La Justicia admitió el primer amparo contra el megadecreto del Presidente

La Justicia resolvió admitir una acción judicial presentada por organizaciones como ATE y la CTA, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, como amparo colectivo que solicita la declaración de inconstitucionalidad y "nulidad absoluta" del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación económica presentado esta semana por el gobierno de Javier Milei.

El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, a cargo de Esteban Furnari, admitió el amparo y ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos, según el texto de la resolución.

La presentación había sido realizada el jueves por el Observatorio del Derecho, junto al secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; el presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.

En el escrito, los dirigentes advirtieron que la norma implica una "desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.

El objetivo de la demanda busca obtener la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del DNU que fue presentado esta semana en cadena nacional por el presidente Javier Milei y publicado el jueves en el Boletín Oficial, por constituir "el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público".

Los demandantes solicitaron una medida cautelar que suspenda los efectos de la norma, así como la suspensión del artículo 24 de la ley 26.122 del régimen legal de los DNU que establece que "el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación".

Este es el primer paso que tomó el juez en el proceso judicial y no implica un pronunciamiento sobre si es admisible o no avanzar contra el DNU. Sí, eventualmente, el Estado nacional, actor demandado, deberá responder frente a los cuestionamientos motivados por la firma del DNU que apunta a desregular la economía. Para resolver, el juez deberá llevar adelante una serie de medidas de prueba.

Al admitir un proceso colectivo se impide que haya otras acciones, porque un proceso colectivo concentra todos los casos en uno solo. Si este proceso fuera rechazado, habría una situación de cosa juzgada para todas las personas.

“Entiendo que el presente proceso debe ser inscripto en el aludido registro, sin que ello suponga –claro está- abrir juicio a esta altura sobre la admisibilidad formal del amparo o sobre su procedencia, como así tampoco con relación al pedido cautelar”, consideró el juez. Y le corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que se expida sobre la demanda.

Esta no es la única demanda motivada por la firma del DNU. El viernes el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y solicitó una medida cautelar. Ese otro proceso, por ahora, se encuentra a cargo del juez federal Pablo Cayssials, pero podría terminar acumulada en el juzgado de Furnari.

Quien deberá encabezar la defensa del Poder Ejecutivo en estas demandas es Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro de la Nación y jefe de los abogados del Estado, con amplia trayectoria como abogado en el mundo del derecho administrativo y de buen vínculo con Sergio Fernández, el camarista en lo contencioso administrativo con gran influencia en ese fuero.

Esta demanda, una vez resuelta por el juez de primera instancia, puede ser recurrida ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y luego, ante la propia Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.

Maduro salió a criticar el protocolo antipiquetes

El presidente de Venezuela lanzó durísimas críticas contra el gobierno de Javier Milei por la aplicación del protocolo antipiquetes en la marcha del 20 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, cuando las organizaciones sociales salieron a las calles en su primera protesta contra el ajuste.

“En la Argentina hay una doctrina traída de los manuales represivos de Israel y de Estados Unidos para reprimir y acabar al pueblo”, puntualizó sin tapujos el líder chavista.

Con relación al protocolo creado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para evitar los cortes de calles, Maduro lanzó: “Es una doctrina para someter al pueblo con paquetes neoliberales, para entregar la soberanía de los países y acallar la voz de los pueblos, como está pasando hoy en la Argentina”.

Sus declaraciones no dejan de llamar la atención porque si de represión se trata, en Venezuela hace años que esa práctica viene ocurriendo contra los opositores.