La presentación del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, redactado por una comisión formada por una veintena de especialistas en Derecho Procesal, se añade a otras iniciativas previas mediante las cuales el gobierno de Mauricio Macri ha intentado mejorar el funcionamiento del servicio de Justicia. Aun cuando el abordaje de algunos aspectos que reiteradamente han sido señalados como susceptibles de ser reformados debería abrir expectativas favorables respecto de la propuesta, resulta inevitable en esta instancia preguntarse sobre sus posibilidades de prosperar en una transición política poco apta para hacerse cargo de asuntos que trasciendan lo estrictamente coyuntural.
De acuerdo con los fundamentos explicitados en la información oficial, la propuesta del Ejecutivo pone el eje en "la oralidad efectiva y el uso de tecnologías como la videograbación de audiencias, el expediente electrónico y la declaración vía videoconferencia”. Los objetivos principales pasan por “disminuir los tiempos de los procesos y disponer la obligación de decir la verdad para las partes”, con lo cual se lograría volver más simple, o en términos más precisos menos engorrosa, la resolución por vía judicial de los conflictos en las áreas civil y comercial.
Desde luego, se trata de un texto extenso y abarcativo que, aun cuando haya estado a cargo de un conjunto de expertos con larga experiencia en tribunales, amplios conocimientos teóricos sobre el tema, o ambas virtudes al mismo tiempo, no deja de ser un anteproyecto que deberá ser examinado puntillosamente por el Congreso antes de su instrumentación y con toda certeza tendrá que ser objeto de intensas negociaciones antes de ser convertido en ley. Un proceso que solamente tendrá sentido si es habilitado desde el Poder Ejecutivo, que con toda probabilidad sea desde diciembre ocupado por alguien diferente de quien ayer presentó la iniciativa, con un discurso en el que reafirma su pretensión de seguir adelante con cambios en materia judicial que él considera fundacionales.
En ese contexto, cobra significación la presencia de Macri en un acto que según lo programado iba a ser encabezado por el ministro Germán Garavano, para la cual el Presidente debió retrasar su partida hacia Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero también aparece como cargada de significado la ausencia de los integrantes de la Corte Suprema: de todos, incluido su titular, supuestamente el más afín al actual oficialismo. Un gesto que busca jerarquizar el lanzamiento, frente a frente con otro que, independientemente de sus intenciones, no puede sino “bajarle el precio”.
En cualquier caso, la opinión que tiene sobre el funcionamiento de la Justicia cualquier ciudadano argentino promedio debería obligar a prestar atención a un proyecto que tiene como objetivo central acortar los juicios, pero además propone, más implícitamente pero de modo inequívoco, reducir las opciones de alargarlos mediante chicanas judiciales. Cabe esperar que su lanzamiento en un momento que dista de ser el más oportuno no le reste chances de tener un tratamiento acorde con la importancia del tema.
Desde luego, se trata de un texto extenso y abarcativo que, aun cuando haya estado a cargo de un conjunto de expertos con larga experiencia en tribunales, amplios conocimientos teóricos sobre el tema, o ambas virtudes al mismo tiempo, no deja de ser un anteproyecto que deberá ser examinado puntillosamente por el Congreso antes de su instrumentación y con toda certeza tendrá que ser objeto de intensas negociaciones antes de ser convertido en ley. Un proceso que solamente tendrá sentido si es habilitado desde el Poder Ejecutivo, que con toda probabilidad sea desde diciembre ocupado por alguien diferente de quien ayer presentó la iniciativa, con un discurso en el que reafirma su pretensión de seguir adelante con cambios en materia judicial que él considera fundacionales.
En ese contexto, cobra significación la presencia de Macri en un acto que según lo programado iba a ser encabezado por el ministro Germán Garavano, para la cual el Presidente debió retrasar su partida hacia Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero también aparece como cargada de significado la ausencia de los integrantes de la Corte Suprema: de todos, incluido su titular, supuestamente el más afín al actual oficialismo. Un gesto que busca jerarquizar el lanzamiento, frente a frente con otro que, independientemente de sus intenciones, no puede sino “bajarle el precio”.
En cualquier caso, la opinión que tiene sobre el funcionamiento de la Justicia cualquier ciudadano argentino promedio debería obligar a prestar atención a un proyecto que tiene como objetivo central acortar los juicios, pero además propone, más implícitamente pero de modo inequívoco, reducir las opciones de alargarlos mediante chicanas judiciales. Cabe esperar que su lanzamiento en un momento que dista de ser el más oportuno no le reste chances de tener un tratamiento acorde con la importancia del tema.