Se trata de los empresarios Gustavo Della Tea, de la firma Supercemento, y Horacio Ammaturo, quien aparecía mencionado en uno de los cuadernos cuya autoría se atribuyó el arrepentido chofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno.
La decisión adoptada por los camaristas determina que el juez Bonadio fije la fianza que deberán pagar los empresarios y se aclaró que no podrán salir del país ni ausentarse de sus lugares de residencia por más de 48 horas sin dar aviso a la Justicia.
Los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones sostuvieron que no había elementos para determinar que el encarcelamiento de los empresarios fuera necesario para garantizar el éxito de la investigación de la supuesta cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo.