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Advierten que este año aumentaron un 30% los reclamos por ciberestafas

Es en comparación con 2020. Hoy estas quejas representan el 40% de los trámites en Defensa del Consumidor del Centro Cívico. Así lo indicó el delegado del Ministerio de Industria y Comercio, Sergio Fioretti, que tiene a su cargo el área

Este año, aumentaron un 30 por ciento los reclamos por ciberestafas en comparación con 2020. En la actualidad, este tipo de presentaciones representan el 40 por ciento de todos los trámites que lleva adelante Defensa del Consumidor del Centro Cívico. Así lo indicó Sergio Fioretti, delegado del Ministerio de Industria y Comercio, que tiene a su cargo el área.

“Respecto del último trimestre del 2020, han aumentado un 30 por ciento los reclamos de estas características. Sobre todo, estamos viendo que ahora la mayoría tiene que ver con delitos de fraude, que no tiene que ver con el incumplimiento de contratos o la utilización de una tarjeta para consumo”, indicó el funcionario.

En la actualidad, reciben entre 90 y 100 presentaciones por mes vinculadas a estos hechos.

Hoy en día, el 40 por ciento de los reclamos que llegan a la Dirección de Defensa del Consumidor son por ciberestafas y por problemas relacionados con compras con tarjetas de débito o crédito, que se realizan en forma online. “Desde el comienzo de la pandemia se dio un incremento en la compra de bienes y servicios de forma online y esto disparó una fuerte suba de reclamos por problemas en este tipo de transacciones comerciales. Este proceso se fue dando desde el año pasado, por la pandemia, pero también porque la modalidad de compra por Internet venía ya ganando terreno hace algún tiempo”, aclaró Fioretti.

Dos tipos de reclamos

El funcionario provincial recordó que, en el mes de marzo de este año, la Dirección General de Defensa del Consumidor realizó una acción de oficio para todas las entidades bancarias que operan en la provincia, “a los fines de solicitar que se cumpla con las obligaciones de extremar las medidas de seguridad en todo lo que tiene que ver con las operaciones con tarjetas de crédito y débito”.

En otro orden, el funcionario explicó que el procedimiento administrativo de los reclamos tiene dos aristas diferentes.

Defensa del Consumidor recibe hasta 100 reclamos por mes de este tipo.

“Por un lado, hay una relación de consumo, donde el usuario -víctima de engaño- proporciona información personal, se configura un delito. Frente a esto, lo que debe hacer es denunciarlo ante el banco, y luego en la Policía, Unidad Judicial o Fiscalía”, detalló.

“Por otro lado, tenemos otro tipo de hechos, cuando el usuario no ha proporcionado ningún tipo de datos personales pero ve que en su cuenta bancaria o en su tarjeta le están cobrando por consumos que no ha realizado. También aquí es la entidad bancaria la que tiene que dar respuesta. El usuario tiene 30 días para desconocimiento del consumo. Y puede acercarse también a Defensa del Consumidor para generar un trámite administrativo”, concluyó el delegado de Industria y Comercio.

Apuntan a la responsabilidad de los bancos

En medio de la escalada de casos de ciberestafas con ardides para obtener datos personales, el sector de los consumidores apunta que los bancos deben responsabilizarse por las vulneraciones a la seguridad de sus plataformas digitales. Desde la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos sostienen que ya les han advertido que deben reforzar las medidas de prevención, pero que no lo hicieron. Cuestionan los créditos pre-aprobados, uno de los blancos predilectos de los delincuentes una vez que logran entrar a una cuenta bancaria. Además, aconsejan realizar primero la denuncia ante la entidad financiera para evitar que ésta deslinde responsabilidades.

El abogado Darío Di Noto, de la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos de Córdoba, aseguró que “es increíble cómo se ha disparado la cantidad de estafas cibernéticas o por medios digitales. En Usuarios y Consumidores Unidos tenemos delegaciones en todo el país y estamos al corriente de lo que pasa en cada lugar. Nos llamó mucho la atención cómo el aislamiento fue un caldo de cultivo para este tipo de delitos”.

Reponsabilidades

Di Noto indicó que la modalidad más común involucra la manipulación por parte de los delincuentes hacia sus víctimas y aprovechan para el engaño cierto estado de vulnerabilidad o después de haber ganado de alguna manera la confianza de los damnificados.

Más allá de esto, el letrado sostuvo que no se debe perder de vista quiénes son los responsables de la seguridad en las transacciones bancarias.

“No es razonable que todas las entidades bancarias estén al tanto de esta situación y sigan ofreciendo créditos pre-aprobados, sin ninguna otro requisito que ingresar al homebanking. Incluso, detectan estas operaciones no habituales en una persona y sin embargo las aprueban automáticamente”, agregó.

“Que agreguen sistemas de control”

¿Qué es lo que se les reclama a los bancos?

Ya es hora de que empiecen a agregar sistemas de control, como factores de autenticación, porque es claro que se están pidiendo muchos créditos que no son iniciados por los usuarios, y aunque esto es algo detectable, los bancos no se están haciendo cargo de este problema. Hay otra circunstancia importante y tiene que ver con lo siguiente: este tipo de estafas configuran un delito y habilitan una denuncia penal, que también tiene que hacer la entidad bancaria. El deber de seguridad, una garantía contemplada en la ley de Defensa del Consumidor, es una obligación muy importante para las empresas, y esto implica no ser estafado cuando opera con una entidad financiera cuyo leit motiv es la seguridad. Yo tengo la plata en el banco, o manejo mi sueldo allí, porque es un entorno seguro.

Recomendaciones

¿Qué se recomienda a las personas que sufrieron alguna de estas estafas?

Es importante que los usuarios sepan que, si fueron estafados con esta modalidad, deben contar con el asesoramiento de un profesional o de una asociación de defensa de consumidores. Que no vayan solos o sin asesoramiento para realizar la denuncia penal, porque, habitualmente, los bancos alegan que el mismo cliente ha declarado que fue víctima de un delito, pero no la empresa.