Dado que la palabra del papa Francisco, cuando hace referencia a cuestiones de carácter general, siempre tiende a ser interpretada en clave argentina, su fuerte crítica a lo que considera un abuso de la utilización de las prisiones preventivas y al llamado “lawfare” ha sido leída como una defensa del puñado de exfuncionarios y allegados a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que pasaron por la cárcel en estos años, y en algunos casos permanecen allí, o bien han corrido algún riesgo de sufrir ese destino, en particular la propia expre- sidenta. Se trata de una toma de posición conocida, aunque acaso nunca explicitada con tanta claridad, que aun cuando halle algún asidero en casos puntuales coloca a la máxima autoridad de la Iglesia peligrosamente cerca de un aval a la impunidad que por el momento político de la Argentina es hoy percibida como una posibilidad cierta por buena parte de la sociedad.
En principio, es conveniente separar los dos objetos de cuestionamiento, que aunque se perciban como actuando en tándem no son lo mismo. El encarcelamiento de imputados sin condena, cuyas posibilidades de darse a la fuga o de obstruir la investigación son cuanto menos dudosas, ha aparecido en ocasiones como una especie de castigo anticipado que –aun si la culpabilidad es descontada ante los ojos del público– no corresponde en un Estado de derecho. Incluso el nuevo Código Procesal Penal, sin objeciones de ningún bloque legislativo en este punto, salvaría esta situación a restringir la opción de los jueces de dictar preventivas.
Pero el abordaje del “lawfare”, entendido como la instrumentación de "imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promo- vidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados" adopta como propia una línea argumental que los corruptos emplean sistemáticamente cuando no encuentran otra manera de refutar las pruebas a veces abrumadoras en su contra. El exsecretario de Obras Públicas José López, el de los bolsos con 9 millones de dólares en efectivo llevados al convento, argumentando que la causa en su contra es “política”, es acaso el ejemplo más grotesco de esta estrategia a la que en realidad nadie se priva de apelar.
Francisco sostiene que “la siempre necesaria lucha contra la corrupción” es malversada “con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que sólo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios", un discurso que parece ajustarse más a lo ocurrido en Brasil. Y es ciertamente lamentable el ascenso de un misógino racista como Jair Bolsonaro. Pero incluso desde la aceptación de las dudas sobre el proceso contra Lula, es imposible adjudicar el escandaloso sistema de coimas con eje en la constructora Odebrecht como un invento del periodismo y funcionarios judiciales “colonizados”.
Del mismo modo, en la Argentina, si parte de la acción penal contra la próxima vicepresidenta de la Nación –para ejemplificar con el personaje más notorio– parece forzada, no ocurre lo mismo con cada uno de los once procesamientos, algunos de los cuales incluyen pruebas que en cualquier juicio llevado adelante con un mínimo de objetividad no pueden sino terminar en condena. Denunciar en sus escritos el “lawfare” es la única manera de explicar lo inexplicable o, para mayor precisión, lo que en realidad se explica solo.
Muchas veces el discurso explícito que habla de conspiraciones del poder económico, los medios y la Justicia como promotoras de las causas por corrupción encubre otro discurso implícito, pronunciado en reserva, que aboga por tolerar las irregularidades y los delitos de los gobiernos “progresistas” como un mal que conviene disimular porque los beneficios de sus políticas importan más. Resulta lamentable que el papa Francisco siga dando señales de suscribir este punto de vista.
Pero el abordaje del “lawfare”, entendido como la instrumentación de "imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promo- vidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados" adopta como propia una línea argumental que los corruptos emplean sistemáticamente cuando no encuentran otra manera de refutar las pruebas a veces abrumadoras en su contra. El exsecretario de Obras Públicas José López, el de los bolsos con 9 millones de dólares en efectivo llevados al convento, argumentando que la causa en su contra es “política”, es acaso el ejemplo más grotesco de esta estrategia a la que en realidad nadie se priva de apelar.
Francisco sostiene que “la siempre necesaria lucha contra la corrupción” es malversada “con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que sólo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios", un discurso que parece ajustarse más a lo ocurrido en Brasil. Y es ciertamente lamentable el ascenso de un misógino racista como Jair Bolsonaro. Pero incluso desde la aceptación de las dudas sobre el proceso contra Lula, es imposible adjudicar el escandaloso sistema de coimas con eje en la constructora Odebrecht como un invento del periodismo y funcionarios judiciales “colonizados”.
Del mismo modo, en la Argentina, si parte de la acción penal contra la próxima vicepresidenta de la Nación –para ejemplificar con el personaje más notorio– parece forzada, no ocurre lo mismo con cada uno de los once procesamientos, algunos de los cuales incluyen pruebas que en cualquier juicio llevado adelante con un mínimo de objetividad no pueden sino terminar en condena. Denunciar en sus escritos el “lawfare” es la única manera de explicar lo inexplicable o, para mayor precisión, lo que en realidad se explica solo.
Muchas veces el discurso explícito que habla de conspiraciones del poder económico, los medios y la Justicia como promotoras de las causas por corrupción encubre otro discurso implícito, pronunciado en reserva, que aboga por tolerar las irregularidades y los delitos de los gobiernos “progresistas” como un mal que conviene disimular porque los beneficios de sus políticas importan más. Resulta lamentable que el papa Francisco siga dando señales de suscribir este punto de vista.