Organismos de derechos humanos trabajan de manera articulada en foros para evaluar posibles herramientas ante el aumento de casos de detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad y malos tratos en operativos en los barrios. Indican que el Código de Convivencia, en lugar de mejorar el contexto después del Código de Faltas, lo empeoró y ya no se cuentan con estructuras como la del Registro de Detenciones por Contravenciones.
En el marco del Foro por la Libertad y la Democracia, se debate con preocupación por la persecución que sufren los jóvenes en los barrios y lo que refieren como secuestros, en los que se los mantiene en patrulleros de la Policía durante horas.
PUNTAL dialogó con referentes de estos espacios de trabajo barrial que destacaron el incremento en el número de casos con estas características, cada vez con más violencia en los operativos y con desenlaces en un Servicio Penitenciario que, en vez de rehabilitar a los jóvenes, agrava su situación.
Lucía de Carlos, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, señaló que en los últimos meses han estado trabajando con un gran número de casos vinculados a la defensa de los derechos humanos, “algo que no es de lo más común que ocurra en los recesos de verano, como fue lo sucedido en la cárcel”, aseguró.
En este sentido, explicó que en enero “hubo muchos cambios en las autoridades, se hicieron muchos traslados, prometieron que abrirían un pabellón donde contendrían a mucha gente y luego no se concretó”. Y añadió: “Por otra parte, hubo situaciones represivas muy violentas como la que se vivió en el barrio Casasnovas; lejos de disminuirse las afrentas contra los grupos más vulnerables, se recrudecieron”.
De Carlos forma parte del Foro por la Libertad y la Democracia, espacio que también integran agrupaciones como la Asociación Gremial Docente, Las Mariposas, de Seamos Libres, cooperativas de recuperadores urbanos, el partido Respeto y la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, entre otros.
“Todas las herramientas que empoderen al efectivo, más allá de una política que sea clara en materia de derechos humanos, irán en contra de las personas más vulnerables. Consideramos que el Código de Convivencia, que nos presentaron como la solución al Código de Faltas, ya lleva un año y sigue todo igual”, denunció De Carlos.
La militante por los derechos humanos precisó que se mantienen en la postura de que el Código de Convivencia debe ser derogado, “tiene que dejar de tener esos grises en sus figuras que permiten que después se cometan los abusos policiales y que es en definitiva lo que pasó con Joel Bravo y en el barrio Casasnovas”, indicó. Además, afirmó que “hay una Justicia que en el mejor de los casos intenta ser imparcial, pero nunca sale de los estrados para ver cómo se hacen los procedimientos o cómo están las personas en la cárcel. Pero es algo que no sólo pasa en Río Cuarto, sino que en toda la provincia”.
- ¿Consideran que esto se ve fomentado por el contexto nacional?
- Sí, claramente hay una tendencia en este sentido, con cada frase de la Ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) o del presidente Mauricio Macri, en favor del gatillo fácil, de la vulneración de derechos, de las políticas de seguridad represivas, la situación va empeorando. Además, nuestra visión es que se injiere sobre la Justicia, que debería interceder en casos como el de Chocobar sin que se entorpezca la investigación. Vemos que, a la vez, no sólo son sus dichos sino también los decretos, los protocolos de seguridad, los cambios que se dan hacia el interior de las fuerzas de seguridad. No es casual que al mando del Ministerio de Defensa (Oscar Aguad) esté una persona que viene de Córdoba, una de las provincias más represivas del país, que arrastra desde hace años todo lo que venimos denunciando, y que justamente en la gestión actual una de las funciones de este ministerio es intervenir en cuestiones de seguridad que no le son propias y que normalmente no deberían estar bajo su esfera. Todo esto hace a un contexto que es difícil y que también se da en muchos otros países donde la derecha es gobierno y está aplicando mucha mano dura.
Desde el barrio
El caso de Joel Bravo, de la agrupación Los Orillas, ha sido un ejemplo clave de estos hechos que denuncian desde el Foro. Patricia García, referente de dicha ONG que enfoca sus actividades en el barrio Avenida Argentina, consideró: “Estamos en un contexto que no hemos visto en otro momento y que, si bien hacemos un abordaje territorial de los casos, la estrategia tiene que ser otra, abordándola de manera integral, porque hay una preocupación grande sobre el Estado de derecho”.
