La detención del funcionario de la Aduana de San Nicolás Adelmar Gutiérrez Chiapas por presunto enriquecimiento ilícito ha puesto al descubierto una trama delictiva que, en lo que constituye una rareza para los parámetros argentinos, no aparece por el momento vinculada a algún trasfondo político pese a localizarse en el ámbito de una estructura del Estado. En ese marco, la dimensión del monto de dinero de procedencia aparentemente ilícita detectado, que quizá constituya apenas una fracción del total, abre interrogantes sobre el alcance que podría tener en la Argentina la corrupción de carácter “privado” en ciertas áreas particularmente sensibles de la administración pública.
Según lo informado desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la causa judicial se originó en la denuncia de que Gutiérrez Chiapas había adquirido un campo valioso en la zona del partido bonaerense de Marcos Paz, algo incompatible con sus ingresos como funcionario de la Aduana. Pero con los avances de la investigación se determinó que esa era solamente una, y no precisamente la más importante, de las inconsistencias en su patrimonio, que incluye operaciones encubiertas “en al menos otras cuatro provincias” y hasta cuentas en el exterior por un total aproximado de 650.000 dólares "que no fueron exteriorizadas en las diversas declaraciones juradas” del sujeto en cuestión.
Toda esta información llegó a ser descubierta por la Fiscalía Federal de San Nicolás antes de solicitar la orden de detención, dictada porque Gutiérrez Chiapas había comenzado a demostrar con ciertos movimientos -como ocultar documentación, abrir y cerrar cajas de seguridad en instituciones bancarias, realizar viajes y desplazamientos sin explicación- que "tenía conocimiento de las medidas a producirse en el marco de la investigación" y estaba tratando de obstaculizarla. Hasta había dejado de utilizar líneas telefónicas que justamente acababan de ser intervenidas, algo que para el fiscal no podía ser una mera coincidencia.
Aun cuando la actividad delictiva de Gutiérrez Chiapas como funcionario aduanero parece haber llegado a su fin, queda un par de interrogantes que ciertamente potencian la inquietud que el caso debería generar en la opinión pública. Uno pasa por la certeza de que la acumulación de bienes que desencadenó la sospecha no pudo haberse originado de un momento para otro, sino que provino de una larga cadena de delitos cuya exacta naturaleza se desconoce, aunque sí puede darse por descontada la participación de otros actores: es decir, aquellos que le pagaban al funcionario infiel para beneficiarse con sus acciones u omisiones en el desempeño de su labor. Una línea de investigación que urge profundizar.
Pero además, cabe preguntarse cómo puede haber llegado a este punto un personaje relativamente opaco y anónimo, desde un puesto que aunque tiene cierta jerarquía no es precisamente gerencial. Si no operaba bajo la conducción o al menos la cobertura de un “pez más gordo”, que le garantizara la impunidad, Gutiérrez podía al menos contar con el respaldo de un sistema de control ineficiente y con una actutud no demasiado diligente y cuidadosa -por decirlo en términos amables- de sus superiores, a quienes también correspondería en esta instancia exigirles las respuestas del caso.
Toda esta información llegó a ser descubierta por la Fiscalía Federal de San Nicolás antes de solicitar la orden de detención, dictada porque Gutiérrez Chiapas había comenzado a demostrar con ciertos movimientos -como ocultar documentación, abrir y cerrar cajas de seguridad en instituciones bancarias, realizar viajes y desplazamientos sin explicación- que "tenía conocimiento de las medidas a producirse en el marco de la investigación" y estaba tratando de obstaculizarla. Hasta había dejado de utilizar líneas telefónicas que justamente acababan de ser intervenidas, algo que para el fiscal no podía ser una mera coincidencia.
Aun cuando la actividad delictiva de Gutiérrez Chiapas como funcionario aduanero parece haber llegado a su fin, queda un par de interrogantes que ciertamente potencian la inquietud que el caso debería generar en la opinión pública. Uno pasa por la certeza de que la acumulación de bienes que desencadenó la sospecha no pudo haberse originado de un momento para otro, sino que provino de una larga cadena de delitos cuya exacta naturaleza se desconoce, aunque sí puede darse por descontada la participación de otros actores: es decir, aquellos que le pagaban al funcionario infiel para beneficiarse con sus acciones u omisiones en el desempeño de su labor. Una línea de investigación que urge profundizar.
Pero además, cabe preguntarse cómo puede haber llegado a este punto un personaje relativamente opaco y anónimo, desde un puesto que aunque tiene cierta jerarquía no es precisamente gerencial. Si no operaba bajo la conducción o al menos la cobertura de un “pez más gordo”, que le garantizara la impunidad, Gutiérrez podía al menos contar con el respaldo de un sistema de control ineficiente y con una actutud no demasiado diligente y cuidadosa -por decirlo en términos amables- de sus superiores, a quienes también correspondería en esta instancia exigirles las respuestas del caso.