Luego de que la decisión de introducir en las próximas elecciones nacionales un nuevo sistema de carga de datos para el escrutinio provisorio fuera recibida con desconfianza, tanto por el mecanismo en sí como por ciertos antecedentes de la empresa contratada para proveerlo, las denuncias de que el primer simulacro llevado adelante para ponerlo a prueba experimentó serias fallas han elevado sensiblemente el volumen de las protestas. Más allá de las explicaciones oficiales sobre las supuestas ventajas en términos de velocidad y fidelidad que se obtendrían, sería lamentable llegar a las etapas decisivas del proceso, que en poco más de un mes se inaugura con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), con justificadas sospechas sobre la forma en que se realiza el acto democrático por excelencia.
La diferencia básica del nuevo sistema respecto del anterior es que en lugar de trasladar físicamente los telegramas con los resultados de cada mesa hasta una sucursal del Correo a veces situada a cierta distancia, para transmitirlos desde allí al centro de cómputos, la transmisión se haría directamente desde cada escuela. Según los funcionarios responsables esto volvería todo el proceso “más rápido, menos costoso y más seguro", aunque es esta última la virtud que algunas fuerzas de la oposición, con diferente nivel de virulencia según los casos, ponen en duda, mucho más después de lo ocurrido en el simulacro de hace ocho días.
En rigor, la verdadera envergadura de las fallas se desconoce, así como la posibilidad de subsanarlas de modo que no se repitan en la segunda prueba, prevista para el sábado 20, y por supuesto en las Paso del 11 de agosto. Pero la falta de una rendición de cuentas precisa estimula las sospechas, además de poner en evidencia el hecho de que no se les dio participación a las fuerzas opositoras. Independientemente de si éste era o no un requisito legal, es evidente que una omisión tan grosera no ofrece la mejor señal en una cuestión en la cual la transparencia constituye un requisito más perentorio que en prácticamente cualquier otra.
Claro está, puede argumentarse con razón que cualquier efecto que la novedad introduzca en relación con lo conocido hasta ahora concierne exclusivamente al escrutinio provisorio, y que el definitivo -que será en último término el válido para consagrar a las autoridades que asumirán el próximo 10 de diciembre- se llevará adelante exactamente como hasta ahora, con los debidos controles por parte de todas las fuerzas participantes. No obstante, es de imaginar el escándalo que sobrevendría en caso de que los problemas de la noche de la elección fueran tan graves como para dejar todo en suspenso a la espera de un conteo destinado a culminar varios días más tarde.
Pero además, cuando lo que está en entredicho es el cuidado del pronunciamiento de la ciudadanía, la limpieza del procedimiento debe quedar a cubierto de toda objeción, hasta la más irrelevante, por cuanto es la propia esencia del sistema democrático la que es puesta a prueba en la competencia electoral. Es preciso, por consiguiente, que la introducción del nuevo sistema se dé en un marco que ofrezca las mayores garantías, para lo cual debería comenzarse por una explicación pormenorizada de qué funcionó mal en el primer simulacro, y la invitación a los partidos políticos a participar del segundo, que tendrá lugar en dos semanas.
En rigor, la verdadera envergadura de las fallas se desconoce, así como la posibilidad de subsanarlas de modo que no se repitan en la segunda prueba, prevista para el sábado 20, y por supuesto en las Paso del 11 de agosto. Pero la falta de una rendición de cuentas precisa estimula las sospechas, además de poner en evidencia el hecho de que no se les dio participación a las fuerzas opositoras. Independientemente de si éste era o no un requisito legal, es evidente que una omisión tan grosera no ofrece la mejor señal en una cuestión en la cual la transparencia constituye un requisito más perentorio que en prácticamente cualquier otra.
Claro está, puede argumentarse con razón que cualquier efecto que la novedad introduzca en relación con lo conocido hasta ahora concierne exclusivamente al escrutinio provisorio, y que el definitivo -que será en último término el válido para consagrar a las autoridades que asumirán el próximo 10 de diciembre- se llevará adelante exactamente como hasta ahora, con los debidos controles por parte de todas las fuerzas participantes. No obstante, es de imaginar el escándalo que sobrevendría en caso de que los problemas de la noche de la elección fueran tan graves como para dejar todo en suspenso a la espera de un conteo destinado a culminar varios días más tarde.
Pero además, cuando lo que está en entredicho es el cuidado del pronunciamiento de la ciudadanía, la limpieza del procedimiento debe quedar a cubierto de toda objeción, hasta la más irrelevante, por cuanto es la propia esencia del sistema democrático la que es puesta a prueba en la competencia electoral. Es preciso, por consiguiente, que la introducción del nuevo sistema se dé en un marco que ofrezca las mayores garantías, para lo cual debería comenzarse por una explicación pormenorizada de qué funcionó mal en el primer simulacro, y la invitación a los partidos políticos a participar del segundo, que tendrá lugar en dos semanas.