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Más de 80 ONG ecologistas pidieron a las universidades más compromiso con los problemas socioambientales

A través de un documento dirigido a los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional, las organizaciones también exigieron mayor participación ciudadana. Entre las que firmaron el texto se encuentran varias de Río Cuarto y algunas clave como Greenpeace

A través de un documento difundido en la jornada de ayer y dirigido a los rectores de las universidades argentinas, más de 80 organizaciones que trabajan con temáticas ecologistas le pidieron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) un mayor compromiso con problemáticas socioambientales y más participación ciudadana. Entre estas entidades se encuentran varias de Río Cuarto, como lo son: Fundación Conservación y Desarrollo (Río Cuarto); Reserva Natural Urbana Bosque Autóctono El Espinal (UNRC); Mesa Interinstitucional del corredor Chocancharava; y el Instituto de Ciencias de la Tierra Biodiversidad y Ambiente (UNRC-Conicet).

“En un contexto marcado por una profunda y alarmante crisis climática y socio-ambiental, caracterizada por una pandemia generada por una enfermedad de origen zoonótico, una bajante histórica del río Paraná, una sequía extrema y prolongada, numerosos incendios en ecosistemas naturales, y sus diversas repercusiones sanitarias, económicas y sociales, es momento de levantarse y buscar soluciones de manera colectiva y participativa con miradas que integren a la sociedad y el ambiente”, comienza el extenso documento en el que se eleva este pedido a las casas de altos estudios.

Aseguran que es una responsabilidad que recae principalmente en las autoridades de instituciones públicas, “entre ellas, las universidades nacionales que cuentan con los recursos y capacidades para afrontar tal desafío”, indican.

Piden a las universidades que “se pongan a la vanguardia en el desarrollo de estrategias que puedan contribuir a reducir el impacto de la humanidad sobre el ambiente”, al igual que incorporen nuevas prácticas sustentables.

En este sentido, consideran que las universidades, por el rol que cumplen en la sociedad, “tienen el potencial de contribuir positivamente en generar cambios que posibiliten un futuro más equitativo y sustentable”, dice el texto.

Indican, en tanto, que cuentan con muchas evidencias de que las universidades públicas argentinas aún deben fortalecer sus programas socio-ambientales, “ya que muchas veces con su accionar, vulneran derechos y garantías consagrados en nuestra constitución, como lo es el derecho humano a un ambiente sano”, aseguran.

Ponen como ejemplo los resultados del estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) presentado en su último informe del 9 agosto 2021, y los compromisos internacionales que Argentina asumió como Estado Parte del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, “exigimos a las universidades nacionales que en forma urgente adopten las medidas necesarias para combatir el cambio climático y detener la deforestación, contaminación y avance de obras públicas y urbanas sobre espacios verdes y bosques, para evitar el inminente colapso ambiental”, dice el texto en uno de sus fragmentos.

Por todo esto, piden a las universidades que “se pongan a la vanguardia en el desarrollo de estrategias que puedan contribuir a reducir el impacto de la humanidad sobre el ambiente”, al igual que se enfoquen en la incorporación de nuevas prácticas sustentables en todos sus programas, acciones y decisiones.

Contrario de esto, sostienen que no es positivo el desarrollo de universidades que estén “al servicio de las corporaciones”, que se debe formar a futuros profesionales “sensibles, que puedan aportar soluciones al servicio de las necesidades de su pueblo y contra la mercantilización del conocimiento”.

Entre las organizaciones que firmaron el documento se encuentran entidades de todo el país y algunas muy reconocidas como GreenpeaceArgentina y Fridays For Future, mientras que aseguran que también se suman al pedido varios particulares, investigadores, alumnos y docentes, y las “futuras generaciones”.

“Necesitamos universidades más inclusivas y que poner en práctica acciones concretas, con la debida consulta a los y las investigadores, docentes, estudiantes y la comunidad toda, para evitar contradicciones y permitir mostrar la debida coherencia entre lo que se enseña y el accionar político y social de la universidad”, dice el documento, y agrega:“Asimismo, en el marco del 86° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), exigimos a las autoridades de las universidades públicas nacionales la protección de los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible que garantice el debido acceso a la información y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo de Escazú, para que se garantice el respeto que las comunidades y la ciudadanía merecen frente a cualquier acción que vulnere los territorios que habitan y/o su calidad de vida”.

Actuar con coherencia

De acuerdo a lo manifestado por la ONG en su comunicado, solicitan que los saberes populares se correspondan con los conocimientos y prácticas académicas, “esta vinculación ciudadana-cultural con la academia, revalorizará la diversidad de ideas y valores considerados al momento de la toma de decisiones respecto a los derechos de la naturaleza”, sostienen.

Cuestionan, en uno de los fragmentos del comunicado, lo que está realizando la Universidad Nacional del Litoral con la construcción de un salón con aulas en uno de los márgenes de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria, reclamo que ya ha sido reflejado en otro informe de Puntal, y en el que participa como militante una riocuartense que.

Señalan que el proyecto se hace “sin estudio de impacto ambiental o evaluaciones de riesgo, sin instancia de participación ciudadana y con el agravante del desmonte de bosque nativo categoría roja (intangible) en base a la Ley de Bosques”, mientras que aseguran que esta obra “no sólo dañará el ecosistema natural de la única reserva ecológica urbana accesible para la población de Santa Fe, sino que además afectará la función socio-ambiental que la misma posee y el valor patrimonial y cultural que representa para la ciudad”.

Sobre el caso de la Universidad del Litoral, también indican que no consideró la importancia que tiene para la propia comunidad universitaria el ecosistema, “debido a los múltiples usos del lugar para actividades de enseñanza, investigación y extensión”, y que a pesar del fuerte rechazo social que generó la construcción del aulario en ese lugar “la UNL, una institución pública de altísimo prestigio nacional e internacional, decidió continuar avanzando con la obra. Esto deja en evidencia serias contradicciones que ponen en tela de juicio los postulados fundacionales de dicha universidad”.

“La vinculación ciudadana-cultural con la academia, revalorizará la diversidad de ideas y valores considerados al momento de la toma de decisiones respecto a los derechos de la naturaleza”, sostiene el documento de las ONG dirigido a los rectores del país.

Por el pueblo y la naturaleza

Finalmente, el documento de las organizaciones destinado a los rectores de todo el país considera que las universidades públicas deberían ser las que más velan por el bien de los particulares, y se preguntan:“¿De qué sirven las carreras de grado, posgrado e investigación que la universidad aloja en sus propias aulas y laboratorios si no es respetado en la práctica?”.

Entre los reclamos finales, sostienen que hacen falta universidades que estén al servicio del pueblo y la naturaleza, y que:

- protejan la integridad de los espacios verdes urbanos y promuevan un mayor conocimiento y respeto por la naturaleza, para contribuir al desarrollo de ciudades más sustentables y resilientes frente a la crisis climática y socio-ambiental que estamos viviendo;

- estén comprometidas en la búsqueda colectiva de soluciones frente a la grave crisis climática y socio-ambiental actual;

- promuevan tecnologías que contribuyan a reducir el impacto de la humanidad sobre el ambiente;

- respeten los derechos que resultan indispensables para el desarrollo integral de las personas, como lo es el derecho humano a un ambiente sano;

- estén más abiertas a la población, ampliando la diversidad de saberes y prácticas que se tienen en cuenta.

Luis Schlossberg. Redacción Puntal