Detalló que desde los organismos buscan nuevas estrategias para abordar la temática y dar contención a los jóvenes. “El caso de Joel Bravo fue un claro ejemplo porque antes de su detención él estaba completamente rehabilitado, hacía más de un año que no tenía una causa”, aseguró García.
Del mismo modo, puntualizó que trabajan con el acompañamiento a otro chico que se encuentra detenido desde 2016, padece cáncer y, a pesar de que han solicitado una intervención, no ha recibido tratamiento alguno. “Es algo muy grave, porque él está muy afectado de salud”, dice la referente de Los Orillas.
- ¿Qué análisis realizan de estas intervenciones de las fuerzas de seguridad?
- Desde el Foro vemos cómo actúan las fuerzas de seguridad de la ciudad. Las detenciones arbitrarias nunca pararon, cada vez se dan más casos de golpizas, persecución a chicos de barrios vulnerables y de otros sectores también. Enseguida los encierran y es cuando pierden el trabajo, tenemos al EPU en los barrios, intentando vender una imagen de que no pasa nada y son tranquilos, pero son parte de la Policía, piden datos a los chicos y pasan después información errónea. Incluso tenemos a las fuerzas de seguridad dentro de las escuelas, es algo que no es normal, no pasaba hace 2 o 3 años atrás. Por otra parte, desde el Foro estamos trabajando con otras temáticas, como en la cárcel acompañando a familiares por los traslados de los internos, junto a Martín Capa.
Fernanda Oviedo, integrante del Foro, manifestó que actualmente no hay posibilidad de reflotar un proyecto similar al del Registro de Detenciones por Contravenciones que funcionó como una de las actividades de la Comisión Municipal de la Memoria. El Municipio no toma la decisión de hacerlo y desde el Observatorio de Derechos Humanos no se tiene competencia directa como para hacerlo”, explicó la militante por los derechos humanos, quien aseguró que, por lo tanto, “es difícil buscarle la vuelta para reactivar un dispositivo de funcionamiento similar al del registro”.
Respecto del registro, Oviedo aseguró: “Fue una herramienta que nos dio muy buenos resultados porque nos permitió tener una estadística y sentarnos institucionalmente a hablar con las fuerzas de seguridad y plantear el reclamo por las detenciones arbitrarias como una política que llevan adelante”.
- ¿No hay posibilidades de contar con una herramienta similar a la del registro que pueda ayudar de algún modo?
- Cuando nosotros reclamamos el año pasado la respuesta que obtuvimos fue que al haberse modificado el código el registro no tenía razón de ser, pero las prácticas siguen siendo las mismas, incluso peores. Los chicos ahora quedan más expuestos, no queda asentada en ningún lado su demora, hay artículos que ni los informan y muchos pibes hasta sufren secuestros por parte de la Policía. Que a un chico lo suban al patrullero y lo paseen por toda la ciudad durante tres horas es privación ilegítima de la libertad. Esas cosas pasan y esos grises se aumentaron con el nuevo código, y si no hay una política de ejecución que acompañe una mirada distinta seguimos en la misma situación. Ante esto, no tenemos un proyecto concreto y es muy difícil que lo lleve a cabo el Municipio, que forma parte del mismo gobierno provincial, no tienen la decisión de avanzar sobre las fuerzas policiales.
- ¿Cómo es la vinculación desde el ente con el Estado municipal?
- Desde el Foro tuvimos una postura tajante cuando desde el Municipio se indicó el año pasado que hablaban con las fuerzas policiales para salvar los casos que les llegaban, siendo que nosotros consideramos que debe existir una política de Estado que brinde garantías de seguridad a los ciudadanos que son perseguidos y son víctimas de estas detenciones arbitrarias que afectan a su vida. La mayoría son varones, sostenes de familia, que no superan los 30 años, y que ante una detención en la mayoría de los casos pierden sus trabajos. El caso de Joel no es un hecho aislado, hay muchos chicos que no se acercan a los organismos pero que también suceden.
