Pocas horas después de que el flamante presidente Alberto Fernández sentenciara en su discurso ante la Asamblea Legislativa aquello de "Cuando la política entra por la puerta de los Tribunales, la Justicia sale por la ventana", la disposición de la Cámara de Casación Penal que permite volver a sus casas al exministro Julio De Vido y a su colaborador y ladero Roberto Baratta parece darle la razón en un sentido que seguramente no era el buscado con la apelación a la vieja y conocida cita. Si en cualquier evaluación de la permanencia en prisión de estos y otros exfuncio- narios del gobierno de Cristina Kirchner resulta inevitable la sospecha de motivaciones no estrictamente jurídicas, su puesta en libertad en este preciso momento transforma esa sospecha en certeza, con una contundencia que ciertamente profundiza el descrédito de un poder fundamental para la República.
El encarcelamiento de De Vido, uno de los más destacados entre los muchos de su tipo -por la importancia del personaje y por haber demandado un proceso de desafuero en que sus propios compañeros de bancada declinaron defenderlo- es cuestionado con diferentes argumentos, entre los cuales es preciso empezar por descartar el que constituye una mentira abierta y grosera: nunca fue un “preso político”. Claramente, no fue detenido por sus ideas o sus convicciones, sino por la probable comisión de delitos en el manejo de los recursos públicos que estaban bajo su responsabilidad. Es decir, se lo acusa de robar, incluyendo un caso en que ese latrocinio derivó en la muerte de decenas de personas, y de hacerlo no de manera incidental u oportunista sino en el contexto de un esquema organizado en parte por él mismo.
Esto no significa que el encierro de De Vido –y el de la mayoría de los llamados “presos K”, exfuncionarios o no– no pueda ser cuestionado por otro motivo, desde el principio jurídico de que todo acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, con lo que mientras se someta a las reglas fijadas para el proceso y hasta tanto no exista condena firme, la norma debería ser que permanezca en libertad ambulatoria. La prisión preventiva está reservada para los casos en que existe riesgo de fuga o posibilidades reales de entorpecimiento de la investigación, por lo que aplicarla a políticos caídos en desgracia y sin ese “poder residual” que caprichosamente se les ha atribuido parece producto de una interpretación forzada.
Ahora bien, si por tales circunstancias tiene sentido atribuir esas preventivas a presiones o meras “expresiones de deseos” del gobierno de Mauricio Macri –combinadas con una hipotética venganza de jueces y fiscales contra integrantes de una administración que ciertamente quiso manejar el Poder Judicial y de hecho logró “apropiarse” de parte de él–, la misma especulación cabe ahora respecto de las medidas que disponen lo contrario. Haya habido o no algún tipo de intervención por parte de un operador de los que Fernández dice querer librarse, es obvio que un juez no puede fallar de manera libre y sin condicionamientos en una materia en la que el propio Presidente de la Nación ha asumido posiciones tan tajantes y descalificado con tanta energía a quienes no las comparten.
Quizá Fernández tenga razón y De Vido no debería haber pasado años en la cárcel sin ser condenado. Y seguramente la tiene cuando dice que “Una Justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada”. Pero las liberaciones que se producen justo mientras las está reclamando no lo ayudan a dotar de credibilidad a las reformas que plantea, ni a sus afirmaciones de que desea una Justicia independiente del poder político.
Esto no significa que el encierro de De Vido –y el de la mayoría de los llamados “presos K”, exfuncionarios o no– no pueda ser cuestionado por otro motivo, desde el principio jurídico de que todo acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, con lo que mientras se someta a las reglas fijadas para el proceso y hasta tanto no exista condena firme, la norma debería ser que permanezca en libertad ambulatoria. La prisión preventiva está reservada para los casos en que existe riesgo de fuga o posibilidades reales de entorpecimiento de la investigación, por lo que aplicarla a políticos caídos en desgracia y sin ese “poder residual” que caprichosamente se les ha atribuido parece producto de una interpretación forzada.
Ahora bien, si por tales circunstancias tiene sentido atribuir esas preventivas a presiones o meras “expresiones de deseos” del gobierno de Mauricio Macri –combinadas con una hipotética venganza de jueces y fiscales contra integrantes de una administración que ciertamente quiso manejar el Poder Judicial y de hecho logró “apropiarse” de parte de él–, la misma especulación cabe ahora respecto de las medidas que disponen lo contrario. Haya habido o no algún tipo de intervención por parte de un operador de los que Fernández dice querer librarse, es obvio que un juez no puede fallar de manera libre y sin condicionamientos en una materia en la que el propio Presidente de la Nación ha asumido posiciones tan tajantes y descalificado con tanta energía a quienes no las comparten.
Quizá Fernández tenga razón y De Vido no debería haber pasado años en la cárcel sin ser condenado. Y seguramente la tiene cuando dice que “Una Justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada”. Pero las liberaciones que se producen justo mientras las está reclamando no lo ayudan a dotar de credibilidad a las reformas que plantea, ni a sus afirmaciones de que desea una Justicia independiente del poder político.