Opinión | Editorial

El proyecto de ley que procura “blindar” el Indec

Si bien en principio parecería lógica la intención de afianzar los avances logrados en la recuperación de la credibilidad de las estadísticas oficiales a través de un marco institucional menos vulnerable a las eventuales ocurrencias de los gobernantes de turno, el momento actual lleva a que el proyecto de asegurar la autarquía del Indec dé la impresión de constituir un manotazo propio de la coyuntura.
A pocos días del final de su gestión, el gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto denominado “Ley de Estadística”, cuyo propósito explícito es el de “resguardar institucionalmente al Indec de cualquier interferencia política o sectorial” de modo de seguir garantizando la “transparencia e independencia” con que en los últimos cuatro años ha llevado adelante su tarea el organismo. Si bien en principio parecería lógica la intención de afianzar los avances logrados en la recuperación de la credibilidad de los números oficiales a través de un marco institucional menos vulnerable a las eventuales ocurrencias de los gobernantes de turno, el momento actual lleva a que un cambio de fondo dé la impresión de constituir un manotazo propio de la coyuntura.



Resulta significativo que durante las primeras entrevistas brindadas por el hoy presidente electo luego de ser designado candidato, colmadas naturalmente de críticas a la gestión de Mauricio Macri, cuando se le preguntaba si rescataba algo de ésta mencionaba la recuperación del Indec. Ello no impidió que el tema fuera introducido en la campaña desde el oficialismo, cuando el propio titular del Instituto, Jorge Todesca, reveló su temor de que un regreso al poder del kirchnerismo reprodujera la penosa experiencia extendida entre 2006 y 2015: una aprensión comprensible, teniendo en cuenta que él mismo, por difundir números ajustados a la realidad desde su propia consultora, fue objeto de una feroz persecución por parte del entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno, que le aplicó una multa millonaria luego desestimada por la Justicia.



Acaso para aventar esas suspicacias Alberto Fernández haya designado como próximo titular del Indec a Marco Lavagna, hijo del exministro de Economía, que independientemente de su solvencia técnica no viene del kirchnerismo “puro” sino del Frente Renovador. Y ciertamente no parece que con alguien como él, que ha elogiado la gestión actual, la “transparencia e independencia” del Instituto corran algún peligro. Pero ello no quita validez a la idea de tomar más recaudos para que el eventual regreso de un Moreno –que todavía insiste en que la inflación mensual era de un dígito durante los años en que su gente manipulaba los números, y que Cristina Kirchner concluyó su presidencia con un 4 por ciento de pobres- no haga el daño descomunal que tanto costó reparar.



Sin embargo, si tomar esos reaseguros era importante, debió haberse hecho antes, incluso en simultáneo con el desembarco de Todesca en el Indec y el comienzo del trabajo de restauración. Si el gobierno de Macri estaba en efecto dando todas las garantías de que permitía a los técnicos trabajar con autonomía y sin condicionamientos políticos, aun cuando ello le deparara lidiar mes a mes con información lesiva para la imagen de su administración, por qué no dar un paso más para que esas garantías dejaran de depender de la buena voluntad de un gobernante y estuvieran contenidas en el propio esquema institucional.



Las palabras de Fernández invitan a creer que no se debe esperar para el Indec un atropello como el que arrancó cuando él todavía era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. No obstante, eso no debería depender de él, ni de ningún eventual presidente. Pero transformar el Instituto en un "organismo autárquico, con estabilidad y pautas claras para el nombramiento y la remoción de autoridades", no parece un proceso que pueda llevarse adelante en medio de una transición presidencial.