Al final de una semana pródiga en episodios confusos, cuya interconexión aparece como tenue o directamente inexistente, pero hermanados por su aptitud para generar zozobra a pesar de su imagen de precariedad, el insólito intento de cuatro jóvenes de ingresar en la quinta familiar donde se encontraban el presidente Mauricio Macri y su familia ha venido a sumar su aporte a un escenario entre inquietante y farsesco. Ni la rápida comprobación de que en ningún momento existió un peligro real para nadie, ni el discurso oficial que pretende minimizar la importancia de lo ocurrido, alcanzan a ocultar el hecho de que una vez más ha sido cuestionada la eficacia de los mecanismos de seguridad que, por la envergadura de quienes están comprometidos a proteger, supuestamente deberían estar entre los más estrictos del país.
En rigor, es fácil comprender, y hasta cierto punto compartir, la definición del episodio como una broma estúpida de un grupo de adolescentes tardíos malcriados, cuyo sentido de la responsabilidad y de la proporción, si es que lo tienen, ha sido probablemente aflojado por el exceso de alcohol y el entusiasmo acumulado a lo largo de una noche de diversión. Aunque desde luego debe haber una investigación judicial sobre su conducta, por ahora no hay ningún motivo para sospechar que se trate de terroristas, ni siquiera de terroristas tan torpes e ineptos como los que atentaron en estos días contra el domicilio de un juez federal y una tumba en el cementerio de la Recoleta.
Sin embargo, es precisamente la falta de envergadura y de seriedad de la “amenaza” que representaban lo que constituye un llamado de atención sobre el profesionalismo y la rigurosidad con que se garantiza la seguridad del Presidente de la Nación, que en cualquier país del mundo es un asunto de Estado de la máxima importancia. Y que se vuelve particularmente delicado cuando la situación política incorpora elementos que elevan el riesgo, como el clima de intemperancia y división exacerbado por los últimos tropiezos en materia económica, o loa proximidad de la cumbre del G20 en Buenos Aires.
Es preciso advertir que lo ocurrido en la madrugada del domingo no es del todo excepcional. La seguridad presidencial ya había quedado en entredicho en otras oportunidades, por ejemplo en la violación de vallas en la Casa de Gobierno por parte de una camioneta que también, como los jóvenes del Club Universitario de Bue- nos Aires, llegó demasiado lejos, o en los episodios en que llovieron huevos e incluso piedras sobre vehículos en los que se desplazaban comitivas oficiales encabezadas por Macri. Sucesos en los que quedó demostrado que no son necesarios altos niveles de organización o planificación para atentar contra la integridad física del primer mandatario, y que no deben minimizarse aun cuando en la cabeza de sus autores haya estado más la intención de generar un hecho político que la de provocar un daño real.
De hecho, en este punto la pregunta se impone por su propio peso: si basta tan poco para acercarse con malas intenciones a una figura pública más importante que cualquier otra, ¿qué podría esperarse ante un hipotético ataque elucubrado de un modo menos chapucero? Más allá de las afirmaciones de los voceros oficiales en el sentido de que no hace falta reforzar la custodia presidencial, parece evidente que en esta área son necesarios serios ajustes, al menos para que “travesuras” como la del domingo dejen de desarrollarse lo suficiente como para transformarse en noticia.
Sin embargo, es precisamente la falta de envergadura y de seriedad de la “amenaza” que representaban lo que constituye un llamado de atención sobre el profesionalismo y la rigurosidad con que se garantiza la seguridad del Presidente de la Nación, que en cualquier país del mundo es un asunto de Estado de la máxima importancia. Y que se vuelve particularmente delicado cuando la situación política incorpora elementos que elevan el riesgo, como el clima de intemperancia y división exacerbado por los últimos tropiezos en materia económica, o loa proximidad de la cumbre del G20 en Buenos Aires.
Es preciso advertir que lo ocurrido en la madrugada del domingo no es del todo excepcional. La seguridad presidencial ya había quedado en entredicho en otras oportunidades, por ejemplo en la violación de vallas en la Casa de Gobierno por parte de una camioneta que también, como los jóvenes del Club Universitario de Bue- nos Aires, llegó demasiado lejos, o en los episodios en que llovieron huevos e incluso piedras sobre vehículos en los que se desplazaban comitivas oficiales encabezadas por Macri. Sucesos en los que quedó demostrado que no son necesarios altos niveles de organización o planificación para atentar contra la integridad física del primer mandatario, y que no deben minimizarse aun cuando en la cabeza de sus autores haya estado más la intención de generar un hecho político que la de provocar un daño real.
De hecho, en este punto la pregunta se impone por su propio peso: si basta tan poco para acercarse con malas intenciones a una figura pública más importante que cualquier otra, ¿qué podría esperarse ante un hipotético ataque elucubrado de un modo menos chapucero? Más allá de las afirmaciones de los voceros oficiales en el sentido de que no hace falta reforzar la custodia presidencial, parece evidente que en esta área son necesarios serios ajustes, al menos para que “travesuras” como la del domingo dejen de desarrollarse lo suficiente como para transformarse en noticia.