Entre golpes y porrazos
Las declaraciones que el expresidente Eduardo Duhalde realizó sobre un posible golpe de Estado causaron más rechazos que adhesiones. Pensar en un golpe promovido por las Fuerzas Armadas se acerca más a una ficción que a la realidad. Sin embargo, las posiciones de Cristina Fernández ponen en duda la estabilidad de la coalición y el liderazgo del Presidente.
Esta semana, los ámbitos mediáticos y políticos analizaron la veracidad de las graves declaraciones que Duhalde realizó sobre la continuidad democrática de la República Argentina. Pero la presión social obligó al expresidente a relativizar sus propias afirmaciones.
El problema es más complejo. En primera instancia por su acceso a la información y su historia política, ninguna declaración -por más irresponsable que sea- debe ser descartada, y si bien reconoció que sólo repitió lo transmitido por un hombre de las Fuerzas Armadas, ¿no debería haberlo comunicado a los responsables del Gobierno con el fin evitar cualquier avance sobre el Estado de Derecho?.
Si lo hizo -situación dudosa-, ¿por qué el oficialismo no apartó a los supuestos miembros de la conspiración?. Lo cierto es que fue el propio ministro de Defensa, Agustín Rossi, quién le restó importancia a la situación. Según sus declaraciones, los principios del poder militar responden de manera inclaudicable a la democracia.
Que un hombre con la experiencia del exmandatario haya cometido semejante acto de irresponsa- bilidad no hace otra cosa que sembrar dudas sobre la estabilidad de un gobierno cuya coalición no atraviesa su mejor momento.
Luego de algunas posiciones de Cristina Fernández, no pocos analistas ponen en duda la estabilidad y el liderazgo del Presidente de la Nación. Para los conocedores de los pasillos del poder, el golpe no se está gestando dentro de las Fuerzas Armadas, sino desde los mismos sectores liderados por la vicepresidenta de la Nación.
El control exhaustivo que Cristina ejerce en el Senado sobre distintas decisiones del Ejecutivo, su denostación de la reforma judicial planificada por la mesa chica del Presidente y las modificaciones introducidas al proyecto inicial ponen en alerta una relación que históricamente se caracterizó por el conflicto. Si hay algo que queda claro es que, sin importar el desgaste que sus declaraciones provoquen en el primer mandatario, esta es una batalla que no piensa perder. En su disputa contra el Poder Judicial, la guerra se gana. Caiga quien caiga.
Por eso uno de los aspectos que mayor molestia generó en el núcleo duro del kirchnerismo fue la exclusión de la modificación de la Corte Suprema en el proyecto inicial. Para Cristina, esta discusión es tan importante que la llevó a desautorizar el proyecto que el propio Presidente envió al Congreso tratándolo públicamente de “incompleto”.
Pero a este desaire le siguió el incumplimiento de un acuerdo que Alberto Fernández había sellado con Enrique “Coti” Nosiglia y Martín Lousteau -importante sector del radicalismo nacional- para demorar el proyecto e incorporar modificaciones.
Es difícil saber hasta dónde llegará la paciencia del Presidente y cómo esta relación puede afectar a la coalición de gobierno. Pero el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner tiene una carta a su favor.
Un importante sector de la sociedad argentina asocia la reforma judicial a la búsqueda de impunidad que Cristina Fernández necesita para evitar problemas futuros. Esta realidad hace que sin importar el resultado, el peso de una reforma resistida recaiga sobre la expresidenta y no sobre Alberto Fernández.
Con Cristina desgastada, este escenario le permitiría al Presidente recuperar su margen de acción, liderazgo y el timón de un país que todavía no identifica quién gobierna en realidad.