Luego de haber generado el fuerte impacto que cabe esperar en un episodio de esa naturaleza, en un país donde el fantasma de la violencia política siempre está listo para reaparecer, el ataque a tiros contra un diputado nacional y un asesor, perpetrado a pocos metros del Congreso de la Nación, se presenta cada vez con mayor nitidez como un crimen con motivaciones totalmente ajenas a la actividad pública de las víctimas. La tranquilizadora comprobación de que ni las instituciones ni quienes las integran deben considerarse amenazados por este episodio expone en alguna medida el apresuramiento irresponsable de quienes, particularmente desde el Gobierno, reaccionaron en un primer momento sin la prudencia y la mesura que la situación requería.
La observación apunta en especial a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuya inmediata aparición en escena tuvo el sesgo de su habitual tendencia a la sobreactuación. Si bien las características del caso justificaban que diera la cara la principal autoridad del área desde donde debían llegar las respuestas, existió cierta contradicción entre la actitud de empezar a desestimar la hipótesis de un crimen político y afirmaciones como que se trató de la “constatación de las mafias que actúan en el país” o de que “hubo mucha inteligencia previa”.
Resulta llamativo que haya formulado estas apreciaciones mientras destacaba la torpeza y la improvisación exhibida por los atacantes, tal como se puede apreciar en el video cuya difusión permitió con una velocidad mayor a la acostumbrada. Aun antes de conocidos otros detalles capaces de brindar alguna orientación acerca del posible móvil, era obvio que los sicarios de una organización mafiosa –de la cual se debe presumir cierto nivel de profesionalismo- no irían a perpetrar un asesinato por encargo borrachos y en el automóvil particular de uno de ellos, y que cualquier rudimentaria tarea de “inteligencia” los llevaría a elegir un escenario con menor nivel de exposición.
Desde luego, Bullrich no fue la única en adjudicar tácitamente al hecho connotaciones políticas aun cuando formalmente estuviera desestimándolas. El senador Miguel Pichetto, por ejemplo, escribió por una red social que la “Argentina vuelve a bailar con los fantasmas de sus horas oscuras”, alusión al pasado trágico de los años 70 que no resulta menos inquietante por la pretensión poética con que se la enuncia. Y nada puede compararse a la inverosímil necedad de Luis D’Elía, que en un desborde paranoico rayano con lo irrisorio atribuyó el asesinato a “los servicios de inteligencia del macrismo” con el propósito de restarle notoriedad y cobertura a la presentación del libro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pero está claro que la principal responsabilidad de brindar información clara y precisa, con una exposición de los hechos que evite una sobrevaloración de los motivos para generar zozobra en la población, corresponde al gobierno nacional, cuya conspicua vocera parece haber intentado exagerar la sofisticación del ataque para exaltar la velocidad con que se iba esclareciendo. Una forma de presentar la información que está en línea con un discurso que, por privilegiar el manejo del impacto político de los sucesos sobre los que versa, la ha dejado mal parada en el pasado y continúa afectando su confiabilidad.
Resulta llamativo que haya formulado estas apreciaciones mientras destacaba la torpeza y la improvisación exhibida por los atacantes, tal como se puede apreciar en el video cuya difusión permitió con una velocidad mayor a la acostumbrada. Aun antes de conocidos otros detalles capaces de brindar alguna orientación acerca del posible móvil, era obvio que los sicarios de una organización mafiosa –de la cual se debe presumir cierto nivel de profesionalismo- no irían a perpetrar un asesinato por encargo borrachos y en el automóvil particular de uno de ellos, y que cualquier rudimentaria tarea de “inteligencia” los llevaría a elegir un escenario con menor nivel de exposición.
Desde luego, Bullrich no fue la única en adjudicar tácitamente al hecho connotaciones políticas aun cuando formalmente estuviera desestimándolas. El senador Miguel Pichetto, por ejemplo, escribió por una red social que la “Argentina vuelve a bailar con los fantasmas de sus horas oscuras”, alusión al pasado trágico de los años 70 que no resulta menos inquietante por la pretensión poética con que se la enuncia. Y nada puede compararse a la inverosímil necedad de Luis D’Elía, que en un desborde paranoico rayano con lo irrisorio atribuyó el asesinato a “los servicios de inteligencia del macrismo” con el propósito de restarle notoriedad y cobertura a la presentación del libro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pero está claro que la principal responsabilidad de brindar información clara y precisa, con una exposición de los hechos que evite una sobrevaloración de los motivos para generar zozobra en la población, corresponde al gobierno nacional, cuya conspicua vocera parece haber intentado exagerar la sofisticación del ataque para exaltar la velocidad con que se iba esclareciendo. Una forma de presentar la información que está en línea con un discurso que, por privilegiar el manejo del impacto político de los sucesos sobre los que versa, la ha dejado mal parada en el pasado y continúa afectando su confiabilidad.