Ariel Grich, legislador radical del departamento, presentó dos pedidos de informes para que la Provincia detalle el estado de situación y, además, ofrezca una perspectiva de solución. Sin embargo, por ahora no ha tenido respuesta.
“En octubre del año pasado, la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto planteó este problema. Y nosotros mismos lo veníamos viendo con gente de la zona que no podía conseguir un turno en laJunta Evaluadora de Discapacidad que funciona en el Hospital de Río Cuarto. Esa Junta Evaluadora, a mediados del año pasado, sufrió una disminución de personal:algunos se jubilaron pero no ingresaron reemplazos. Ahí empieza el problema. En noviembre hago el pedido de informes a través de la Comisión de Salud de la Legislatura”, detalló Grich.
El legislador agregó que en las últimas semanas el defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie, envió una nota en la que le pidió que reitere el pedido de informes porque ya son 500 las familias que esperan el certificado único de discapacidad, un documento fundamental para obtener atención en las obras sociales o para acceder a beneficios como, por ejemplo, los pasajes gratuitos en el transporte público de pasajeros.
“A muchas familias se les está por vencer el certificado y les dan turno para dentro de 4 o 5 meses. Las familias se ven perjudicadas porque lo que piden las obras sociales privadas es el certificado único de discapacidad actualizado para mantener la prestación. Lo mismo pasa con las asignaciones familiares, con el transporte, con una infinidad de beneficios que este certificado les trae a las familias y que, por tenerlo vencido, quedan excluidos, con el agravante de que se les hace imposible afrontar los costos que generan los tratamientos o los servicios terapéuticos que necesitan”, detalló el legislador.
Además del pedido de informes, Grich le reclamó a la Provincia que revea la situación de manera urgente.
“Pedimos que haya una solución sin demoras. En algún momento hubo una junta de itinerantes, que funcionó por unos días entre octubre y noviembre, pero trabajaron durante muy poco tiempo y no lograron estabilizar la demanda. Hoy estamos nuevamente en un cuello de botella que preocupa mucho. Le comunicamos la situación al viceministro de Salud, hablamos con el presidente de la Comisión de Salud, tratando de avanzar en alguna situación”, manifestó Grich. El legislador radical señaló que, hasta ahora, no han tenido noticias de que el problema se esté repitiendo en juntas evaluadoras de otras regiones.
“En Río Cuarto, la capacidad operativa está reducida hoy en un 50 por ciento o más. Todo se viene atrasando y muchas familias están a la espera de los certificados o de turnos desde hace 4 o 5 meses”, manifestó el legislador.
Actualmente, los certificados de discapacidad no tienen vencimiento pero sí fecha de actualización: cada 5, 10 o 15 años. Y son fundamentales porque la actualización contiene la información certificada sobre cuál es el cuadro de cada persona y si se agregaron nuevas problemáticas que deben ser cubiertas, por ejemplo, por las obras sociales. De ahí que sea fundamental el trámite que se realiza ante la Junta.
