“Desde ya, es positivo el consenso político porque implica que hay un compromiso de todos los partidos de que esta ley exista y se cumpla. Pero, a la vez, estamos expectantes de que tenga su correlación en el presupuesto 2027. Tiene que haber un sustento económico para que se cumpla. Pretendemos que se cumpla la ley en su totalidad, no como la ley de emergencia que tuvo una parte que no se cumplió”, manifestó Carolina Armenoli, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis), que agrupa a más de 40 instituciones cordobesas.
La nueva ley transforma en permanentes las principales disposiciones de la emergencia, que vence a fin de año. Por ejemplo, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad en un equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima y habilita que sus titulares tengan un empleo registrado o un monotributo.
En el caso de los prestadores, se mantiene el nomenclador único, el arancel unificado y la actualización de los valores de las prestaciones según la movilidad jubilatoria.
“Sin duda es un triunfo de nuestro sector, una consecuencia de nuestra lucha, que logró que toda la política se ponga de acuerdo en el tema. Lo que se hizo en la nueva ley es, básicamente, replicar la emergencia. Pero tenemos en cuenta la experiencia que tuvimos con la ley de emergencia, que no se cumplió por completo. Por sí sola la ley no da una garantía. La garantía va a estar cuando se reglamente, cuando se determinen partidas presupuestarias y cuando se cumpla efectivamente. Entiendo que si La Libertad Avanza generó un compromiso político, cumplirá la letra de la ley. Eso le da más fuerza, pero bueno, no lo queremos afirmar hasta que no esté la reglementación”, señaló Armenoli.
Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Prestadores señaló que actualmente la cadena de pagos está en 90 días y agregó que, por el momento, la compensación, que es una compensación a los prestadores por el 2023 y el 2024, no fue abonada.