El caso del “justiciero” que se hizo pasar por su hija para localizar al sujeto que intentaba seducirla por las redes sociales y terminó dándole una paliza ha instalado en la sociedad dos categorías de debate que se vinculan en una preocupación común por las formas de lidiar contra la inseguridad. Por un lado aparece la vieja controversia en torno de la mal llamada “justicia por mano propia”, con su desgastado intercambio de argumentos inconciliables, y por otro la elevación al primer plano del “grooming”, uno de los delitos asociados a las nuevas tecnologías frente a los cuales el sistema penal todavía busca la manera de actuar correctamente.
Sobre lo primero, no puede menos que insistirse en reprobar la actitud del padre ofendido, que en su enceguecida búsqueda de castigar al acosador hasta llegó a descuidar su propia seguridad. Desde luego, se puede empatizar con su indignación, pero no soslayar que sólo el reconocimiento de las instituciones establecidas para canalizar las demandas de justicia vuelve posible concebir la existencia de una sociedad civilizada. Sin esas instituciones, la vida sería muchísimo más peligrosa para todos, incluida la de la niña que estaba tratando de proteger.
Sin embargo, y sin que esto signifique un intento de justificación, es preciso remarcar que la corriente de opinión que aplaude el comportamiento del padre agresor recibe, en cierto modo, un implícito aval de la propia justicia: el dato de que el acosador y presunto pedófilo, o como mínimo pornógrafo infantil, ya estaba en libertad cuando se difundió la noticia de la golpiza, es por mucho margen lo más difícil de entender y de digerir de este caso.
Las razones jurídicas de semejante despropósito, que implica que antes de recuperarse de los golpes el sujeto en cuestión ya podría haber estado acosando a otra niña, pueden entenderse: el abuso sexual no llegó a consumarse, y el acercamiento por medio del grooming tiene una escala penal modesta que no justifica la prisión preventiva. En ese sentido, se ha informado que el proyecto de Código Penal actualmente en proceso de elaboración se propone tratar este crimen con más rigor, lo que sin duda es bienvenido.
Pero por lo pronto, lo ocurrido transmite el mensaje de que si no hubiera habido justicia por mano propia, no habría habido justicia en absoluto. En alguna medida, es como si las instituciones que la sociedad tiene como reaseguro de que no deberá regirse por la ley de la selva renunciaran a su función de neutralizar el peligro que implican los peores depredadores, e invitaran a los ciudadanos comunes a hacerse cargo de ellos personalmente.
Sin embargo, y sin que esto signifique un intento de justificación, es preciso remarcar que la corriente de opinión que aplaude el comportamiento del padre agresor recibe, en cierto modo, un implícito aval de la propia justicia: el dato de que el acosador y presunto pedófilo, o como mínimo pornógrafo infantil, ya estaba en libertad cuando se difundió la noticia de la golpiza, es por mucho margen lo más difícil de entender y de digerir de este caso.
Las razones jurídicas de semejante despropósito, que implica que antes de recuperarse de los golpes el sujeto en cuestión ya podría haber estado acosando a otra niña, pueden entenderse: el abuso sexual no llegó a consumarse, y el acercamiento por medio del grooming tiene una escala penal modesta que no justifica la prisión preventiva. En ese sentido, se ha informado que el proyecto de Código Penal actualmente en proceso de elaboración se propone tratar este crimen con más rigor, lo que sin duda es bienvenido.
Pero por lo pronto, lo ocurrido transmite el mensaje de que si no hubiera habido justicia por mano propia, no habría habido justicia en absoluto. En alguna medida, es como si las instituciones que la sociedad tiene como reaseguro de que no deberá regirse por la ley de la selva renunciaran a su función de neutralizar el peligro que implican los peores depredadores, e invitaran a los ciudadanos comunes a hacerse cargo de ellos personalmente.