Cuando la impunidad importa más que el federalismo
El proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial jujeño que comenzó a debatirse en el Senado de la Nación surge de la firme convicción de una parte del oficialismo de que su llegada al poder los habilita a hacer lo necesario para garantizar la impunidad de quienes reconocen como integrantes de su mismo espacio, como si el voto popular les hubiera conferido una absolución.
La apertura del tratamiento en el Senado del proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy ha exhibido descarnadamente una cara particularmente infortunada de la lucha política, que en este caso no pasa por el debate de proyectos o líneas de acción, sino por la posibilidad de que los delitos cometidos desde el poder sean sancionados o no de acuerdo con factores que nada tienen que ver con las responsabilidades objetivas de los acusados. Se trata de una distorsión con creciente presencia en la agenda pública, a partir de la firme convicción de una parte del oficialismo de que su llegada al poder los habilita a hacer lo necesario para garantizar la impunidad de quienes reconocen como integrantes de su mismo espacio, como si el voto popular les hubiera conferido una absolución.
El autor del proyecto, el senador Guillermo Snopek, afirma que su arremetida contra la “falta de independencia” de la Justicia de su provincia no tiene nada que ver con una supuesta intención, como denuncia el gobernador Gerardo Morales con el respaldo del radicalismo y de Juntos por el Cambio, de beneficiar procesalmente o de lograr la libertad de Milagro Sala. Resulta irrisorio que ni siquiera le crean los propios seguidores de la dirigente social, que se manifestaron frente al Congreso para respaldar la iniciativa con carteles que apuntan sin ambigüedades a ese objetivo. Incluso llama la atención que el exministro Julio De Vido haya atribuido implícitamente el proyecto a la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto del que participó para festejar su reciente liberación.
Dejando de lado cualquier especulación sobre su verdadera autoría, es indudable que si se buscan argumentos para legitimar el proyecto no es tan difícil hallarlos. A poco de asumir el cargo en diciembre de 2015, Morales impulsó una ley para ampliar el número de integrantes del Tribunal Superior jujeño, y dos de los cuatro nuevos jueces que nombró eran legisladores del radicalismo. De cualquier forma, el gobernador recuerda que ambos se han excusado de actuar en las causas que involucran a Sala, contra quien han fallado en diferentes instancias decenas de jueces, la gran mayoría de los cuales no fueron designados por él sino por mandatarios peronistas que lo precedieron.
En ese marco, es más que probable que el principio de división de poderes no funcione a la perfección en Jujuy. Pero esto está en línea con una realidad a la que no escapa ninguna de las provincias argentinas; y no existe la menor duda de que en varias de ellas, la dependencia funcional de la Justicia respecto del Ejecutivo es muchísimo más estrecha, a punto tal que un fallo contrario a los intereses de gobiernos que llevan décadas en el poder resulta directamente impensable. Sin embargo, a nadie se le ocurre aplicar un “remedio” tan traumático como la intervención federal, que en tanto constituye un atropello violento de las autonomías provinciales que están en la esencia de nuestro sistema de gobierno debería reservarse a casos extremos, de caos institucional y con la gobernabilidad jaqueada.
Más allá de las excusas que puedan esgrimirse, el verdadero motivo por el cual existe este proyecto es que para un importante sector del oficialismo resolver la situación de una “compañera” con cuatro condenas por corrupción y actos de violencia sobre sus espaldas, una de las cuales, inclusive, ya está firme por decisión de la Corte Suprema nacional, justifica virtualmente cualquier cosa. Habrá que ver cómo responde la otra parte de ese mismo oficialismo, que se supone más consciente de sus responsabilidades institucionales.
Comentá esta nota
Comentá esta nota
El autor del proyecto, el senador Guillermo Snopek, afirma que su arremetida contra la “falta de independencia” de la Justicia de su provincia no tiene nada que ver con una supuesta intención, como denuncia el gobernador Gerardo Morales con el respaldo del radicalismo y de Juntos por el Cambio, de beneficiar procesalmente o de lograr la libertad de Milagro Sala. Resulta irrisorio que ni siquiera le crean los propios seguidores de la dirigente social, que se manifestaron frente al Congreso para respaldar la iniciativa con carteles que apuntan sin ambigüedades a ese objetivo. Incluso llama la atención que el exministro Julio De Vido haya atribuido implícitamente el proyecto a la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto del que participó para festejar su reciente liberación.
Dejando de lado cualquier especulación sobre su verdadera autoría, es indudable que si se buscan argumentos para legitimar el proyecto no es tan difícil hallarlos. A poco de asumir el cargo en diciembre de 2015, Morales impulsó una ley para ampliar el número de integrantes del Tribunal Superior jujeño, y dos de los cuatro nuevos jueces que nombró eran legisladores del radicalismo. De cualquier forma, el gobernador recuerda que ambos se han excusado de actuar en las causas que involucran a Sala, contra quien han fallado en diferentes instancias decenas de jueces, la gran mayoría de los cuales no fueron designados por él sino por mandatarios peronistas que lo precedieron.
En ese marco, es más que probable que el principio de división de poderes no funcione a la perfección en Jujuy. Pero esto está en línea con una realidad a la que no escapa ninguna de las provincias argentinas; y no existe la menor duda de que en varias de ellas, la dependencia funcional de la Justicia respecto del Ejecutivo es muchísimo más estrecha, a punto tal que un fallo contrario a los intereses de gobiernos que llevan décadas en el poder resulta directamente impensable. Sin embargo, a nadie se le ocurre aplicar un “remedio” tan traumático como la intervención federal, que en tanto constituye un atropello violento de las autonomías provinciales que están en la esencia de nuestro sistema de gobierno debería reservarse a casos extremos, de caos institucional y con la gobernabilidad jaqueada.
Más allá de las excusas que puedan esgrimirse, el verdadero motivo por el cual existe este proyecto es que para un importante sector del oficialismo resolver la situación de una “compañera” con cuatro condenas por corrupción y actos de violencia sobre sus espaldas, una de las cuales, inclusive, ya está firme por decisión de la Corte Suprema nacional, justifica virtualmente cualquier cosa. Habrá que ver cómo responde la otra parte de ese mismo oficialismo, que se supone más consciente de sus responsabilidades institucionales.
Noticias Relacionadas