Aun cuando se haya basado sobre todo en la unificación detrás de una sola fórmula de la mayor parte de las distintas vertientes del peronismo, es indudable que la heterogeneidad constituye una característica central de la alianza política que resultó vencedora en las elecciones de octubre pasado. Más allá de lo previsible que dada esa circunstancia resulta la eclosión de diferencias internas, no puede dejar de generar alguna inquietud la magnitud y el nivel de “ruido” de las que han quedado expuestas ante la opinión pública en un tiempo tan corto como el que lleva Alberto Fernández en la Casa Rosada.
Este fin de semana se asistió a otro capítulo de una polémica que menos de dos meses después de su eclosión ya aparece como desgastante, en torno de si deben definirse o no como “presos políticos” los detenidos (en la cárcel o sus domicilios) por hechos de corrupción ocurridos durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. Una calificación resistida por el Presidente de la Nación, que sin embargo se venía mostrando tolerante frente a quienes la utilizan, a pesar de que no son sólo los propios involucrados sino hasta ministros de su propio gabinete. Recién acaba, por fin, de manifestarse “molesto” por un tema que no es meramente semántico, por cuanto lo hace implícitamente responsable a él y no a la Justicia de la situación de quienes aseguran ser víctimas de una persecución que debería haber terminado el 10 de diciembre junto con el gobierno de aquellos a quienes acusaban de impulsarla.
Tampoco es banal la discrepancia emanada de las declaraciones formuladas desde Cuba por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien reclamó una quita en la deuda con el Fondo Monetario Internacional, a sabiendas de que las renegociaciones con el FMI no incluyen quitas porque sus “planes de asistencia” proveen dinero a tasas mucho más bajas que las del mercado. Al respecto Fernández prefirió decir que no había escuchado a su compañera de fórmula, probablemente para no contradecirla, pero advirtió que se está frente a un proceso que debe llevarse adelante con “mucho cuidado” y “prudencia mediática”.
En otro orden, se profundizó también el cortocircuito entre la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, de quien Fernández ha afirmado una y otra vez que expresa sus criterios en la materia, y el titular bonaerense del rubro, Sergio Berni, colocado allí con el aval de Cristina Kirchner como el resto del equipo que rodea a Axel Kicillof. Aquí se da el curioso caso en que el Presidente es corrido “por derecha”, al sostener a una funcionaria con el título de antropóloga e imagen de “garantista” frente a los embates de quien dentro de los parámetros de su espacio se exhibe como exponente de la “mano dura” y se comporta con modos contundentes y efectistas que evocan a los de quien fue la figura emblemática del área durante la gestión anterior, Patricia Bullrich.
Es preciso advertir que en ningún caso se trata de discrepancias menores susceptibles de ser salvadas mediante una hipotética fórmula intermedia, mucho menos si son expuestas públicamente de una manera tan tajante. No se trata de exigir que cada integrante del Gobierno opine exactamente lo mismo acerca de todo, pero es inevitable preguntarse por el efecto de estos cortocircuitos en la autoridad y la credibilidad de una gestión que, de cara a la crítica situación actual, sabe que inspirar confianza constituye uno de los activos más importantes que necesita agenciarse.
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