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Desde Amnistía Internacional alertan sobre el crecimiento de casos de violencia institucional

Con un documento de su directora, Mariela Belski, la ONG denunció que en los últimos meses los hechos persistieron como "mal endémico, resabio de nuestra historia oscura"

A través de un comunicado titulado “¿Qué festejamos?”, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, recordó los hechos cometidos en los últimos meses y alertó que todos fueron víctimas de violencia institucional en el país:Luciano Olivera, 16 años. Lucas González, 17. Alejandro Martínez, 35. Fabián Agustín Méndez, 14. Joaquín González, 18. Ángel Ariztimuño, 37. Tomás Ramos, 22. Guido Segura, 33.

“Por donde se lo mire, el número es tan abrumador como angustiante. Mucho más si lo proyectamos en el tiempo y añadimos las historias que no tienen rostros, las que se pierden entre el olvido y la impunidad. ¿Qué es lo que festejamos hoy cuando hablamos de derechos humanos en la Argentina? Por supuesto que las grandes victorias de estos tiempos y del pasado nos enorgullecen, pero mucho más nos preocupan estas derrotas interminables”, indicó la directiva de una de las organizaciones no gubernamentales que más presencia tienen en el trabajo por la defensa de los derechos humanos en el pás.

“El uso arbitrario o abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe castigarse como delito”, dice Belski.

Recuerda que a pesar del festejo del Día de la Democracia, y las celebraciones del gobierno nacional, “la democracia se debe vivir y celebrar con plenitud aunque jamás darse por completa pues es también una construcción cotidiana con acciones y, sobre todo, respuestas”.

En el documento, la directora de la ONG destaca el discurso del presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, durante la entrega de los premios Azucena Villaflor 2021, y sostiene que no hizo mención alguna a estos hechos. “En cambio, se explayó sobre una democracia ‘asediada por posiciones extremas, intolerantes, xenófobas y homofóbicas’ que, sin dudas, lesionan el espíritu de convivencia y tolerancia, acordamos”, destacó Belski, que agregó:“Recordó también aquellos crímenes aberrantes de la dictadura que, desde la presidencia de Néstor Kirchner, se ha buscado enjuiciar y castigar. Y cómo esa conducta le abrió las puertas a la Argentina a presidir el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

Enumera, en tanto, una serie de legislaciones que marcaron el camino de la presidencia actual en materia de derechos humanos: la ley migratoria (2003), la educación sexual integral (2006), el reconocimiento territorial a los pueblos originarios (2006), el matrimonio igualitario (2010), la identidad de género (2012) y el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito (2020), “normativa que con sus avances y demoras forman parte de un camino sin retorno para nuestra sociedad”, dijo Belski, quien agregó como antecedente también a la ley de salud reproductiva (2002) y el divorcio vincular (1987).

Aclaran que si bien estas normativas dan cuenta de un Estado que tiene una amplia concepción sobre derechos humanos, en los últimos meses “la violencia institucional persistió como mal endémico, resabio de nuestra historia más oscura”, dice la directiva de la ONG y agrega:“Si pretendemos guiar a otros con este nuevo rol es preciso hacerlo con el ejemplo. Uno que no se condice con los muertos en las calles de nuestras ciudades por abusos institucionales ni con las torturas y vejaciones que se cometen en la soledad de los calabozos”.

Considera, en tanto, que mientras no se realicen cambios a este escenario, el país no puede “celebrar”. Porque la regla con la que debemos medirnos no es con lo que hicimos y conquistamos sino con lo que no estamos haciendo. Esta deuda no recae de forma exclusiva sobre los hombros del gobierno nacional porque las responsabilidades institucionales por la violencia y arbitrariedad cotidiana en el accionar de las fuerzas policiales en Argentina corta transversalmente a toda la dirigencia política y la respuesta debe ser equivalente, tanto en las provincias como en la Ciudad de Buenos Aires”, dice Belski, que completa:“Acá no hay grieta que valga”.

Ante todo esto, desde la ONG sostienen que frente a los reiterados casos de violencia en el accionar de las fuerzas de seguridad contra la población principalmente joven y en situación de vulnerabilidad social, “vale recordar a nuestros gobernantes que el cumplimiento de la labor de control y seguridad, por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, no puede considerarse como un cheque en blanco. Por el contrario, las facultades delegadas exigen, por parte del Estado, un control riguroso y exhaustivo de su desempeño”.