y representantes de su tropa venían cuestionando a la Justicia, incluyendo a la Corte Suprema, y el oficialismo insiste en la necesidad de avanzar con una reforma del Poder Judicial.
No es nueva la animosidad hacia la Justicia de la expresidenta, que asumió en diciembre con una decena de causas judiciales por corrupción, y pedidos de prisión preventiva de la que estaba exenta por sus fueros parlamentarios.
Era senadora en ese momento y aún se recuerdan frases de su acalorada declaración de diciembre, ya vicepresidenta electa, ante el Tribunal Oral Federal N° 2 en la causa por supuesto fraude en la obra pública: "A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo", enfatizó.
La Corte Suprema, en la mira
En las investigaciones de las que se abrió como "parte acusadora" la OA, en las que junto a la vicepresidenta están involucrados sus hijos, se especula con la posibilidad de que también la Unidad de Información Financiera (UIF), comandada por el abogado Carlos Cruz, cercano al presidente Fernández, desista de ser querellante.
Mientras tanto, la oposición considera que existe una campaña del kirchnerismo para desprestigiar el trabajo de jueces y fiscales en esos expedientes.
En el marco de la reforma judicial que impulsa el oficialismo se habla incluso de la posibilidad de ampliar la Corte Suprema de sus cinco miembros actuales a siete e incluso nueve, mientras el Gobierno plantea enviar a la brevedad el proyecto al Congreso, después del debut de las sesiones remotas el miércoles pasado.
En esa jornada tan particular e histórica en el Parlamento, Máximo Kirchner le envió un tiro por elevación a Horacio Rodríguez Larreta y al macrismo en general, al sostener que el jefe de Gobierno porteño puede "contar" con el oficialismo para "aguantar" supuestas presiones para flexibilizar la cuarentena, en momentos en los que Rodríguez Larreta es mirado de reojo dentro de Juntos por el Cambio debido a su cercanía con el gobierno nacional.
En medio de la pandemia de Covid-19, el alcalde porteño, que en las últimas horas subrayó en respuesta a Máximo que no recibe "presiones de nadie", desarrolla un estrecho trabajo conjunto con la Nación y la provincia de Buenos Aires, en donde intendentes del Conurbano alzaron su voz de protesta por la apertura de comercios en la Capital Federal.
En momentos en los que aumentan los contagios de coronavirus en la Ciudad y se encienden las alarmas especialmente en las zonas más vulnerables y en los geriátricos, los disgustados jefes comunales le expresaron su malestar al gobernador Axel Kicillof, quien a su vez se comunicó con Rodríguez Larreta, con el que charla a menudo por estos días.
Así las cosas, con una cuarentena más estricta en barrios del Conurbano que en la Capital Federal, el Gobierno porteño aseguró que dará marcha atrás con las medidas de flexibilización si la curva de contagios se mantiene significativamente en alza y/o si la población no procede con la responsabilidad que el contexto de emergencia sanitaria demanda, según voceros del jefe comunal.
La evolución de la situación se evaluará entre el lunes y el martes de la semana próxima, pero por el momento las mismas fuentes descartaron tensiones entre Rodríguez Larreta y Kicillof.