La impactante irrupción en el debate sobre el cambio climático del movimiento encabezado por la adolescente sueca Greta Thunberg, con un discurso severamente admonitorio contra los adultos que no han prestado debida atención a sus obligaciones respecto del futuro de las generaciones venideras, le ha deparado a la Argentina una sorpresa ingrata y amarga, con su inclusión en la corta nómina de países denunciados por violación a la Convención de los Derechos del Niño. Más allá de la incuestionable legitimidad de la causa en torno de la cual gira la demanda, da la impresión de que es necesario poner en perspectiva la pertinencia de una acusación que, si no es del todo desatinada, tampoco parece haber encontrado el blanco más adecuado en términos de justicia y sentido común.
La Argentina fue elegida -por Greta y, se entiende, por las organizaciones que la asesoran- junto a Brasil, Alemania, Francia y Turquía, una lista heterogénea dentro de la cual es probablemente el integrante menos obvio. Las razones más importantes -fuera de algún episodio puntual que intenta legitimar el encuadramiento de la denuncia- parecen apuntar al uso intensivo del fracking para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta y la deforestación con vistas a expandir la agricultura y sobre todo la ganadería, actividad sindicada como una de las responsables de la emisión de gases que impulsan el calentamiento global, a la que se tiende cada vez más a convertir en un villano a la altura del que siempre ha representado la industria.
Así, la acusación no carece de argumentación fáctica y científica. Dentro de la Argentina existe resistencia a ambas actividades, aunque en la afligente situación económica actual oponerse a cualquier posible generador de recursos se presenta como falto de realismo y hasta, paradójicamente, de sensibilidad. Pero soslayar lo importante para atender a lo urgente, priorizar el beneficio inmediato sobre la sustentabilidad, es lo que ha llevado al mundo a la crisis ambiental actual, que ya hay quien considera casi terminal.
Sin embargo, más allá de estas razones, considerar a la Argentina como una amenaza de significación para el mundo aparece como tan desproporcionado que orilla lo ridículo. En materia de emisiones de los llamados “gases de invernadero”, con el 0,8 por ciento del total, ni siquiera alcanza a figurar entre los cincuenta países más contaminantes del planeta, a pesar de ser el octavo en extensión territorial y de ocupar el puesto 31 en número de habitantes. Y resulta paradójico que se lo “castigue” por haber firmado la Convención de los Derechos del Niño, cosa que no hicieron ni los Estados Unidos ni China, que en conjunto emiten casi el cuarenta por ciento del dióxido de carbono global, y están entre los más remisos ha asumir cualquier tipo de compromiso en la materia.
Desde luego, la Argentina debe asumir las responsabilidades que le corresponden en materia ambiental, y debe hacerlo, entre otras razones, porque los niños tienen derecho a crecer en un mundo que no se vuelva más y más hostil a la vida como el que sobrevendrá si no se actúa rápidamente hoy contra el calentamiento global. Pero ni la estigmatización ni la sobreexigencia contribuirán a promover el cambio positivo que se necesita, sobre todo si se sigue permitiendo a los verdaderos culpables de la catástrofe seguir con su sistemático lavado de manos.
Así, la acusación no carece de argumentación fáctica y científica. Dentro de la Argentina existe resistencia a ambas actividades, aunque en la afligente situación económica actual oponerse a cualquier posible generador de recursos se presenta como falto de realismo y hasta, paradójicamente, de sensibilidad. Pero soslayar lo importante para atender a lo urgente, priorizar el beneficio inmediato sobre la sustentabilidad, es lo que ha llevado al mundo a la crisis ambiental actual, que ya hay quien considera casi terminal.
Sin embargo, más allá de estas razones, considerar a la Argentina como una amenaza de significación para el mundo aparece como tan desproporcionado que orilla lo ridículo. En materia de emisiones de los llamados “gases de invernadero”, con el 0,8 por ciento del total, ni siquiera alcanza a figurar entre los cincuenta países más contaminantes del planeta, a pesar de ser el octavo en extensión territorial y de ocupar el puesto 31 en número de habitantes. Y resulta paradójico que se lo “castigue” por haber firmado la Convención de los Derechos del Niño, cosa que no hicieron ni los Estados Unidos ni China, que en conjunto emiten casi el cuarenta por ciento del dióxido de carbono global, y están entre los más remisos ha asumir cualquier tipo de compromiso en la materia.
Desde luego, la Argentina debe asumir las responsabilidades que le corresponden en materia ambiental, y debe hacerlo, entre otras razones, porque los niños tienen derecho a crecer en un mundo que no se vuelva más y más hostil a la vida como el que sobrevendrá si no se actúa rápidamente hoy contra el calentamiento global. Pero ni la estigmatización ni la sobreexigencia contribuirán a promover el cambio positivo que se necesita, sobre todo si se sigue permitiendo a los verdaderos culpables de la catástrofe seguir con su sistemático lavado de manos.