La “molesta” revalorización de la transparencia
La decisión de crear una “unidad de transparencia y calidad institucional” para controlar las licitaciones y la ejecución de la obra pública no puede menos que considerarse auspiciosa. Aun cuando la efectividad de un mecanismo semejante habrá de ser puesta a prueba con el paso del tiempo, el malestar que genera la iniciativa en una parte del oficialismo poco predispuesta a la autocrítica constituye un motivo más para aguardar con un moderado optimismo su instrumentación.
Luego de que los mecanismos para la adjudicación de obra pública se convirtieran en la más extendida fuente de sospechas de corrupción de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, la decisión de un gobierno del mismo signo de crear una “unidad de transparencia y calidad institucional” para controlar las licitaciones y la ejecución no puede menos que considerarse auspiciosa. Aun cuando la efectividad de un mecanismo semejante habrá de ser puesta a prueba con el paso del tiempo, el malestar que genera la iniciativa en una parte del oficialismo poco predispuesta a la autocrítica constituye un motivo más para aguardar con un moderado optimismo su instrumentación.
Pocos días atrás, en una entrevista en la que se quejaba de que el presidente Alberto Fernández no hiciera a su entender lo suficiente para beneficiar a los “presos políticos” como él, el exministro Julio De Vido fustigó al actual responsable del área que condujo durante doce años, precisamente por sus menciones a la “transparencia”. En esa ocasión atacó a Gabriel Katopodis por sentirse aludido y le advirtió que el solo uso de la palabra implicaba una agresión a la actual vicepresidenta de la Nación, que era su jefa directa cuando manejaba todo lo atinente a la obra pública junto a un puñado de colaboradores que como él están en graves problemas legales, algunos de ellos desde antes de 2015.
Más allá de ajustarse a un discurso autoexculpatorio inverosímil e incompatible con las abrumadoras pruebas existentes en su contra, las quejas de De Vido no son desatinadas. Aunque Katopodis evite en general referirse explícitamente a su gestión, y cuando habla del pasado se concentra en criticar la del gobierno de Mauricio Macri, es obvio que poner el acento en la transparencia marca un nítido contraste con la opacidad que caracterizó el manejo de la obra pública entre 2003 y 2015, matizada con escándalos que van desde el estallido del emblemático caso Skanska hasta la estafa de Sueños Compartidos que ensució a las Madres de Plaza de Mayo, entre muchos otros, y que hoy se ve expuesta en su sistematicidad en la causa conocida como “cuadernos de las coimas”.
También queda claro que Katopodis pone el dedo en la llaga cuando promete que va a combatir y evitar “la cartelización de la obra pública”, porque deja en evidencia que De Vido no lo hizo, a pesar de que su existencia mientras él se desempeñaba como ministro es incuestionable: la propia Cristina Kirchner lo admitió expresamente cuando, durante una recordada intervención en el Senado, apenas negó que se hubiera organizado durante su gobierno.
Es saludable que el gobierno de Fernández tome distancia respecto de aspectos de las gestiones kirchneristas precedentes que sería generoso caracterizar como meramente cuestionables, por cuanto su carácter delictivo ya está mucho más allá de toda duda razonable a pesar de que la acción penal en su contra sólo haya sido completada en un puñado de casos. Lo es aun cuando haya que aceptar que una condena explícita a los aspectos más vergonzantes de un modelo que en términos generales es reivindicado resulta inviable por razones políticas, por cuanto varios de sus protagonistas centrales lo son también de la versión actual. Si la “transparencia” no puede aplicarse con retroactividad, cabe esperar que al menos se la valore de aquí en adelante tanto como se promete.
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Pocos días atrás, en una entrevista en la que se quejaba de que el presidente Alberto Fernández no hiciera a su entender lo suficiente para beneficiar a los “presos políticos” como él, el exministro Julio De Vido fustigó al actual responsable del área que condujo durante doce años, precisamente por sus menciones a la “transparencia”. En esa ocasión atacó a Gabriel Katopodis por sentirse aludido y le advirtió que el solo uso de la palabra implicaba una agresión a la actual vicepresidenta de la Nación, que era su jefa directa cuando manejaba todo lo atinente a la obra pública junto a un puñado de colaboradores que como él están en graves problemas legales, algunos de ellos desde antes de 2015.
Más allá de ajustarse a un discurso autoexculpatorio inverosímil e incompatible con las abrumadoras pruebas existentes en su contra, las quejas de De Vido no son desatinadas. Aunque Katopodis evite en general referirse explícitamente a su gestión, y cuando habla del pasado se concentra en criticar la del gobierno de Mauricio Macri, es obvio que poner el acento en la transparencia marca un nítido contraste con la opacidad que caracterizó el manejo de la obra pública entre 2003 y 2015, matizada con escándalos que van desde el estallido del emblemático caso Skanska hasta la estafa de Sueños Compartidos que ensució a las Madres de Plaza de Mayo, entre muchos otros, y que hoy se ve expuesta en su sistematicidad en la causa conocida como “cuadernos de las coimas”.
También queda claro que Katopodis pone el dedo en la llaga cuando promete que va a combatir y evitar “la cartelización de la obra pública”, porque deja en evidencia que De Vido no lo hizo, a pesar de que su existencia mientras él se desempeñaba como ministro es incuestionable: la propia Cristina Kirchner lo admitió expresamente cuando, durante una recordada intervención en el Senado, apenas negó que se hubiera organizado durante su gobierno.
Es saludable que el gobierno de Fernández tome distancia respecto de aspectos de las gestiones kirchneristas precedentes que sería generoso caracterizar como meramente cuestionables, por cuanto su carácter delictivo ya está mucho más allá de toda duda razonable a pesar de que la acción penal en su contra sólo haya sido completada en un puñado de casos. Lo es aun cuando haya que aceptar que una condena explícita a los aspectos más vergonzantes de un modelo que en términos generales es reivindicado resulta inviable por razones políticas, por cuanto varios de sus protagonistas centrales lo son también de la versión actual. Si la “transparencia” no puede aplicarse con retroactividad, cabe esperar que al menos se la valore de aquí en adelante tanto como se promete.
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