La cortísima vida de una norma desconcertante
La publicación en el Boletín Oficial de una actualización del protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo y la casi inmediata revocación que probablemente la convirtió en una de las normas más fugaces de la historia configuran una gruesa desprolijidad que sin embargo no dejó de confirmar que las discusiones en torno del aborto no han hecho más que empezar.
En medio de la polémica generada por el anuncio del presidente electo Alberto Fernández sobre sus intenciones de enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley sobre el aborto, que reintrodujo en la agenda pública uno de los temas más revulsivos y urticantes sobre los cuales la Argentina ha debatido en los últimos años, ha generado una sorpresa aun mayor la irrupción de una interna gubernamental que resulta insólita tanto por su naturaleza como, especialmente, por el momento en que se produce. La publicación en el Boletín Oficial de una actualización del protocolo respectivo y la casi inmediata revocación que probablemente la convirtió en una de las normas más fugaces de la historia configuran una gruesa desprolijidad que sin embargo no dejó de confirmar que las discusiones en torno de la problemática no han hecho más que empezar.
En rigor, es posible que una norma que especifique con más precisión las condiciones en que se puede interrumpir legalmente un embarazo sea necesaria: desde que la Corte Suprema ordenó el dictado de protocolos sobre la base de su interpretación de la norma del Código Penal que se refiere al tema, el cumplimiento de esa disposición encontró innumerables dificultades en la política, en la Justicia y en los propios establecimientos asistenciales.
No obstante, nadie esperaba un texto como el publicado, mucho menos a veinte días del final de un gobierno. Aun cuando se conocía que la posición del secretario de Salud Adolfo Rubinstein sobre el aborto es minoritaria -aunque significativa- dentro de la fuerza política a la que pertenece, y difiere incluso de la del presidente Mauricio Macri, la explicación de que “se cortó solo” resulta ciertamente difícil de digerir, y abre interrogantes sobre el funcionamiento interno de una administración donde puede pasarse por alto una medida cuyo potencial revulsivo era más que obvio. Tanto que incluso no debería haberse tomado si la opinión del oficialismo fuera homogénea, simplemente porque ninguna norma trascendente y de fondo debería ser sancionada por un gobierno en retirada.
Sin duda, disposiciones que en la práctica amplían la posibilidad de interrumpir embarazos en caso de tratarse de menores de edad, sin necesidad del consentimiento de sus padres o de una denuncia de violación, o que limitan la posibilidad de los médicos de ejercer la objeción de conciencia, iban a generar resistencia hasta en aquellos que aceptan el aborto en las circunstancias contempladas por el Código Penal. E incluso quienes crean que los cambios propuestos por Rubinstein son necesarios deberían aceptar que dan toda la impresión de haber avanzado sobre facultades que corresponden al Congreso de la Nación y no a una Secretaría de Estado.
En cualquier caso, más allá del papelón que desluce la retirada del todavía oficialismo, y del oportunismo con que a veces es tratada desde la política la problemática del aborto, queda la ratificación de que es el ámbito legislativo el apropiado para dirimir una controversia en la cual las posiciones antagónicas excluyen toda posibilidad de una síntesis superadora.
En rigor, es posible que una norma que especifique con más precisión las condiciones en que se puede interrumpir legalmente un embarazo sea necesaria: desde que la Corte Suprema ordenó el dictado de protocolos sobre la base de su interpretación de la norma del Código Penal que se refiere al tema, el cumplimiento de esa disposición encontró innumerables dificultades en la política, en la Justicia y en los propios establecimientos asistenciales.
No obstante, nadie esperaba un texto como el publicado, mucho menos a veinte días del final de un gobierno. Aun cuando se conocía que la posición del secretario de Salud Adolfo Rubinstein sobre el aborto es minoritaria -aunque significativa- dentro de la fuerza política a la que pertenece, y difiere incluso de la del presidente Mauricio Macri, la explicación de que “se cortó solo” resulta ciertamente difícil de digerir, y abre interrogantes sobre el funcionamiento interno de una administración donde puede pasarse por alto una medida cuyo potencial revulsivo era más que obvio. Tanto que incluso no debería haberse tomado si la opinión del oficialismo fuera homogénea, simplemente porque ninguna norma trascendente y de fondo debería ser sancionada por un gobierno en retirada.
Sin duda, disposiciones que en la práctica amplían la posibilidad de interrumpir embarazos en caso de tratarse de menores de edad, sin necesidad del consentimiento de sus padres o de una denuncia de violación, o que limitan la posibilidad de los médicos de ejercer la objeción de conciencia, iban a generar resistencia hasta en aquellos que aceptan el aborto en las circunstancias contempladas por el Código Penal. E incluso quienes crean que los cambios propuestos por Rubinstein son necesarios deberían aceptar que dan toda la impresión de haber avanzado sobre facultades que corresponden al Congreso de la Nación y no a una Secretaría de Estado.
En cualquier caso, más allá del papelón que desluce la retirada del todavía oficialismo, y del oportunismo con que a veces es tratada desde la política la problemática del aborto, queda la ratificación de que es el ámbito legislativo el apropiado para dirimir una controversia en la cual las posiciones antagónicas excluyen toda posibilidad de una síntesis superadora.