Luego del lanzamiento de la tarjeta Alimentar, cuyo uso se sigue extendiendo por todo el país en línea con la definición del hambre como la primera prioridad que urge atender, el gobierno nacional ha anunciado como un segundo eje de su política social la instrumentación de cambios en algunos de los planes de asistencia vigentes, de manera que incorporen la obligatoriedad de una contraprestación laboral. Si bien sería prematuro evaluar la eficacia de la iniciativa antes de conocer más detalles y analizar su instrumentación concreta, no puede dejar de generar en principio expectativas favorables, en tanto reconoce la necesidad de trascender las medidas apenas paliativas para ir en búsqueda de soluciones de fondo a uno de los principales desafíos que enfrenta la Argentina.
Sería prematuro evaluar la eficacia de la iniciativa de instrumentar cambios en algunos de los planes sociales, de manera que incorporen la obligatoriedad de una contraprestación laboral, antes de conocer más detalles y analizar su instrumentación concreta. Pero en principio no puede dejar de generar expectativas favorables, en tanto reconoce la necesidad de trascender las medidas apenas paliativas para ir en búsqueda de soluciones de fondo a uno de los principales desafíos que enfrenta la Argentina.
Según ha explicado el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el nuevo plan estará destinado a los actuales beneficiarios de los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, que calculó en unas 600 mil personas, y sería lanzado en principio en marzo, aunque en la provincia de Buenos Aires ya se ha puesto en marcha una iniciativa de la misma naturaleza, para la refacción de escuelas bonaerenses a cargo de integrantes de cooperativas. La idea es que quienes están inscriptos en esos planes pasen a cobrar un salario mínimo vital y móvil –el doble de lo que perciben actualmente- a cambio de realizar tareas en construcción, elaboración de alimentos, indumentaria, reciclado y cuidado de niños o ancianos, para todo lo cual recibirán previamente una capacitación.
Como se sabe, el número de personas que reciben un ingreso gracias a un plan social se multiplicó en la Argentina después de la crisis de 2001-2002, y permaneció en niveles altísimos incluso durante los años de fuerte crecimiento económico que siguieron a aquella debacle. Con el paso del tiempo, parece haberse llegado a una especie de naturalización de un estado de cosas que no puede considerarse lógico ni virtuoso, en tanto lesiona la dignidad de los beneficiarios al tiempo que supone una pesada carga para los cada vez más exhaustos recursos del Estado.
Si bien nadie duda de que atender las necesidades básicas de quienes han quedado en situación de desamparo es una obligación ineludible del conjunto de la sociedad, parece haberse olvidado en el camino que también lo es la de brindarles a esas personas la posibilidad de sostenerse por sí mismas. Un propósito que si bien forma parte periódicamente del discurso oficial de los funcionarios relacionados con el área y de sus superiores políticos da la impresión de naufragar siempre, ahogado por la inercia burocrática o el cáncer del clientelismo.
Cabe esperar que esa frustrante experiencia no se repita en esta oportunidad, y que el esfuerzo contribuya a recuperar la cultura del trabajo para los millones de argentinos que la han perdido por motivos que de ningún modo se les pueden adjudicar a ellos mismos. Un paso acaso insuficiente, pero que es preciso comenzar a dar, para aspirar a que en un futuro que no necesariamente debería encontrarse tan lejano en el tiempo, un país diferente brinde a su población menos dádivas y más oportunidades de prosperar por sí misma.
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