El direccionamiento ideológico de una investigación judicial
La acusación contra Patricia Bullrich por liderar una supuesta conspiración contra el pueblo mapuche, dentro de la cual conviven circunstancias objetivamente pasibles de ser motivo de investigación con declaraciones de inequívoco tinte político cargadas de subjetividad, transmite la impresión de que al menos en el tratamiento de ciertas problemáticas la imparcialidad y la independencia de la Justicia se vuelven parte de una utopía imposible de alcanzar.
A pocos días de dejar un cargo que durante cuatro años la colocó en el ojo de la tormenta, como una de las integrantes del gabinete nacional con mayor nivel de exposición, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha sido imputada, junto con otros funcionarios de su área, por un supuesto plan para desacreditar a la comunidad mapuche, despojarla de las tierras que reclaman sus activistas en distintos lugares de la Patagonia y beneficiar así a quienes tienen intereses económicos en esas regiones. La acusación del fiscal Franco Picardi, dentro de la cual conviven circunstancias objetivamente pasibles de ser motivo de investigación con declaraciones de inequívoco tinte político cargadas de subjetividad, transmite la impresión de que al menos en el tratamiento de ciertas problemáticas -y la que nos ocupa en esta oportunidad lo ha demostrado con frecuencia- la imparcialidad y la independencia de la Justicia se vuelven parte de una utopía imposible de alcanzar.
El plan en cuestión, según Picardi, tiene el objeto de "coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro” llevados a cabo por personas que “tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno federal". Y menciona entre esas acciones la “creación de un grupo terrorista inexistente”, por la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la coordinación de operativos de inteligencia ilegal con los Carabineros de Chile.
Desde luego, se trata de acusaciones de enorme gravedad que deberían ser dilucidadas mediante una evaluación serena e imparcial de las evidencias que puedan reunirse. El problema es que el funcionario judicial que las realiza parece totalmente imposibilitado de separar los hechos de su lectura política. Por ejemplo, cuando deduce de la nada que “la planificación ilícita aludida tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno". Salvo que Picardi tenga la facultad de meterse dentro del cerebro de Bullrich, no se entiende cómo puede haber llegado a semejante conclusión. Aunque acaso otorgue algo de luz recordar que el hoy fiscal trabajaba en el Ministerio de Justicia durante la administración de Cristina Kirchner y obtuvo su cargo actual a través de un concurso en su momento duramente cuestionado.
Vale destacar que apenas días atrás fue revocada en Casación la resolución de segunda instancia que caratulaba la muerte del mapuche Rafael Nahuel como un asesinato cometido por un prefecto -y que uno de los camaristas que la firmó había inscripto justamente como parte de un plan criminal similar al ahora imaginado por Picardi- para avalar la versión de Bullrich de que existió un enfrentamiento y los efectivos de la fuerza respondieron a una agresión. Las idas y vueltas en torno de este caso reflejan interpretaciones de los mismos hechos tan diferentes entre sí que sólo pueden explicarse en las diferencias ideológicas entre quienes las emiten.
Si en el manejo del conflicto mapuche se cometieron desde el Estado irregularidades o hasta deli- tos, es preciso esclarecerlo. Pero a una Justicia tan contaminada políticamente resultará imposible creerle aun cuando ocasionalmente pueda hallar alguna verdad.
El plan en cuestión, según Picardi, tiene el objeto de "coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro” llevados a cabo por personas que “tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno federal". Y menciona entre esas acciones la “creación de un grupo terrorista inexistente”, por la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la coordinación de operativos de inteligencia ilegal con los Carabineros de Chile.
Desde luego, se trata de acusaciones de enorme gravedad que deberían ser dilucidadas mediante una evaluación serena e imparcial de las evidencias que puedan reunirse. El problema es que el funcionario judicial que las realiza parece totalmente imposibilitado de separar los hechos de su lectura política. Por ejemplo, cuando deduce de la nada que “la planificación ilícita aludida tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno". Salvo que Picardi tenga la facultad de meterse dentro del cerebro de Bullrich, no se entiende cómo puede haber llegado a semejante conclusión. Aunque acaso otorgue algo de luz recordar que el hoy fiscal trabajaba en el Ministerio de Justicia durante la administración de Cristina Kirchner y obtuvo su cargo actual a través de un concurso en su momento duramente cuestionado.
Vale destacar que apenas días atrás fue revocada en Casación la resolución de segunda instancia que caratulaba la muerte del mapuche Rafael Nahuel como un asesinato cometido por un prefecto -y que uno de los camaristas que la firmó había inscripto justamente como parte de un plan criminal similar al ahora imaginado por Picardi- para avalar la versión de Bullrich de que existió un enfrentamiento y los efectivos de la fuerza respondieron a una agresión. Las idas y vueltas en torno de este caso reflejan interpretaciones de los mismos hechos tan diferentes entre sí que sólo pueden explicarse en las diferencias ideológicas entre quienes las emiten.
Si en el manejo del conflicto mapuche se cometieron desde el Estado irregularidades o hasta deli- tos, es preciso esclarecerlo. Pero a una Justicia tan contaminada políticamente resultará imposible creerle aun cuando ocasionalmente pueda hallar alguna verdad.