Tal como se esperaba debido a la debilidad con que se ejercita en Bolivia el principio de división de poderes, el Tribunal Supremo Electoral de ese país habilitó al actual presidente Evo Morales a presentarse como candidato en las primarias del próximo mes, con vistas a intentar acceder a un nuevo mandato en los comicios generales previstos para octubre. De este modo, la predisposición a hacer todo lo posible para eternizarse en el poder, tan habitual en los gobernantes latinoamericanos, se sigue expresando aquí a través de una maniobra de largo alcance que no sólo contradice la normativa legal vigente sino también el pronunciamiento del pueblo en las urnas, en respuesta a la consulta del propio interesado.
Aun cuando la decisión del TSE, coincidente con la adoptada tiempo atrás por otro tribunal, el Constitucional, no podía sorprender a nadie dada la adhesión de sus integrantes al régimen encabezado por el aspirante a la reelección, se han registrado marchas y protestas, y hasta un llamado a la “desobediencia civil”. Sin embargo, después del empeño puesto en juego en esta iniciativa por parte del oficialismo, difícilmente pueda esperarse otra cosa que su materialización.
Es preciso recordar que cuando Evo Morales accedió a la presidencia de su país, en 2006, no existía la reelección inmediata, que fue instaurada, con un máximo de dos mandatos consecutivos, en una reforma constitucional promovida por él mismo. Obtuvo de la Justicia la interpretación de que el primer período era el iniciado con la nueva Constitución, en 2010, y fue electo por tercera vez en 2014, pero rápidamente demostró no conformarse con ello y convocó a un referéndum -cuya legalidad también fue severamente cuestionada- en febrero de 2016. Fue entonces cuando, sorpresivamente, la ciudadanía boliviana rechazó la posibilidad de que volviera a presentarse, lo que debería haber dado el tema por terminado. Sin embargo, con el extravagante argumento de que la prohibición de postularse violaba sus “derechos humanos”, Morales obtuvo en una justicia diseñada por él mismo lo que los votos le habían negado.
Este comportamiento, que debe juzgarse independientemente de la calidad de la gestión de Morales, de sus posicionamientos ideológicos o de los alineamientos internacionales que ha fijado para su país, es indefendible. Básicamente, no sólo ha cambiado las reglas del juego en su propio beneficio -lo que en rigor es algo muy corriente en dirigentes en su situación-, sino que distorsionó las nuevas reglas impuestas por él mismo con el mismo propósito, buscó un atajo para eludirlas cuando dejaron de ser funcionales a sus objetivos y, una vez que el pueblo le bloqueó esa senda, inventó otra como si nunca hubiera recorrido la anterior. Parece demasiado aun para un autócrata acostumbrado a manipular los mecanismos institucionales sin límites ni vergüenza alguna.
Desde luego, queda por delante el acto electoral en sí, en el que el pueblo que no quiso darle a su ambicioso presidente la oportunidad de volver a presentarse podrá ratificar ese rechazo optando por otro candidato. Pero después de todo lo que hizo Morales hasta ahora para permanecer en el poder, pasando por alto no sólo la ley sino también la voluntad popular, resulta legítimo poner en duda su disposición a aceptar un resultado que no esté de acuerdo con su propósito de seguir en el cargo. Algo que significaría pasar del retroceso de la democracia que se vive hoy a una virtual liquidación del sistema desde su cúspide.
Es preciso recordar que cuando Evo Morales accedió a la presidencia de su país, en 2006, no existía la reelección inmediata, que fue instaurada, con un máximo de dos mandatos consecutivos, en una reforma constitucional promovida por él mismo. Obtuvo de la Justicia la interpretación de que el primer período era el iniciado con la nueva Constitución, en 2010, y fue electo por tercera vez en 2014, pero rápidamente demostró no conformarse con ello y convocó a un referéndum -cuya legalidad también fue severamente cuestionada- en febrero de 2016. Fue entonces cuando, sorpresivamente, la ciudadanía boliviana rechazó la posibilidad de que volviera a presentarse, lo que debería haber dado el tema por terminado. Sin embargo, con el extravagante argumento de que la prohibición de postularse violaba sus “derechos humanos”, Morales obtuvo en una justicia diseñada por él mismo lo que los votos le habían negado.
Este comportamiento, que debe juzgarse independientemente de la calidad de la gestión de Morales, de sus posicionamientos ideológicos o de los alineamientos internacionales que ha fijado para su país, es indefendible. Básicamente, no sólo ha cambiado las reglas del juego en su propio beneficio -lo que en rigor es algo muy corriente en dirigentes en su situación-, sino que distorsionó las nuevas reglas impuestas por él mismo con el mismo propósito, buscó un atajo para eludirlas cuando dejaron de ser funcionales a sus objetivos y, una vez que el pueblo le bloqueó esa senda, inventó otra como si nunca hubiera recorrido la anterior. Parece demasiado aun para un autócrata acostumbrado a manipular los mecanismos institucionales sin límites ni vergüenza alguna.
Desde luego, queda por delante el acto electoral en sí, en el que el pueblo que no quiso darle a su ambicioso presidente la oportunidad de volver a presentarse podrá ratificar ese rechazo optando por otro candidato. Pero después de todo lo que hizo Morales hasta ahora para permanecer en el poder, pasando por alto no sólo la ley sino también la voluntad popular, resulta legítimo poner en duda su disposición a aceptar un resultado que no esté de acuerdo con su propósito de seguir en el cargo. Algo que significaría pasar del retroceso de la democracia que se vive hoy a una virtual liquidación del sistema desde su cúspide.