La situación de los testigos bajo el programa de protección
Si bien el traslado a la Justicia del programa de protección de testigos, actualmente a cargo del Poder Ejecutivo, parece una medida lógica, el momento y la forma en que se adopta llevan a sumarla a los interrogantes sobre el futuro de las causas que involucran a exfuncionarios y allegados al proyecto político desplazado en 2015 y cuyo regreso está a punto de formalizarse.
A menos de un mes de la fecha en que deberá dejar la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri ha dispuesto colocar bajo la responsabilidad de la Justicia el programa de protección de testigos, un sistema que cubre a más de trescientas personas –entre participantes directos y sus familiares– que se presumen en situación de riesgo por estar prestando o haber prestado colaboración en diferentes investigaciones. Si bien se trata de una medida lógica que había sido solicitada por organizaciones no gubernamentales y hasta había motivado un proyecto de ley presentado por una diputada de la oposición, el momento y la forma en que se adopta llevan a sumarla a los interrogantes sobre el futuro de las causas que involucran a exfuncionarios y allegados al proyecto político desplazado en 2015 y cuyo regreso está a punto de formalizarse.
En rigor, el programa de protección de testigos, que hasta ahora ha estado a cargo del Ministerio de Seguridad, presta diferentes servicios como custodia, alojamiento en caso de que sea necesario y ayuda económica a los imputados colaboradores u otras personas cuyos testimonios ayudan a resolver causas por lo general complejas y “pesadas”, en particular vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, es obvio que la motivación del traspaso reside específicamente en esa minoría, que no llega a la docena, que han declarado en las investigaciones por corrupción, entre quienes figuran personajes muy notorios como el exsecretario de Obras Públicas José López, el financista Leonardo Fariña o el extestaferro de Amado Boudou, Alejandro Vanderbroele.
De hecho, algunos de ellos ya habían manifestado su preocupación ante el inminente cambio de gobierno, dado que el programa destinado a garantizar su seguridad quedaría a cargo de funcionarios designados desde la cúpula de un proyecto político estrechamente asociado –si no es el mismo– a aquel al que pertenecían las personas contra las cuales declararon. Y cuya principal figura, el presidente electo Alberto Fernández, ya ha manifestado severas críticas contra las investigaciones en cuestión, algunas de las cuales tienen como principal acusada a su compañera de fórmula, a quien para más debe su candidatura.
En cualquier caso, no puede dejar de señalarse que esta incongruencia parece haberse advertido tardíamente y cuando podría ser demasiado tarde. En la Cámara de Casación Penal, que debería hacerse cargo del sistema, existe resistencia a asumir una función para la que se requeriría acaso una preparación mayor, una estructura específica y la correspondiente asignación presupuestaria. Y el instrumento a través del cual se corporiza el traslado, el decreto de necesidad y urgencia, siempre es más vulnerable desde el punto de vista jurídico que una ley, y de hecho podría ser revertido por el próximo presidente -que ha negado haber prestado su aval a la iniciativa del gobierno saliente- mediante una medida similar.
Si ya la posibilidad de que queden impunes muchos de los graves delitos cometidos desde las más altas esferas del poder durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner se había elevado exponencialmente desde el 27 de octubre –e incluso desde antes, cuando el resultado electoral se anticipaba como inevitable–, la falta de previsión que significa haber dejado expuestos a presiones o represalias a los testigos la potencia aún más. Habrá que ver si este tardío DNU puede cubrir el vacío dejado por quienes parecen no haber tenido en cuenta que el paso por el gobierno es siempre transitorio.
En rigor, el programa de protección de testigos, que hasta ahora ha estado a cargo del Ministerio de Seguridad, presta diferentes servicios como custodia, alojamiento en caso de que sea necesario y ayuda económica a los imputados colaboradores u otras personas cuyos testimonios ayudan a resolver causas por lo general complejas y “pesadas”, en particular vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, es obvio que la motivación del traspaso reside específicamente en esa minoría, que no llega a la docena, que han declarado en las investigaciones por corrupción, entre quienes figuran personajes muy notorios como el exsecretario de Obras Públicas José López, el financista Leonardo Fariña o el extestaferro de Amado Boudou, Alejandro Vanderbroele.
De hecho, algunos de ellos ya habían manifestado su preocupación ante el inminente cambio de gobierno, dado que el programa destinado a garantizar su seguridad quedaría a cargo de funcionarios designados desde la cúpula de un proyecto político estrechamente asociado –si no es el mismo– a aquel al que pertenecían las personas contra las cuales declararon. Y cuya principal figura, el presidente electo Alberto Fernández, ya ha manifestado severas críticas contra las investigaciones en cuestión, algunas de las cuales tienen como principal acusada a su compañera de fórmula, a quien para más debe su candidatura.
En cualquier caso, no puede dejar de señalarse que esta incongruencia parece haberse advertido tardíamente y cuando podría ser demasiado tarde. En la Cámara de Casación Penal, que debería hacerse cargo del sistema, existe resistencia a asumir una función para la que se requeriría acaso una preparación mayor, una estructura específica y la correspondiente asignación presupuestaria. Y el instrumento a través del cual se corporiza el traslado, el decreto de necesidad y urgencia, siempre es más vulnerable desde el punto de vista jurídico que una ley, y de hecho podría ser revertido por el próximo presidente -que ha negado haber prestado su aval a la iniciativa del gobierno saliente- mediante una medida similar.
Si ya la posibilidad de que queden impunes muchos de los graves delitos cometidos desde las más altas esferas del poder durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner se había elevado exponencialmente desde el 27 de octubre –e incluso desde antes, cuando el resultado electoral se anticipaba como inevitable–, la falta de previsión que significa haber dejado expuestos a presiones o represalias a los testigos la potencia aún más. Habrá que ver si este tardío DNU puede cubrir el vacío dejado por quienes parecen no haber tenido en cuenta que el paso por el gobierno es siempre transitorio.