La expansión de la toma de conciencia acerca de la violencia de género en sus diferentes variantes, que incluyen el acoso y el abuso sexual, va permitiendo poco a poco dimensionar hasta qué punto la problemática envenena las relaciones sociales y laborales, y bloquea la integración plena de la mujer en las más diversas esferas de la vida comunitaria. En ese marco, uno de los ámbitos donde su abordaje resulta especialmente pertinente es el de las fuerzas de seguridad, en el que aparece como un flagelo mucho más extendido de lo que podría pensarse a partir de la difusión de un puñado de casos muy notorios pero de ningún modo excepcionales.
Esta semana, un relevamiento periodístico puso de manifiesto que en los últimos tres años, desde que el Ministerio de Seguridad instauró un sistema especial para tratar la problemática, mujeres integrantes de las fuerzas de seguridad federales denunciaron 592 casos de violencia de género, acoso o abusos sexuales cometidos por compañeros o, sobre todo, superiores jerárquicos. En las fuerzas de las diferentes provincias, en tanto, no existe un relevamiento de precisión equivalente, aunque por puro sentido común cabe deducir que la situación no debe de ser demasiado diferente y, en muchas de las jurisdicciones, con toda probabilidad es proporcionalmente peor.
De hecho, tanto es así que por iniciativa de algunas de las afectadas se creó una Red de Mujeres Policías que denuncian no sólo la habitualidad de los hechos de acoso y abuso, sino el encubrimiento institucional con que suelen tratarse las denuncias: esto es, con un cinismo que con frecuencia pasa por la apertura de carpetas psiquiátricas a las denunciantes. Esto derivó en la elaboración de un anteproyecto de ley que busca incorporar la perspectiva de género en la legislación policial, que según las autoras es básicamente la misma que cuando las fuerzas estaban compuestas exclusivamente por hombres.
El hecho de que las propias afectadas hayan elaborado esta norma parece poner de manifiesto algún descuido por parte de un Congreso que en general ha estado muy activo en legislar sobre políticas de género, pero al parecer ha dejado escapar la necesidad de abordar un ámbito acaso más sensible que el resto. Porque si la violencia de género es abominable siempre, en ningún lado erradicarla es más urgente que en las instituciones desde donde se la debe combatir.
Cabe preguntarse cómo una víctima de violencia de género puede ir a buscar protección o justicia a la policía, si del otro lado existe la posibilidad de que se encuentre con un hombre capaz de ejercer sobre sus propias compañeras el mismo tipo de violencia. Sin entrar a analizar en detalle el proyecto en cuestión, cabe esperar que desde la política se dé respuesta a una inquietud que atiende no sólo a los intereses de las mujeres policías, sino a los de todas las fuerzas de seguridad y a los del conjunto del cuerpo social.
De hecho, tanto es así que por iniciativa de algunas de las afectadas se creó una Red de Mujeres Policías que denuncian no sólo la habitualidad de los hechos de acoso y abuso, sino el encubrimiento institucional con que suelen tratarse las denuncias: esto es, con un cinismo que con frecuencia pasa por la apertura de carpetas psiquiátricas a las denunciantes. Esto derivó en la elaboración de un anteproyecto de ley que busca incorporar la perspectiva de género en la legislación policial, que según las autoras es básicamente la misma que cuando las fuerzas estaban compuestas exclusivamente por hombres.
El hecho de que las propias afectadas hayan elaborado esta norma parece poner de manifiesto algún descuido por parte de un Congreso que en general ha estado muy activo en legislar sobre políticas de género, pero al parecer ha dejado escapar la necesidad de abordar un ámbito acaso más sensible que el resto. Porque si la violencia de género es abominable siempre, en ningún lado erradicarla es más urgente que en las instituciones desde donde se la debe combatir.
Cabe preguntarse cómo una víctima de violencia de género puede ir a buscar protección o justicia a la policía, si del otro lado existe la posibilidad de que se encuentre con un hombre capaz de ejercer sobre sus propias compañeras el mismo tipo de violencia. Sin entrar a analizar en detalle el proyecto en cuestión, cabe esperar que desde la política se dé respuesta a una inquietud que atiende no sólo a los intereses de las mujeres policías, sino a los de todas las fuerzas de seguridad y a los del conjunto del cuerpo social.