Luego de suscitar innumerables controversias a lo largo del año pasado, y de requerir incluso la intervención de la Corte Suprema de Justicia, la estrategia sanitaria desplegada por la provincia de Formosa frente a la pandemia de Covid-19 se situó en la cumbre del conflicto político con una exposición sólo comparable con los tropiezos en materia de provisión de vacunas. En ese marco, el empleo del tema como un argumento para atacar al Gobierno nacional desde la oposición no debería ocultar las gruesas faltas que exhibe un oficialismo enredado en la contradicción entre sus pretensiones de encarnar un proyecto progresista y la naturaleza de su conformación, que incluye a algunos de los sectores más retrógrados y reaccionarios que es posible encontrar dentro de la dirigencia argentina.
Los testimonios vastamente difundidos en los últimos días no sólo dan cuenta de la existencia de abusos injustificables desde el punto de vista legal, sino de que en muchos casos son ejercidos sin una explicación racional desde lo sanitario. De todos modos, el argumento de la eficacia, basado en el escaso número de fallecidos por Covid-19 en la provincia, no puede prevalecer por sobre la obligación de preservar el estado de derecho:sería como prohibir la circulación vehicular con la excusa de que de ese modo se salvan las vidas de quienes podrían morir en accidentes de tránsito.
En ese marco, el Gobierno nacional ha preferido disimular la notoria incomodidad que le produce su vínculo con un gobierno marcadamente autoritario como el de Formosa, con un discurso que intenta desviar el foco de la cuestión. El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla ha reconocido “abusos policiales”, pero negado una sistemática violación de los derechos humanos, como si la policía no respondiera al poder político o la multiplicidad de testimonios similares pudiera hacer referencia siempre a casos aislados.
También es cínica la insistencia en negar la existencia de “centros clandestinos de detención”, porque los centros de aislamiento están en locaciones públicamente conocidas. Es posible que la idea de utilizar la comparación para elevar la contundencia de la denuncia sea interpretada como exagerada, incluso oportunista, pero no es preciso que las intervenciones del Estado sobre la libertad y la integridad de los ciudadanos tengan el carácter desmesurado y aberrante de las realizadas durante la última dictadura militar para ser consideradas violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, no puede menos que lamentarse, aunque ya no sorprenda que organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos sigan privilegiando sus relaciones con el kirchnerismo o su pertenencia a él, por sobre lo que constituye en teoría su razón de ser. No es el caso de Amnistía Internacional, que además de denunciar expresamente las violaciones ha advertido al Gobierno nacional que si continúa con su actitud esquiva respecto de lo que ocurre en Formosa se expone a que el caso sea llevado a foros internacionales.
“A nosotros no nos tienen que venir a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos”, ha respondido el jefe de Gabinete Santiago Cafiero al señalamiento de Amnistía. Soberbia al margen, está claro que se equivoca. En tanto condicione su praxis para el área a sus relaciones políticas con personajes impresentables como Gildo Insfrán, será imprescindible recordarle que su compromiso con los derechos humanos no puede agotarse en mantener viva la indignación por las atrocidades de hace cuarenta años.