Con la firma de un DNU, el Gobierno derogó ayer el decreto por medio del cual la gestión de Mauricio Macri había creado la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados y volvió a quedar vigente el texto original de la ley de 2003.
En el texto derogado se modificaba la Ley 25.764 y en lugar del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se creaba una agencia nacional para tal fin.
La justificación que daba el gobierno de Macri para ese cambio era que ante los más de 15 años que habían pasado desde la sanción de la norma se había vuelto "necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente".
Con el DNU, volvió a quedar en funcionamiento el texto original de la Ley 25.764, que establece las medidas para preservar "la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física".