Finalmente, Oviedo se refirió a lo que sucede cuando los chicos caen en manos del sistema carcelario, otro de los ejes en los que se trabaja desde el Foro, y sobre el que aclara que no se reclama por una quita en la condena o la libertad, sino que se tengan condiciones dignas de detención, “hay un sistema que, lejos de favorecer la inclusión, está formando delincuentes nocivos, genera una connivencia con el delito, así las políticas de seguridad intensifican un perfil represivo”, puntualizó la referente.
Luis Schlossberg
PUNTAL dialogó con referentes de estos espacios de trabajo barrial que destacaron el incremento en el número de casos con estas características, cada vez con más violencia en los operativos y con desenlaces en un Servicio Penitenciario que, en vez de rehabilitar a los jóvenes, agrava su situación.
Lucía de Carlos, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, señaló que en los últimos meses han estado trabajando con un gran número de casos vinculados a la defensa de los derechos humanos, “algo que no es de lo más común que ocurra en los recesos de verano, como fue lo sucedido en la cárcel”, aseguró.
En este sentido, explicó que en enero “hubo muchos cambios en las autoridades, se hicieron muchos traslados, prometieron que abrirían un pabellón donde contendrían a mucha gente y luego no se concretó”. Y añadió: “Por otra parte, hubo situaciones represivas muy violentas como la que se vivió en el barrio Casasnovas; lejos de disminuirse las afrentas contra los grupos más vulnerables, se recrudecieron”.
De Carlos forma parte del Foro por la Libertad y la Democracia, espacio que también integran agrupaciones como la Asociación Gremial Docente, Las Mariposas, de Seamos Libres, cooperativas de recuperadores urbanos, el partido Respeto y la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, entre otros.
“Todas las herramientas que empoderen al efectivo, más allá de una política que sea clara en materia de derechos humanos, irán en contra de las personas más vulnerables. Consideramos que el Código de Convivencia, que nos presentaron como la solución al Código de Faltas, ya lleva un año y sigue todo igual”, denunció De Carlos.
La militante por los derechos humanos precisó que se mantienen en la postura de que el Código de Convivencia debe ser derogado, “tiene que dejar de tener esos grises en sus figuras que permiten que después se cometan los abusos policiales y que es en definitiva lo que pasó con Joel Bravo y en el barrio Casasnovas”, indicó. Además, afirmó que “hay una Justicia que en el mejor de los casos intenta ser imparcial, pero nunca sale de los estrados para ver cómo se hacen los procedimientos o cómo están las personas en la cárcel. Pero es algo que no sólo pasa en Río Cuarto, sino que en toda la provincia”.
- ¿Consideran que esto se ve fomentado por el contexto nacional?
- Sí, claramente hay una tendencia en este sentido, con cada frase de la Ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) o del presidente Mauricio Macri, en favor del gatillo fácil, de la vulneración de derechos, de las políticas de seguridad represivas, la situación va empeorando. Además, nuestra visión es que se injiere sobre la Justicia, que debería interceder en casos como el de Chocobar sin que se entorpezca la investigación. Vemos que, a la vez, no sólo son sus dichos sino también los decretos, los protocolos de seguridad, los cambios que se dan hacia el interior de las fuerzas de seguridad. No es casual que al mando del Ministerio de Defensa (Oscar Aguad) esté una persona que viene de Córdoba, una de las provincias más represivas del país, que arrastra desde hace años todo lo que venimos denunciando, y que justamente en la gestión actual una de las funciones de este ministerio es intervenir en cuestiones de seguridad que no le son propias y que normalmente no deberían estar bajo su esfera. Todo esto hace a un contexto que es difícil y que también se da en muchos otros países donde la derecha es gobierno y está aplicando mucha mano dura.
Desde el barrio
El caso de Joel Bravo, de la agrupación Los Orillas, ha sido un ejemplo clave de estos hechos que denuncian desde el Foro. Patricia García, referente de dicha ONG que enfoca sus actividades en el barrio Avenida Argentina, consideró: “Estamos en un contexto que no hemos visto en otro momento y que, si bien hacemos un abordaje territorial de los casos, la estrategia tiene que ser otra, abordándola de manera integral, porque hay una preocupación grande sobre el Estado de derecho”.
Detalló que desde los organismos buscan nuevas estrategias para abordar la temática y dar contención a los jóvenes. “El caso de Joel Bravo fue un claro ejemplo porque antes de su detención él estaba completamente rehabilitado, hacía más de un año que no tenía una causa”, aseguró García.
