Entre las muchas notas al margen que dejó la ceremonia de traspaso del mando del martes, probablemente una de las más significativas haya resultado el retiro anticipado del principal enviado del gobierno de los Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, quien no solo canceló la reunión que tenía prevista para el día siguiente con el presidente Alberto Fernández sino que ni siquiera se quedó para presenciar su juramento. Más allá de la anécdota, el episodio refleja las dificultades que habrá de enfrentar la nueva administración para llevar adelante de manera equilibrada sus relaciones con los diferentes actores del escenario mundial en un contexto en que obviamente algunos de ellos no están dispuestos a facilitárselo.
Claver-Carone se marchó fundamentalmente debido a la presencia del ministro venezolano Jorge Rodríguez, enviado del régimen de Nicolás Maduro, aunque su disgusto también se extendió a la del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y, posiblemente, a la posición asumida por Fernández frente a la crisis de Bolivia, que incluye la no invitación al gobierno emanado del reciente golpe de Estado y a la posibilidad, luego concretada, de que Evo Morales pasara a recibir de la Argentina el asilo del que gozaba en México. El funcionario se quejó específicamente de que a su gobierno no se le había comunicado previamente sobre la asistencia de Rodríguez, que tiene la prohibición de ingreso en varios países por estar acusado de diversos crímenes.
Desde luego, esta explicación suscita la pregunta sobre si realmente el anfitrión de una fiesta está obligado a comunicarle a cada invitado sobre quiénes concurrirán además de él, como si se le concediera una especie de poder de veto sobre la lista. Y la respuesta no puede sino ser negativa. Pero queda claro que, al menos bajo la dirección actual, los Estados Unidos creen disponer de ese derecho, así como el de ofenderse si no se le reconoce.
Son expresivas las advertencias no demasiado veladas de Claver-Carone, en el sentido de que su gobierno tiene la más amplia predisposición para trabajar junto a la Argentina (entre otras cosas, para ayudarla en su renegociación con el FMI), pero que en nuestro país se debería comprender que no puede esperar nada positivo de la relación con “esos dictadores de segunda y tercera categoría”, por lo cual debería establecer sus prioridades y no dar estas “desagradables sorpresas” como la que significó para él la presencia de Rodríguez. Si bien hubo otros representantes de su país en la jura y la reunión cancelada por él se desarrolló con otro protagonista, los términos que apenas si se molestan en disimular su carácter cuasi extorsivo son inaceptables para el gobierno de un país soberano.
En esta página se ha señalado que Venezuela está gobernada por un régimen cuyos niveles de ineptitud y corrupción superan todos los límites, que viola abiertamente derechos humanos elementales y expulsa a su población por la violencia o el hambre, por lo cual el gobierno de Alberto Fernández haría bien en tomar toda la distancia posible: pero debería hacerlo por decisión propia y no por imposición de una potencia extranjera. Lamentablemente, el gobierno de Donald Trump no se caracteriza precisamente por su apego a los principios de la autodeterminación de los pueblos, ni siquiera a los principios de una diplomacia razonable. Algo que le augura a Fernández un vínculo bilateral complicado, por más que en este caso es él –y también la Argentina- quien tiene derecho a sentirse ofendido por el desplante.
Desde luego, esta explicación suscita la pregunta sobre si realmente el anfitrión de una fiesta está obligado a comunicarle a cada invitado sobre quiénes concurrirán además de él, como si se le concediera una especie de poder de veto sobre la lista. Y la respuesta no puede sino ser negativa. Pero queda claro que, al menos bajo la dirección actual, los Estados Unidos creen disponer de ese derecho, así como el de ofenderse si no se le reconoce.
Son expresivas las advertencias no demasiado veladas de Claver-Carone, en el sentido de que su gobierno tiene la más amplia predisposición para trabajar junto a la Argentina (entre otras cosas, para ayudarla en su renegociación con el FMI), pero que en nuestro país se debería comprender que no puede esperar nada positivo de la relación con “esos dictadores de segunda y tercera categoría”, por lo cual debería establecer sus prioridades y no dar estas “desagradables sorpresas” como la que significó para él la presencia de Rodríguez. Si bien hubo otros representantes de su país en la jura y la reunión cancelada por él se desarrolló con otro protagonista, los términos que apenas si se molestan en disimular su carácter cuasi extorsivo son inaceptables para el gobierno de un país soberano.
En esta página se ha señalado que Venezuela está gobernada por un régimen cuyos niveles de ineptitud y corrupción superan todos los límites, que viola abiertamente derechos humanos elementales y expulsa a su población por la violencia o el hambre, por lo cual el gobierno de Alberto Fernández haría bien en tomar toda la distancia posible: pero debería hacerlo por decisión propia y no por imposición de una potencia extranjera. Lamentablemente, el gobierno de Donald Trump no se caracteriza precisamente por su apego a los principios de la autodeterminación de los pueblos, ni siquiera a los principios de una diplomacia razonable. Algo que le augura a Fernández un vínculo bilateral complicado, por más que en este caso es él –y también la Argentina- quien tiene derecho a sentirse ofendido por el desplante.