Horas después de conocida la estimación de un investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), según la cual la pobreza podría haber alcanzado al 35 por ciento de la población, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, insistió en que la medición de la variable debería rea- lizarse "multidimensionalmente" en lugar de basarse con exclusividad en la evolución de los ingresos. Más allá de la validez que pueda adjudicarse a la distinción desde el punto de vista técnico, es evidente que la adopción de un enfoque en teoría más conveniente para el Gobierno no puede dejar de despertar suspicacias en un país que tiene una muy infortunada historia reciente en materia de manipulaciones estadísticas.
Aunque no se trata de uno de los documentos que el Observatorio de la UCA da a conocer dos veces por año como producto de un seguimiento sistemático que hasta la “refundación” del Indec, instaurada desde diciembre de 2015, era la fuente más sólida en términos de pobreza, el cálculo del especialista parece lógico tomando en consideración la combinación de inflación con recesión de los últimos meses. En rigor, también el organismo oficial ha reconocido el aumento del número de pobres (32 por ciento en marzo), un dato que el discurso oficial ha tratado de relativizar haciendo hincapié en su trabajo en sitios postergados que han sido beneficiados con obras de pavimento, aguas y cloacas u otros servicios.
La “multidimensionalidad” a la que se refiere Stanley apunta precisamente a eso: aunque el hecho de tener menos dinero en el bolsillo haya llevado a que muchas personas que llegaban con lo justo a adquirir los productos de la canasta básica ahora ya no lo logren, las obras de infraestructura realizadas en los barrios o poblaciones donde residen han mejorado sus vidas por otra vía no menos importante que la de los ingresos. El siguiente paso de ese razonamiento es que estos factores deberían ser tenidos en cuenta a la hora de considerar si un individuo o una familia están en la pobreza o en la indigencia.
La idea puede tener sentido en sí misma, pero esgrimirla en plena campaña electoral, cuando la evolución de la pobreza constituye sin duda un dato negativo al que el Gobierno está especialmente interesado en minimizar, es un arranque de oportunismo que puede ser interpretado como un intento de esconder o distorsionar aspectos “desagradables” de la realidad. Una lectura que en cierta forma el propio oficialismo estimula al recordar el estropicio que sus antecesores, y actuales rivales en la competencia electoral, hicieron con el Indec en general y con la variable pobreza en particular: desde la declaración de que estaba “debajo del 5 por ciento” realizada por la entonces presidenta Cristina Kirchner en una conferencia de la FAO en 2015, hasta la de que medirla era “estigmatizar” a los pobres del exministro Axel Kicillof.
Por supuesto, el gobierno actual pretende colocarse en las antípodas de semejantes exhibiciones de cinismo, pero rebatir estimaciones que en otra época se consideraban confiables o manifestar la conveniencia de cambiar de “anteojos” justamente cuando están mostrando cómo empeoran las cosas lo coloca en un plano similar, salvando las distancias, a aquel del que debería huir como de la peste. El compromiso de bajar la pobreza nunca puede resultar creíble si presenta como eje una modificación en el sistema mediante el cual se la mide.
La “multidimensionalidad” a la que se refiere Stanley apunta precisamente a eso: aunque el hecho de tener menos dinero en el bolsillo haya llevado a que muchas personas que llegaban con lo justo a adquirir los productos de la canasta básica ahora ya no lo logren, las obras de infraestructura realizadas en los barrios o poblaciones donde residen han mejorado sus vidas por otra vía no menos importante que la de los ingresos. El siguiente paso de ese razonamiento es que estos factores deberían ser tenidos en cuenta a la hora de considerar si un individuo o una familia están en la pobreza o en la indigencia.
La idea puede tener sentido en sí misma, pero esgrimirla en plena campaña electoral, cuando la evolución de la pobreza constituye sin duda un dato negativo al que el Gobierno está especialmente interesado en minimizar, es un arranque de oportunismo que puede ser interpretado como un intento de esconder o distorsionar aspectos “desagradables” de la realidad. Una lectura que en cierta forma el propio oficialismo estimula al recordar el estropicio que sus antecesores, y actuales rivales en la competencia electoral, hicieron con el Indec en general y con la variable pobreza en particular: desde la declaración de que estaba “debajo del 5 por ciento” realizada por la entonces presidenta Cristina Kirchner en una conferencia de la FAO en 2015, hasta la de que medirla era “estigmatizar” a los pobres del exministro Axel Kicillof.
Por supuesto, el gobierno actual pretende colocarse en las antípodas de semejantes exhibiciones de cinismo, pero rebatir estimaciones que en otra época se consideraban confiables o manifestar la conveniencia de cambiar de “anteojos” justamente cuando están mostrando cómo empeoran las cosas lo coloca en un plano similar, salvando las distancias, a aquel del que debería huir como de la peste. El compromiso de bajar la pobreza nunca puede resultar creíble si presenta como eje una modificación en el sistema mediante el cual se la mide.