Del mismo modo, puntualizó que trabajan con el acompañamiento a otro chico que se encuentra detenido desde 2016, padece cáncer y, a pesar de que han solicitado una intervención, no ha recibido tratamiento alguno. “Es algo muy grave, porque él está muy afectado de salud”, dice la referente de Los Orillas.
- ¿Qué análisis realizan de estas intervenciones de las fuerzas de seguridad?
- Desde el Foro vemos cómo actúan las fuerzas de seguridad de la ciudad. Las detenciones arbitrarias nunca pararon, cada vez se dan más casos de golpizas, persecución a chicos de barrios vulnerables y de otros sectores también. Enseguida los encierran y es cuando pierden el trabajo, tenemos al EPU en los barrios, intentando vender una imagen de que no pasa nada y son tranquilos, pero son parte de la Policía, piden datos a los chicos y pasan después información errónea. Incluso tenemos a las fuerzas de seguridad dentro de las escuelas, es algo que no es normal, no pasaba hace 2 o 3 años atrás. Por otra parte, desde el Foro estamos trabajando con otras temáticas, como en la cárcel acompañando a familiares por los traslados de los internos, junto a Martín Capa.
Fernanda Oviedo, integrante del Foro, manifestó que actualmente no hay posibilidad de reflotar un proyecto similar al del Registro de Detenciones por Contravenciones que funcionó como una de las actividades de la Comisión Municipal de la Memoria. El Municipio no toma la decisión de hacerlo y desde el Observatorio de Derechos Humanos no se tiene competencia directa como para hacerlo”, explicó la militante por los derechos humanos, quien aseguró que, por lo tanto, “es difícil buscarle la vuelta para reactivar un dispositivo de funcionamiento similar al del registro”.
Respecto del registro, Oviedo aseguró: “Fue una herramienta que nos dio muy buenos resultados porque nos permitió tener una estadística y sentarnos institucionalmente a hablar con las fuerzas de seguridad y plantear el reclamo por las detenciones arbitrarias como una política que llevan adelante”.
- ¿No hay posibilidades de contar con una herramienta similar a la del registro que pueda ayudar de algún modo?
- Cuando nosotros reclamamos el año pasado la respuesta que obtuvimos fue que al haberse modificado el código el registro no tenía razón de ser, pero las prácticas siguen siendo las mismas, incluso peores. Los chicos ahora quedan más expuestos, no queda asentada en ningún lado su demora, hay artículos que ni los informan y muchos pibes hasta sufren secuestros por parte de la Policía. Que a un chico lo suban al patrullero y lo paseen por toda la ciudad durante tres horas es privación ilegítima de la libertad. Esas cosas pasan y esos grises se aumentaron con el nuevo código, y si no hay una política de ejecución que acompañe una mirada distinta seguimos en la misma situación. Ante esto, no tenemos un proyecto concreto y es muy difícil que lo lleve a cabo el Municipio, que forma parte del mismo gobierno provincial, no tienen la decisión de avanzar sobre las fuerzas policiales.
- ¿Cómo es la vinculación desde el ente con el Estado municipal?
- Desde el Foro tuvimos una postura tajante cuando desde el Municipio se indicó el año pasado que hablaban con las fuerzas policiales para salvar los casos que les llegaban, siendo que nosotros consideramos que debe existir una política de Estado que brinde garantías de seguridad a los ciudadanos que son perseguidos y son víctimas de estas detenciones arbitrarias que afectan a su vida. La mayoría son varones, sostenes de familia, que no superan los 30 años, y que ante una detención en la mayoría de los casos pierden sus trabajos. El caso de Joel no es un hecho aislado, hay muchos chicos que no se acercan a los organismos pero que también suceden.
Finalmente, Oviedo se refirió a lo que sucede cuando los chicos caen en manos del sistema carcelario, otro de los ejes en los que se trabaja desde el Foro, y sobre el que aclara que no se reclama por una quita en la condena o la libertad, sino que se tengan condiciones dignas de detención, “hay un sistema que, lejos de favorecer la inclusión, está formando delincuentes nocivos, genera una connivencia con el delito, así las políticas de seguridad intensifican un perfil represivo”, puntualizó la referente.
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