Cuando pedir perdón no es suficiente
Luego de que la responsabilidad institucional de la Iglesia en los abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Mendoza quedara claramente demostrada por la propia tenebrosa historia de este establecimiento, las sospechas de que el encubrimiento persiste no pueden menos que poner en duda la existencia de un sincero cambio de actitud por parte de quienes supuestamente están intentando reconciliarse con la sociedad.
A pocos días de conocidas las duras condenas dictadas contra dos sacerdotes y un colaborador laico por los abusos sexuales cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza, la citación de la Justicia de esa provincia al vicario judicial enviado por el Vaticano para seguir la investigación ratifica que queda mucho por aclarar en relación con el caso. Luego de que la responsabilidad institucional de la Iglesia quedara claramente demostrada por la propia tenebrosa historia de este establecimiento, las sospechas de que el encubrimiento persiste no pueden menos que poner en duda la existencia de un sincero cambio de actitud por parte de quienes supuestamente están intentando reconciliarse con la sociedad.
Como se recordó la semana pasada al conocerse el resultado del juicio, el que se dirimió es uno de los más aberrantes crímenes en su tipo cometidos en la Argentina, tanto por el número de involucrados, su prolongación en el tiempo y, sobre todo, la vulnerabilidad de las víctimas, niños y adolescentes hipoacúsicos provenientes de familias humildes, victimizados por quienes en teoría los estaban cuidando. El horror se multiplicaba por la historia de uno de los condenados, trasladado desde Italia luego de que surgieran las primeras denuncias en el Instituto Próvolo de allí, y luego de La Plata a Mendoza a raíz de un incidente similar. Esto multiplica la responsabilidad de la Iglesia, ya que no sólo protegía a los depredadores sexuales sacándolos de la escena de sus crímenes, sino que los llevaba a donde podían conseguir nuevas víctimas.
Ahora, la Fiscalía citó a declarar al vicario enviado por el papa Francisco hace dos años para seguir la marcha de la investigación judicial, Dante Simón, acusado de ocultamiento de pruebas. Lo hizo a pedido de la querella, que lo denunció “por entorpecimiento probatorio, obstrucción de la Justicia, desobediencia más falso testimonio”, por lo cual deberá presentarse a prestar una declaración informativa, que podría derivar en imputación, el 17 de este mes.
Según el abogado que defendió a las víctimas abusadas por los sacerdotes condenados la semana pasada, Simón obtuvo de la Justicia parte de los expedientes relacionados con el caso, a cambio de una promesa de reciprocidad en el suministro de información que nunca cumplió. Para el abogado que representó a las víctimas de los condenados días atrás, el enviado del Papa “declaró poco y siempre con una postura reticente”, una conducta que no sería estrictamente personal. “Aún se aguardan respuestas por parte de la Iglesia, que optó por la negativa de informar la investigación interna que ellos llevaron adelante, amparados en un concordado de 1968 que les permite negar el acceso a la información a las víctimas a pesar de haber sido declarado inconstitucional”, explicó.
Más allá de los fundamentos legales, parece evidente que las obligaciones de la Iglesia no se agotan exclusivamente en las que debe cumplir ante la Justicia. Después de todo lo develado en torno de los abusos por parte de un gran número de sus miembros, este no es un tema en que quede margen para el secretismo y las excusas para guardarse información. Los pedidos de disculpas y los compromisos de trabajar para erradicar las conductas aberrantes son bienvenidos, pero corren el riesgo de ser sospechados en su sinceridad si no se los avala con una actitud transparente, activa y decidida con la Justicia y con la sociedad, en el entendimiento de que el silencio no puede nunca constituir un recurso eficaz para lavar sus culpas.
Como se recordó la semana pasada al conocerse el resultado del juicio, el que se dirimió es uno de los más aberrantes crímenes en su tipo cometidos en la Argentina, tanto por el número de involucrados, su prolongación en el tiempo y, sobre todo, la vulnerabilidad de las víctimas, niños y adolescentes hipoacúsicos provenientes de familias humildes, victimizados por quienes en teoría los estaban cuidando. El horror se multiplicaba por la historia de uno de los condenados, trasladado desde Italia luego de que surgieran las primeras denuncias en el Instituto Próvolo de allí, y luego de La Plata a Mendoza a raíz de un incidente similar. Esto multiplica la responsabilidad de la Iglesia, ya que no sólo protegía a los depredadores sexuales sacándolos de la escena de sus crímenes, sino que los llevaba a donde podían conseguir nuevas víctimas.
Ahora, la Fiscalía citó a declarar al vicario enviado por el papa Francisco hace dos años para seguir la marcha de la investigación judicial, Dante Simón, acusado de ocultamiento de pruebas. Lo hizo a pedido de la querella, que lo denunció “por entorpecimiento probatorio, obstrucción de la Justicia, desobediencia más falso testimonio”, por lo cual deberá presentarse a prestar una declaración informativa, que podría derivar en imputación, el 17 de este mes.
Según el abogado que defendió a las víctimas abusadas por los sacerdotes condenados la semana pasada, Simón obtuvo de la Justicia parte de los expedientes relacionados con el caso, a cambio de una promesa de reciprocidad en el suministro de información que nunca cumplió. Para el abogado que representó a las víctimas de los condenados días atrás, el enviado del Papa “declaró poco y siempre con una postura reticente”, una conducta que no sería estrictamente personal. “Aún se aguardan respuestas por parte de la Iglesia, que optó por la negativa de informar la investigación interna que ellos llevaron adelante, amparados en un concordado de 1968 que les permite negar el acceso a la información a las víctimas a pesar de haber sido declarado inconstitucional”, explicó.
Más allá de los fundamentos legales, parece evidente que las obligaciones de la Iglesia no se agotan exclusivamente en las que debe cumplir ante la Justicia. Después de todo lo develado en torno de los abusos por parte de un gran número de sus miembros, este no es un tema en que quede margen para el secretismo y las excusas para guardarse información. Los pedidos de disculpas y los compromisos de trabajar para erradicar las conductas aberrantes son bienvenidos, pero corren el riesgo de ser sospechados en su sinceridad si no se los avala con una actitud transparente, activa y decidida con la Justicia y con la sociedad, en el entendimiento de que el silencio no puede nunca constituir un recurso eficaz para lavar sus culpas.