En plena escalada inflacionaria y en un contexto de tensión con los gremios estatales, el gobierno provincial anunció la suspensión del diferimiento previsional para los jubilados y pensionados que, a febrero, tuvieron haberes que no superaron los 250 mil pesos mensuales.
La medida se dio a conocer a través de un comunicado oficial. El diferimiento rige desde 2020 e implica que los jubilados provinciales cobran con dos meses de retraso los aumentos que alcanzan a los empleados estatales. Con una inflación a un ritmo del 7,7 mensual, el perjuicio para la clase pasiva se intensificó en los últimos meses.
La decisión del gobierno de suspender el diferimiento es hasta diciembre.
“El 80 por ciento de los jubilados y pensionados provinciales cobrará los aumentos el mismo mes que rijan para los activos. El gobierno de Córdoba dispuso suspender hasta el 31 de diciembre el diferimiento previsional para aquellos jubilados y pensionados provinciales cuyos haberes correspondientes a febrero no superaron los 250 mil pesos”, se lee en el comunicado.
Y se agrega: “Con esta medida se busca preservar los ingresos de los pasivos provinciales en el contexto del elevado proceso inflacionario que atraviesa el país. La disposición, que rige retroactivamente a marzo, beneficia a más de 87 mil jubilados y pensionados, lo que representa el 80 por ciento de los pasivos de la Caja de Jubilaciones provincial”.
“De esta manera, este segmento de jubilados y pensionados cobrará los aumentos el mismo mes que los perciban los activos”, concluye el comunicado de la Provincia.
Y detalla que el viernes 21 de abril los jubilados y pensionados cobrarán por liquidación adicional correspondiente a marzo.
La decisión del gobierno provincial se da en un momento en el que, además, está en litigio contra el gobierno nacional, más específicamente contra Anses, por los fondos que se adeudan a la Caja de Jubilaciones de la provincia. La administración de Juan Schiaretti recurrió a la Corte Suprema de Justicia, tal como José Manuel De la Sota lo hizo en 2012, para reclamar fondos no remitidos por un total de 117 mil millones de pesos.
Esa cifra surge de la diferencia que reclama la Provincia porque el gobierno nacional está enviando los fondos con un criterio que el gobierno cordobés considera abiertamente arbitrario e ilegal: remite los recursos sin actualización por inflación y con valores a 2019.
Es decir, mientras las partidas que envía Anses para cubrir el déficit de la Caja están congeladas, a la par los jubilados cordobeses perciben los aumentos acordados en paritarias. La Provincia señala que esa diferencia está cubriéndose con recursos del Tesoro.
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