Luego del conflictivo proceso que las precedió, las elecciones presidenciales celebradas el domingo pasado en Bolivia han dado lugar a una crisis política de magnitud enorme, en la que las ya inconciliables diferencias entre los bandos en pugna se han profundizado hasta prácticamente dejar cerrada toda posibilidad de una salida negociada. Además de sus causas específicas, está claro que la situación es resultado de la degradación institucional a la que conducen las ambiciones de perpetuidad y acumulación de poder, a partir de las cuales la credibilidad de todos los actores de la vida pública queda en tela de juicio.
Dentro de la puja entre el presidente Evo Morales, que sostiene haber obtenido una diferencia sobre su principal rival suficiente para asegurarse su reelección sin necesidad de una segunda vuelta, y la oposición que advierte que no aceptará ningún resultado que excluya el balotaje, está claro que no son las cuestiones técnicas las que podrán dirimir quién tiene razón. Puede decirse, sí, que es extremadamente sugestivo que se haya interrumpido inexplicablemente el escrutinio provisorio con un margen de apenas el 7 por ciento, y que después de algunas extrañas oscilaciones la brecha se haya ampliado hasta los diez puntos y algunas centésimas, justo la que el oficialismo necesitaba.
La explicación de que los sufragios que faltaban contar provenían precisamente de las áreas más predispuestas a respaldar a Morales puede ser, ciertamente, atendible si se la toma en abstracto. En muchas elecciones, en todas las geografías -en la Argentina existe una rica experiencia en la materia-, pueden darse grandes diferencias, suficientes para cambiar el resultado final de manera significativa, entre el centro y la periferia, entre los sectores urbanos y rurales o entre una región y otra.
El problema aparece con la pretensión de que ese argumento sea digerido por quienes ya han sido sistemáticamente estafados por aquellos que ahora pretenden hacérselo creer. Debe recordarse, por lo pronto, que Morales modificó la Constitución boliviana para agenciarse su primera reelección, pasó por alto esa misma Constitución para obtener otra, llamó a un referéndum de dudosa legalidad para tratar de ir por un cuarto mandato, lo perdió, y aun así se presentó luego de arrancarle a la complaciente Justicia de su país un aval que probablemente bate récords en materia de desfachatez y cinismo.
Esto es, si ahora el tribunal electoral -que como todos los tribunales bolivianos guarda una marcada afinidad con el proceso político en curso y con quien lo conduce- dice que el oficialismo ganó en primera vuelta, ¿qué motivación puede existir para creer que es un árbitro imparcial, cuando esa misma Justicia dictaminó que impedirle al presidente presentarse a la reelección -en virtud de una cláusula constitucional diseñada por él mismo- constituía una violación a sus derechos humanos? Morales está acusando a medio país de “golpista”, pero su autoridad para presentarse como defensor de la legalidad institucional no parece precisamente de las más sólidas que pueden encontrarse en el ajetreado paisaje sudamericano.
La explicación de que los sufragios que faltaban contar provenían precisamente de las áreas más predispuestas a respaldar a Morales puede ser, ciertamente, atendible si se la toma en abstracto. En muchas elecciones, en todas las geografías -en la Argentina existe una rica experiencia en la materia-, pueden darse grandes diferencias, suficientes para cambiar el resultado final de manera significativa, entre el centro y la periferia, entre los sectores urbanos y rurales o entre una región y otra.
El problema aparece con la pretensión de que ese argumento sea digerido por quienes ya han sido sistemáticamente estafados por aquellos que ahora pretenden hacérselo creer. Debe recordarse, por lo pronto, que Morales modificó la Constitución boliviana para agenciarse su primera reelección, pasó por alto esa misma Constitución para obtener otra, llamó a un referéndum de dudosa legalidad para tratar de ir por un cuarto mandato, lo perdió, y aun así se presentó luego de arrancarle a la complaciente Justicia de su país un aval que probablemente bate récords en materia de desfachatez y cinismo.
Esto es, si ahora el tribunal electoral -que como todos los tribunales bolivianos guarda una marcada afinidad con el proceso político en curso y con quien lo conduce- dice que el oficialismo ganó en primera vuelta, ¿qué motivación puede existir para creer que es un árbitro imparcial, cuando esa misma Justicia dictaminó que impedirle al presidente presentarse a la reelección -en virtud de una cláusula constitucional diseñada por él mismo- constituía una violación a sus derechos humanos? Morales está acusando a medio país de “golpista”, pero su autoridad para presentarse como defensor de la legalidad institucional no parece precisamente de las más sólidas que pueden encontrarse en el ajetreado paisaje sudamericano.