Los sucesos enmarcados en la captura y posterior liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del renombrado “Chapo” y caracterizado como uno de sus herederos en la conducción del también célebre Cártel de Sinaloa, marcan un hito inédito en la crónica de una guerra determinante para el futuro de las sociedades modernas, que siguen sin encontrar motivos para ser optimistas respecto de su resultado. Si bien las muestras de poder del crimen organizado son constantes en todas las latitudes, y muy en especial en los territorios donde han llegado a erigir “estados paralelos”, es probable que no existan antecedentes en términos de exhibición de debilidad por parte de las instituciones legales como las que en esta oportunidad han colmado toda capacidad de asombro.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha explicado que “no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”, y dado que la perspectiva ante el levantamiento narco que sucedió a la detención de Guzmán, un “ejército” que aparentemente superaba en número, en poder de fuego y en determinación a las fuerzas oficiales, es difícil negarle razonabilidad al argumento. Esto es, el temor de que efectivamente ocurriera una masacre no parece en absoluto haber sido producto de la exageración, y acaso sería injusto condenar la decisión de evitar un desenlace trágico sin al menos contextualizarla.
Pero en cualquier caso, no se puede negar la contundencia del mensaje de rendición incondicional que el Estado mexicano ha emitido, frente a un enemigo ante el cual reconoce su impotencia. Si el narcotráfico ya había insinuado ostentar un poder mayor que el de muchos gobiernos que lo ejercen formalmente a través de sus manejos de sumas exhorbitantes capaces de comprar todas o casi todas las voluntades que quieran oponérsele, ahora da la impresión de estar en condiciones de imponerse por el mero imperio de la fuerza bruta, para no admitir ni siquiera las limitadas y en general vanas acciones que se emprenden en su contra con resultados en general englobados en el gatopardismo.
Es decir, no parece haber motivos para esperar que la detención de Ovidio Guzmán llegara a tener un impacto real significativo sobre la problemática global del narcotráfico y sus aspectos puntuales, desde el gobierno real que ejerce en los territorios que controla hasta la cantidad de droga que circula en las calles norteamericanas. Probablemente los cambios operados resultarían tan escuetos, superficiales y cosméticos como los sucedidos luego de la detención de su padre, o todavía menos. Pero ni siquiera esta especie de simulacro de que se está haciendo algo, que es la captura de un criminal cuyo puesto será rápidamente ocupado por otro, o el desbaratamiento de una organización que asimismo será reemplazada con igual velocidad, le está ahora permitido al poder institucional.
En este contexto, sería una muestra de ingenuidad adjudicar esta penosa experiencia, que potencia la soberbia del crimen organizado, a una supuesta “cobardía” de López Obrador o de su gobierno. O a la propia condición de “Estado fallido” que ostenta México a partir del desparpajo con que el narcotráfico ha pasado de montar gobiernos paralelos a ostentar en algunos territorios la única autoridad digna de tal nombre, de acuerdo con un modelo frente al cual otros países, inclusive el nuestro, podrían estar mucho menos alejados de lo que acaso creen.
Pero en cualquier caso, no se puede negar la contundencia del mensaje de rendición incondicional que el Estado mexicano ha emitido, frente a un enemigo ante el cual reconoce su impotencia. Si el narcotráfico ya había insinuado ostentar un poder mayor que el de muchos gobiernos que lo ejercen formalmente a través de sus manejos de sumas exhorbitantes capaces de comprar todas o casi todas las voluntades que quieran oponérsele, ahora da la impresión de estar en condiciones de imponerse por el mero imperio de la fuerza bruta, para no admitir ni siquiera las limitadas y en general vanas acciones que se emprenden en su contra con resultados en general englobados en el gatopardismo.
Es decir, no parece haber motivos para esperar que la detención de Ovidio Guzmán llegara a tener un impacto real significativo sobre la problemática global del narcotráfico y sus aspectos puntuales, desde el gobierno real que ejerce en los territorios que controla hasta la cantidad de droga que circula en las calles norteamericanas. Probablemente los cambios operados resultarían tan escuetos, superficiales y cosméticos como los sucedidos luego de la detención de su padre, o todavía menos. Pero ni siquiera esta especie de simulacro de que se está haciendo algo, que es la captura de un criminal cuyo puesto será rápidamente ocupado por otro, o el desbaratamiento de una organización que asimismo será reemplazada con igual velocidad, le está ahora permitido al poder institucional.
En este contexto, sería una muestra de ingenuidad adjudicar esta penosa experiencia, que potencia la soberbia del crimen organizado, a una supuesta “cobardía” de López Obrador o de su gobierno. O a la propia condición de “Estado fallido” que ostenta México a partir del desparpajo con que el narcotráfico ha pasado de montar gobiernos paralelos a ostentar en algunos territorios la única autoridad digna de tal nombre, de acuerdo con un modelo frente al cual otros países, inclusive el nuestro, podrían estar mucho menos alejados de lo que acaso creen.