Familiares, trabajadores y prestadores del sistema de discapacidad volvieron a hacer ayer una gran marcha por el microcentro de la ciudad, a raíz de la grave crisis que atraviesa el sector.
En rigor, piden una ley nacional que le ponga un freno al ajuste del Gobierno.
El reclamo es por la desactualización de los honorarios, el retraso en los pagos y la sanción de una ley de emergencia nacional.
La referente de la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión, Gabriela Cabero, dijo que “la situación es sumamente preocupante para el sector” y acotó que están “esperanzados en los resultados de esta lucha” por las personas con discapacidad.
Por su parte, las trabajadoras de la salud denunciaron que entre las instituciones con mayor deuda se encuentra la Agencia Nacional de Discapacidad.
En tanto, el padre Carlos Juncos, quien forma parte de la Asociación No Estarán Solos, sostuvo que “el apoyo a las personas con discapacidad se encuentra muy deteriorado”.
A su turno, la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina, declaró ayer a Puntal: “Estamos muy preocupados por la situación de crisis que vienen atravesando no sólo las instituciones que prestan servicios, sino los profesionales en relación a sus aranceles. La Agencia Nacional de Discapacidad viene con siete meses de no funcionamiento, no está resolviendo los problemas. Yhay toda una mirada del Estado nacional hasta negacionista en relación con los derechos adquiridos”.
Por último, los prestadores manifestaron sus quejas por la situación que están atravesando:“Trabajamos sin saber si vamos a cobrar. Los aranceles no cubren los costos básicos. Muchos colegas no pueden sostener la actividad”.