El fallo del Tribunal Oral Federal N°1 aplicó 6 años de prisión para el exsecretario general del sindicato, Gabriel Suárez, y 4 años y medio para Jorge Molina Herrera, actual titular de ese histórico gremio
El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba aplicó duras condenas a la cúpula del sindicato de Luz y Fuerza de la capital provincial.
El exsecretario general del gremio, Gabriel Suárez, fue condenado a seis años de prisión por los delitos de lavado de activos y defraudación, mientras que el actual titular, Jorge Molina Herrera, recibió una pena de cuatro años y seis meses, también por defraudación.
En total fueron juzgados nueve acusados; todos resultaron absueltos del delito de asociación ilícita, que había sido uno de los ejes principales de la acusación fiscal. Según fuentes judiciales, la absolución por este cargo fue considerada un resultado favorable por las defensas, pese a las condenas que, finalmente, se les aplicaron a los dirigentes.
Tras la lectura del veredicto, Suárez manifestó sorpresa por la resolución y adelantó que definirá junto a su equipo legal los pasos a seguir. “Analizaremos con los abogados. Sí, la verdad que estoy sorprendido. Seguimos negando los hechos”, sostuvo el exdirigente sindical en diálogo con Cadena 3, quien evitó profundizar sobre la sentencia y afirmó que “todo lo resolverán los abogados”.
La pena no será de cumplimiento efectivo hasta que la sentencia quede firme, aclararon ayer luego de la lectura. Las defensas anticiparon que apelarán y, eventualmente, llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia.
Vale recordar que la investigación giró en torno al presunto uso indebido de fondos que pertenecían a la caja de jubilados y pensionados del gremio, los cuales habrían sido destinados a maniobras de lavado de activos y defraudación.
La fiscalía había señalado un perjuicio económico estimado en $220 millones, cifra cuya acreditación será analizada una vez que se conozcan los fundamentos.
El tribunal informó, además, que la sentencia completa con sus fundamentos será publicada en los próximos 15 días, paso clave para que las partes definan las apelaciones.
Antes del inicio del juicio, los acusados habían ofrecido una reparación económica cercana a los $200 millones, propuesta que fue rechazada por el tribunal.
